Propone la Corte desmilitarizar el combate a la inseguridad
Marco Antonio Martínez
En la propuesta para reformar al sistema de justicia de México elaborada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, se plantea que es necesario cambiar la estrategia de seguridad pública, comenzando por la desmilitarización.
Este domingo, mientras las comisiones del Senado discutían la reforma judicial aprobada por los diputados, Norma Piña, presidenta de la Corte y el Consejo, presentó el documento elaborado a partir de los diálogos que organizó el Poder Judicial. En él, critica la política de seguridad y pide que se modifique la de combate a las drogas.
El documento señala que las altas tasas de criminalidad del país afectan a todos los mexicanos e influyen en su percepción acerca de las instituciones. La manera de revertir ese problema, sostiene, es mejorar la actuación de las policías y sustituir a los militares que se han hecho cargo de la seguridad pública.https://031da8f79d6b4b93ff00e4b1c769d84c.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html?n=0
“Las policías carecen de los recursos y condiciones para cumplir con sus funciones, ya que se han visto desplazadas por una progresiva inversión en las fuerzas armadas. Se trata de una militarización que, como indica la evidencia, no soluciona el problema de la delincuencia e intensifica otros problemas”.
Adicionalmente, hay dos factores que inciden en el deterioro de la seguridad: “la política de drogas vigente, basada en la prohibición y que no previene el consumo y afecta, de manera negativa, la salud de las personas, además de lesionar otros derechos como el de la vida y el elevado número de armas presentes en el mercado ilegal”.
El estudio es un diagnóstico del estado de la impartición de la justicia en México, elaborado a partir del Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia, convocado por la SCJN y el Consejo de la Judicatura Federal, el cual se llevó a cabo en 14 sedes diferentes de todo el país entre el 21 de marzo y el 8 de julio de este año. A los encuentros acudieron 3 mil 279 personas de todo el país.
Mejora en investigaciones
La manera de mejorar el proceso de justicia penal radica en solucionar los problemas que se presentan durante la investigación de los delitos. Quienes presentan una denuncia no siempre son atendidas correctamente, señala el diagnóstico: “Esta situación suele hacerse más notable en casos de violencia contra las mujeres, así como en casos de desaparición forzada contra jóvenes, personas y comunidades indígenas, afroamericanas o en situación migratoria irregular, entre otros”.
Un obstáculo para mejorar las investigaciones es aumentar los recursos para servicios forenses que apoyen las investigaciones. “Se identifican problemas en la acusación de personas presuntamente responsables: falta de capacitación por parte de las fiscalías para avanzar en procesos de acusación penal, especialmente en lo referido a la capacidad para desarrollar y formular adecuadas teorías de caso que permitan sustentar la acusación ante la autoridad judicial; falta de enfoques diferenciados y ausencia de tratamiento adecuado para la generación de pruebas en el proceso y existencia de actos de corrupción que afectan o condicionan el desarrollo de las investigaciones o la acusación de las personas presuntamente responsables”.
Diagnóstico de la justicia
El documento reconoce que el sistema de justicia es perfectible, pero dice que para mejorarlo debe entenderse que debe existir una continuidad y que tanto los poderes ejecutivo y legislativo deben participar.
“Reducir la justicia a la función de un solo poder no sólo resulta deshonesto, sino que limita materialmente las posibilidades críticas de construir un modelo de justicia estatal que responda materialmente a los problemas que enfrentan las personas por encima de intereses políticos, económicos o criminales posicionados en las distintas estructuras de poder”.
Fortalecer el Poder Judicial Federal con dos por ciento del presupuesto federal, y los poderes judiciales locales con 2.5% del de cada entidad y darles más jueces y juzgados y garantizar, también están entre las propuestas de la Corte para mejorar el sistema de procuración de justicia.
Además, el documento propone redoblar esfuerzos y asignar recursos necesarios para implementar la oralidad en la justicia civil y familiar, así como consolidar la oralidad mercantil, también consolidar la justicia laboral y que los Centros de Conciliación cuenten con los recursos suficientes para desempeñar sus funciones de manera eficiente, para descongestionar la adjudicación laboral y ofrecer soluciones eficaces y satisfactorias para las partes.
La SCJN también se pronuncia a favor de la eliminación de las figuras de arraigo y prisión preventiva oficiosa, en virtud de su incompatibilidad con las obligaciones convencionales asumidas.
Propuestas
- Implementar la carrera judicial y los mecanismos de selección para todos los cargos judiciales que cumplan con criterios claros y objetivos. El impulso de reformas a las constituciones locales y a las leyes orgánicas de los poderes judiciales permitirá establecer un sistema de carrera que abarque a juezas, jueces, magistradas magistrados
- Estos mecanismos deben contemplar concursos de oposición con convocatorias públicas, jurados independientes y procesos de evaluación que permitan valorar conocimientos, competencias y trayectorias
- Incrementar los recursos económicos de la justicia penal local. Este aumento de recursos debe destinarse a la contratación y capacitación del personal
- Armonizar el reconocimiento y la tipificación del delito de feminicidio, así como homologar los protocolos de investigación aplicable
- Eliminar figuras jurídicas que propician la privación arbitraria de la libertad. Es importante ajustar la interpretación de las normas relativas a la flagrancia para evitar que su aplicación derive en detenciones arbitrarias.
Con información de La Silla Rota
