¿La simplificación administrativa va?
Carlos Matute González
Entre las veinte reformas presentadas por el presidente López Obrador el pasado 5 de febrero hay dos legales y una de ellas es una iniciativa que modifica diversas leyes de índole administrativa con el propósito de centralizar las decisiones en los titulares de las dependencias y disminuir las estructuras descentralizadas y desconcentradas de la Administración Pública Federal. La justificación, según la exposición de motivos, es racionalizar los recursos y dirigirlos a la construcción de la infraestructura indispensable para el desarrollo nacional y se infiere que es el tren Maya y la refinería Dos Bocas, entre otras obras prioritarias del sexenio.
¿Qué es una simplificación administrativa? Es una acción encaminada a reducir los trámites y cargas de trabajo en las organizaciones con el propósito de reducir los costos de intercambio con otras organizaciones, la comunidad, el mercado y los individuos o también es una reestructuración de las organizaciones con el fin de eliminar áreas o procesos innecesarios.
La primera está vinculada con la mejora regulatoria y está orientada a que las cargas administrativas que se imponen a los gobernados, contribuyentes o usuarios de servicios públicos sean menores, como por ejemplo la desregulación que se llevó a cabo en el gobierno federal en 2010.
La segunda consiste en una fusión y transferencia de facultades de un órgano a otro para reducir el gasto público mediante la eliminación de plazas. Ambas pretenden la eliminación de dobles funciones y gasto no productivo, pero con distinto enfoque. La relacionada con los trámites se dirige a las personas y la orgánica pretende un mayor control burocrático y el fortalecimiento de la unidad de acción.
La iniciativa presidencial es del segundo tipo y parte del supuesto que hay un exceso de áreas creadas sólo para malgastar el recurso público y disponer de plazas para favorecer a parientes y amigos. En esta lógica, pretende extinguir 16 órganos desconcentrados, organismos descentralizados o unidades administrativas, que coloca en una misma bolsa, y concentra las funciones en las secretarías de Estado. El proceso de desaparición más destacable es la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, que es un organismo descentralizado no sectorizado.
Llama la atención las funciones del gobierno que pueden ser afectadas con esta reducción de recursos, que son: las políticas púbicas en juventud, lenguas indígenas, cambio climático, uso eficiente de energía eléctrica, ayuda a refugiados, economía social, adultos mayores, personas con discapacidad, pesca, salud de la infancia y la adolescencia, defensa del contribuyente, entre otras. Esto significa reducir los recursos presupuestales a estos sectores sin que se acompañe a la iniciativa una justificación concreta y sólo haya una referencia vaga a la nueva gerencia pública y a las desventajas de la fragmentación de la gestión gubernamental.
Esta propuesta de reforma a diversos ordenamientos no es novedosa. En abril de 2023 se presentó una similar, la cual duerme el sueño de los justos en la Cámara de Diputados por la oposición que hubo de los titulares de las estructuras de la Administración Pública Federal, que si entienden que la mayor verticalidad de las decisiones aumenta los tiempos de respuesta en perjuicio de la población objetivo de los programas y crea cuellos de botella y, en su caso, la concentración de las responsabilidades administrativas que pueden derivar en sanciones.
La descentralización y desconcentración son estrategias que “desburocratizan” la gestión gubernamental y suelen ser parte de las estrategias de simplificación administrativa, que pone en el centro a la persona, para reducir los trámites y acercar la administración a la resolución de los problemas. Esta consiste en fragmentar los procesos normativos y de supervisión de aquellos vinculados directamente con la prestación del servicio o la operación. Esto tiene como ventaja que las decisiones con más autonomía en las instancias cercanas a la ventanilla, al ciudadano. No hay necesariamente duplicidad de funciones aunque se comparta la materia.
La centralización de las facultades que se propone en la iniciativa aleja la decisión del ciudadano y da más poder y control a los mandos superiores o a su personal de apoyo cercano. Este tipo de acciones es conveniente cuando se detecta la falta de resultados o la supervisión es deficiente.
En todo caso, cualquiera de las estrategias de simplificación administrativa, para garantizar su éxito, deben hacerse con estudios de cargas de trabajo, una revisión de tramos de control, un diagnóstico de los procesos y un análisis de costo-beneficio social. La visión financiera que sólo atiende a la reducción del gasto en el corto plazo suele afectar los indicadores de desempeño de la acción gubernamental.
Finalmente, hay una gran contradicción entre el contenido de la iniciativa y la exposición de motivos de la misma. En realidad, la simplificación orgánica propuesta es una estrategia propia del neoliberalismo que propone ideológicamente menos gobierno sin mayor razonamiento y concentra el poder con el gran riesgo que quien lo concentra pierda capacidad de decisión y gestión por la excesiva acumulación de tareas.
Investigador del Instituto Mexicano de Estudios
Estratégicos de Seguridad y Defensa Nacionales
Con información de Crónica
