Fiscales a modo de Salinas; en Caso Colosio, mecanógrafos
Carlos Ramírez
La investigación del caso Colosio fue conducida por cuatro fiscales que respondieron a las expectativas e intereses del presidente Carlos Salinas de Gortari y del presidente Ernesto Zedillo, dos de las personalidades inmersas en la tesis del crimen de Estado. Los cuatro fiscales operaron como meros mecanógrafos de Ministerio Público rural: solo recogieron declaraciones y no –nunca— desarrollaron funciones de investigadores fiscales.
Los cuatro fiscales dejaron inconclusa una verdadera investigación y no indagaron las contradicciones entre los altos políticos que fueron citados a declarar: el presidente Salinas, el presidente Zedillo, el expresidente Echeverría, el superasesor salinista Joseph Marie Córdoba Montoya y el comisionado Manuel Camacho Solís declararon los que lo que les vino en gana y los fiscales nunca inquirieron en las contradicciones.
El delicado y fundamental tema de las relaciones tensas Salinas-Colosio-Camacho aparecen en las declaraciones ministeriales tal como se declararon, pero un verdadero fiscal debió haber revisado contradicciones e insuficiencias y vuelto a dos o más interrogatorios, sobre todo porque la tesis del crimen político o crimen de Estado se sustentaba en las relaciones cotidianas –sobre todo en las quejas, enojos y resentimientos– por el trato de Salinas a Camacho y la marginación de Colosio de las razones del presidente Salinas para aceptar los juegos mediáticos del comisionado en Chiapas.
Datos importantes que están en el fondo de la tesis del crimen político fueron eludidos por los cuatro fiscales; por ejemplo, el presidente Salinas de Gortari declaró que el expresidente Echeverría se había apersonado en la casa presidencial de Los Pinos para proponer la precandidatura sustituta de Emilio Gamboa Patrón, pero el expresidente Echeverría ante el Ministerio público dijo que no era cierto. Y ante este problema de que alguno de los dos le mintió a una autoridad –hecho que es considerado delito–, los fiscales se conformaron sólo con los comparecientes declarando a capricho y a sabiendas de que estaban ocultando información o, peor aún, mintiéndole a la autoridad.
Los cuatro fiscales tuvieron un comportamiento conformista, a menos de que se investigue y se compruebe que su falsa actuación como fiscales incompetentes fue producto de instrucciones directas del presidente Salinas y del presidente Zedillo.
En este contexto es en el que se fija el interés de la reapertura del caso Colosio, replanteando declaraciones de algunos de los involucrados que siguen vivos –Salinas, Zedillo y Córdoba— y dándole nuevo contexto a partir de contradicciones de las declaraciones de los fallecidos Camacho y Echeverría.
La clave que sustenta la exigencia de reapertura del caso Colosio se localiza en el hecho de que dos presidentes de la República en funciones –Salinas y Zedillo– fueron los más interesados en apresurar las conclusiones bajo la tesis del asesino solitario, con mayor responsabilidad política y moral del presidente Salinas cuando el primer fiscal Miguel Montes García determinó la tesis del complot político con argumentaciones de razonamiento pericial, pero luego fue obligado por el propio Salinas a cambiar sus conclusiones exactamente del lado contrario y sacarse de la manga el argumento del asesino solitario.
El último fiscal, Luis Raúl González Pérez, llegó con la carga política de pertenecer en ese momento al grupo político de Jorge Carpizo MacGregor, uno de los funcionarios más cercanos a Salinas y por lo tanto se puede tener la apreciación que González Pérez llevaba la consigna de darle el carpetazo final a la investigación. La argumentación del cuarto fiscal se centró en el hecho de que dijo haber sentado en el banquillo del Ministerio Público a personalidades de alto nivel como Salinas, Zedillo, Echeverría, Camacho y Córdoba, pero lo que no dijo fue que se trataron de declaraciones sin examen pericial ni criminalístico y sólo quedaron en la mera versión personal de cada uno, sin cruzarlas entre sí ni indagar las contradicciones.
Una revisión de todo el expediente Colosio –los famosos cuatro tomos de la entonces PGR– apenas podrían servir como punto de referencia, pero una verdadera investigación pericial y criminalística tendría que indagar sobre las contradicciones en las argumentaciones políticas de los involucrados en la tesis del crimen de Estado.
En los hechos judiciales, las declaraciones ministeriales de esto cinco personajes de alto nivel no tienen valor pericial porque fueron dichos personales y no razonados por quien debió haber sido un verdadero fiscal para fincar acusaciones y no para llevar de antemano, como González Pérez, la conclusión de que todas las declaraciones no modificaban la versión oficial salinista del asesino solitario.
El caso Colosio, por tanto, sigue abierto a una verdadera indagación judicial.
Co información de Indicador Político
