Rubén Rocha mete a la trama contra la UAS a María Obdulia Fernández
Álvaro Aragón Ayala
El gobernador Rubén Rocha Moya intenta aplastar a los directivos de la Universidad Autónoma de Sinaloa, a quienes les inventa delitos, asignándoles defensores públicos o de oficio para que simulen proteger, amparar o velar por los derechos de los universitarios en los juzgados de control, en los cuales ha dictado la consigna de imputarles ilícitos, vincularlos a proceso, dictarles medidas cautelares y meterlos a la cárcel. En la nueva patraña sobresale un nombre: María Obdulia Fernández Germán, directora del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Sinaloa.
De manera descarada, pasando por encima de los resultados de las investigaciones contables practicadas por la Auditoría Superior de la Federación que no arrojaron ningún saldo negativo, ningún daño patrimonial a la UAS ni a la hacienda pública federal, el gobernador sigue inventando delitos y se los acacha a las autoridades universitarias en venganza porque se negaron a entregarle el control político, administrativo, educativo y financiero de la Casa Rosalina. El mandatario estatal raya en la locura.
En la conspiración contra los directivos uaseños, Rubén Rocha usa a la Fiscalía General de Justicia, a la Auditoría Superior del Estado, el SATES y la UIPES para fabricar demandas al margen de la ley, querellas que, pese a que no tienen sustento jurídico, le son recibidas y certificadas por los jueces locales que también están bajo el control del mandatario estatal y del secretario general de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez. Los medios de comunicación a los que el gobernador paga la nómina de sus trabajadores y directivos validan y aplauden el complot político y jurídico rochista.
Los procesos y las audiencias penales se han retrasado porque la Fiscalía no entrega las “carpetas de investigación” a los defensores jurídicos de la UAS o bien porque algunos de ellos han enfermado. Al gobernador le interesa que los universitarios no tengan una debida defensa. En los jaloneos por saber que contienen expedientes, los fiscales o ministerios públicos coludidos con los jueces arman montajes para intentar que los juicios se lleven a cabo violando el derecho a la defensa y los derechos humanos de las autoridades de la Casa Rosalina.
Rubén Rocha Moya desató una escalada de terror en la comunidad médica, para que ningún doctor certifique el estado de salud de los abogados y directivos de la UAS obligando a que se presenten enfermos a las audiencias penales. Una de las jugadas del gobernador, inventor de los procesos judiciales, es que las autoridades universitarias se desprendan de sus defensores para él nombrarles defensores a modo sacados del Instituto de la Defensoría Pública.
La trampa es muy burda. Pretende que los defensores de oficio, en su categoría de funcionarios o empleados del gobierno estatal rochista, simulen la defensa de los directivos uaseños imputados por delitos que no han cometido y faciliten el trabajo de los jueces que se muestran desesperados por cumplir la exigencia del gobernador: meterlos a la cárcel, tope en lo que tope. En el colmo de su demencia, pues, el gobernador intenta nombrar a los defensores de las autoridades universitarias a las que el mismo ha fabricado delitos.
El artículo 25 de la Ley de Instituto de la Defensoría de Oficio precisa que este organismo depende de la Secretaría General de Gobierno, en donde despacha precisamente Enrique Inzunza Cázarez uno de los cerebros en la prevaricación de delitos contra los directivos de la Universidad. Quien designa al director del Instituto, de acuerdo al artículo 27 de la misma ley, es el gobernador Rubén Rocha principal autor de la conspiración. Así, María Obdulia Fernández Germán, directora del Instituto, se convirtió en la nueva pieza clave del gobernador en su intento por encarcelar los universitarios a los que califica como “enemigos del Estado”.
El gobernador Rubén Rocha y el secretario general de Gobierno sostienen reuniones con María Obdulia Fernández girándole órdenes para que tenga listos a los defensores de oficio que, de acuerdo a los planes, deberán sincronizarse con los jueces con el propósito de que no tengan ningún problema a la hora de imputarle a las autoridades de la UAS los delitos inventados. En el seno del Instituto priva el terror por la amenaza del gobernador girada en el sentido de que todo aquel defensor de oficio que no siga sus instrucciones será despedido.
