ONGs lanzan críticas por aprobación a la reforma al Poder Judicial
Arturo Rojas
La reciente aprobación de la reforma al Poder Judicial por parte del Senado de la República ha generado una ola de críticas de organizaciones de la sociedad civil, quienes consideran que el panorama para el sistema de justicia en México se vuelve más incierto
Asimismo, las ONG observaron en la reforma un peligro para la democracia y los derechos humanos, por lo que subrayaron la necesidad de mantenerse atentos a la implementación y buscar espacios para fortalecer la participación ciudadana y la independencia judicial en el país.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) manifestó que la reforma “anula la división de poderes y pone en riesgo los derechos humanos”. La organización considera que el conocido como “Plan C” fomenta una “erosión democrática” mediante medidas como la prisión preventiva oficiosa, la militarización, la eliminación de órganos protectores de derechos y la captura política del Poder Judicial.
Por su parte, el Observatorio de Designaciones Públicas expresó su indignación ante la aprobación de la reforma, afirmando que “representa una transformación negativa para el sistema de justicia”.
Desde esta organización se señaló que la reforma no aborda los problemas de fondo que limitan el acceso a una justicia pronta, expedita e imparcial. Además, advirtieron que con esta reforma el Poder Judicial se vuelve más vulnerable a la influencia política, al profundizar la intervención de los poderes de la Unión y de grupos de poder en la elección de jueces mediante voto popular, un método que consideran no garantiza la transparencia ni la selección basada en méritos.
Mientras tanto, desde la organización EQUIS Justicia para las Mujeres se indicó que, aunque la reforma ha sido aprobada, aún queda un largo camino por recorrer en la implementación de las leyes secundarias que definirán cómo se materializarán los cambios en el Poder Judicial.
La organización también hizo un llamado a que se priorice la selección de perfiles judiciales independientes y centrados en la garantía de derechos, con mecanismos de evaluación continuos y rigurosos.
Con información de El Economista
