PRI, PAN Y PRD presentan acciones de inconstitucionalidad contra leyes de amparo y de amnistía

14 de julio de 2024

Juan Carlos Cortés

Los grupos parlamentarios del PRI, PAN, PRD, presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de las reformas a la Ley de Amparo y de Amnistía, ambas aprobadas el pasado mes de abril y publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en junio.

En la Cámara de Diputados, los legisladores de los diversos grupos parlamentarios resaltaron que la Ley de Amparo impide que los jueces puedan suspender los actos de las autoridades en varios supuestos, aun cuando estos afecten el interés de la sociedad, lo que implica que esta herramienta deje de ser efectiva para defender los derechos de la ciudadanía.

Enfatizaron que, si no se previene que se materialice el daño a los derechos de las personas, el juicio de Amparo deja de ser un medio efectivo de protección, además que el acceso a la justicia para los que menos tienen será más difícil, ya que la ley reformada garantizaba que cualquier suspensión que afectará sus derechos era aplicable a cualquier persona.

Además, afirmaron que la reforma se impide que los jueces suspendan la aplicación de normas generales, como leyes, decretos y reglamentos, cuando estos afecten los derechos humanos de la ciudadanía.

Los legisladores enfatizaron que la intención es clara, dar más poder al gobierno y quitarle a la ciudadanía los medios para protegerse frente al atropello de sus derechos.

Respecto a los cambios realizados a la Ley de Amnistía, los legisladores señalaron que la medida viola el derecho de acceso a la justicia y a la reparación de las víctimas, pues impediría que los Tribunales emitan sentencias en favor de las víctimas del delito.

Afirmaron que la Ley de Amnistía genera la impunidad, e impide de forma definitiva que las víctimas de graves violaciones a derechos humanos tengan derecho de acceder a la verdad, a la justicia y la reparación, por lo que es claramente violatorio de los derechos de las víctimas.

Además, enfatizaron que la reforma vulnera las facultades exclusivas del Congreso, ya que otorga al Ejecutivo una facultad que está reservada para el Poder Legislativo en la Constitución.