Examen Sinaloense: los fariseos del Congreso Local

Álvaro Aragón Ayala

• Alcalde contamina el Río Culiacán
• Tere Guerra y la Jueza Ana Karina
• Diputados violan la Constitución
• Los desaparecidos de Rocha
• Zavala Cabanillas ¿soplón?

El “nene consentido” Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de la capital del estado, es un puerco y criminal ecocida. Ordenó a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán, apagar los motores de la planta de aguas residuales de Bacurimi y arrojar las aguas negras al Río Culiacán.

En la zona de Aguaruto una pequeña cooperativa de pesca tuvo que cerrar porque se comenzaron a morir todas las mojarras. El “drenaje crudo” está llegando hasta la bahía de Altata generando contaminación en los cultivos de ostión y dañando el camarón y otras especies marinas.

Esta planta costó más de 3 mil millones de pesos y la terminó de pagar el gobierno municipal de Sergio Torres con un crédito de 400 millones de pesos.

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Los fariseos del Congreso Local siguen con su montaje de mentiras y su circo legislativo. El diputado Feliciano Castro Meléndrez, preso por asesinato en 1974 en el penal Aguaruto y sospechoso de participar en la conspiración que arrojó la muerte de Atilano Román, jura que están obligados a reformar la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Planteó que la Ley General de Educación Superior establece un plazo de 180 días para que, según él, “se armonicen todas las disposiciones legales locales y por ende los plazos ya vencieron” ¡miente el asesino! La Ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de abril del 2020, fijó 180 días para elaborar o modificar las Leyes Estatales de Educación Superior, nada más.

Dicha ley federal no otorga facultades a los Congreso Locales para que “por sus pistolas” o por órdenes de los gobernadores modifiquen o reformen las Leyes Orgánicas de las Universidades Públicas Autónomas, pues esa decisión le corresponde tomarla, por ley, a las Consejos Universitarios y las Juntas de Gobierno de las instituciones.

Fue hasta el 2023 cuando el Congreso de Sinaloa creó y aprobó la Ley Estatal de Educación Superior de Sinaloa, pero no la homologó o armonizó con la Ley General de Educación Superior; por el contrario, le incrustó artículos violatorios a la autonomía universitaria. El Supremo Tribunal de Justicia determinó que esa ley, “conocida como “Ley Rocha” no aplica a la UAS e inhabilitó a los diputados del Congreso para realizar una consulta unilateral y directa en la Casa Rosalina.

No es obligatorio, entonces, que la UAS modifique su Ley Orgánica y el ejercicio de cualquier consulta sin la autorización y participación del Consejo Universitario y los órganos colegiados viola el artículo 3° de la Constitución y el artículo 2° de la Ley General de Educación Superior. Feliciano Castro y su secta montan una mascarada legislativa para intentar tomar por asalto la Casa Rosalina.

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Aun sin entrar en funciones de diputada local pluri María Teresa Guerra Ochoa, “La Tere”, participa en la conspiración contra los directivos de la Universidad Autónoma de Sinaloa. La directora de la Secretaría de las Mujeres se reunió el martes por la noche en uno de los cubículos “privados” del Congreso con legisladores de Morena y agitadores profesionales para planear nuevos ataques a la Casa Rosalina.

Hasta donde se sabe, Feliciano Castro heredará, por disposición de Rubén Rocha Moya, la Junta de Coordinación Política del Congreso a “La Tere” Guerra que se ganó las “simpatías” y el apoyo del gobernador por haber dejado sola con su lucha por la defensa de su dignidad y reputación a la Jueza Ana Karina Aragón Kutiño que denunció haber sido violentada por el entonces magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y actual secretario general de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez.

En el 2018, ostentándose como presidenta del Colectivo de Mujeres Sinaloenses, María Teresa Guerra Ochoa pidió a la Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía, atender e investigar la denuncia interpuesta en la Fiscalía de Sinaloa contra Enrique Inzunza. Como representaba un “peligro” para el proyecto político rochista, fue invitada a incorporarse al equipo de Rubén Rocha. Por mandar al diablo a la Jueza y proteger a Inzunza, el gobernador Rubén Rocha le regaló la secretaría de las Mujeres y la convirtió en diputada local pluri. Ahora la usará en la conspiración contra la UAS.

Del 2018 para acá, la Jueza Ana Karina Aragón Kutino no ha dado un paso hacia atrás y lleva ya interpuestas cuatro demandas por acoso, hostigamiento, violencia sexual y de género y pornografía en contra de Enrique Inzunza, quien planea agarrar impunidad absoluta una vez que asuma la Senaduría de la República, allá, en la Ciudad de México en donde los colectivos feministas ya desenterraron el hacha de guerra.

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Interesado únicamente en destruir a la UAS y en perseguir a sus directivos y a la familia Cuén Ojeda/Cuén Díaz, el gobernador se volvió a echar la cola al hombro y no atiende el grave problema de los desaparecidos.

En Sinaloa, de acuerdo a la escalofriante cifra proporcionada por la presidenta de Sabuesas Guerreras, María Isabel Bernal, hay más de mil 300 cuerpos sin identificar en las morgues del Servicio Médico Forense, hospitales y fosas comunes.

Después de revelar el estado de desastre que guardan las supuestas investigaciones en torno a los desaparecidos, la líder de las buscadoras denunció que el gobernador Rubén Rocha y la Fiscal Sara Bruna Quiñónez (enferma de sus facultades mentales) sólo las han utilizado para tomarse la fotografía. “No han tomado en serio el problema de las desapariciones forzadas”, expresó.

Ah, pero cuando se trata de perseguir, acosar, vigilar, y judicializar a los directivos de la UAS y de criminalizar a la familia Cuén, el gobernador Rubén Rocha y la Fiscal utilizan todo el aparato de estado, hasta un moderno sistema de espionaje digital, para intentar meterlos a la cárcel, en tanto los asesinos de esas mil 300 personas, cuyos cuerpos permanecen sin identificar, continúan libres “levantando” y matando gente.

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Dispuesto a no perder su chamba por soplón, aunque por debajo de cuerda filtra que quien se queda con el “dinero extra” es la dinastía Rocha Ruiz, el ex secretario de Obras Públicas y actual Subsecretario de Promoción y Competitividad de la Secretaría de Economía, José Luis Zavala Cabanillas, dijo que él no se clavó ni un centavo cuando “operaba” parte de la asignación de las obras públicas.

Zavala Cabanillas está metido en un verdadero lío, pues está involucrado y señalado en participar en el incremento del costo de obras por encima del porcentaje que permite la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y exceder montos en adjudicaciones directas. En una revisadita, leve, leve, se le detectó su colusión en el pago de 99 millones 581 mil 112 pesos más de lo acordado en los contratos de 88 obras. Uff. ¡Qué ratas!