Investigadores de la UNAM y los ataques a la UAS

Wilfrido Ibarra Escobar

Los atentados a la autonomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa mantienen alerta a la Universidad Nacional Autónoma de México, la Asociación de Universidades e Instituciones y de Educación Superior y a la Unión de Universidades de América Latina y del Caribe porque el Congreso del Estado de Sinaloa persiste en querer imponer dos leyes, una la Estatal de Educación Superior y la Reforma a la Ley Orgánica de la Casa Rosalina.

Las dos reformas (leyes) ya fueron declaradas ilegales, inconstitucionales, por jueces de Distrito y Colegiados y por abogados de la UNAM, la ANUIES y la UDUALC, calificados como expertos en derecho universitario. Los tribunales federales han concedido amparos, unos provisionales y otros definitivos, precisando que no son aplicables a la UAS.   

El cuerpo de abogados de la UAS ha explicado, con bolitas y palitos, para que los cerrados de mente entiendan, que ambas leyes fueron elaboradas violando la Constitución y la Ley General de Educación Superior y violentado la Ley Orgánica de la universidad, para modificar el propio estatuto interno, realizando una consulta externa y un falso foro universitario darle “forma legal” al atropello.  

Dos destacados miembros del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM acaban de expresar, de manera categórica, causando el enojo de los diputados locales, que las recientes reformas que la LXIV Legislatura del Congreso del estado de Sinaloa realizó a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) representan una violación a su autonomía, a la Constitución Mexicana y a la Ley General de Educación Superior.

César Astudillo y Roberto Rodríguez Gómez, indicaron que la aprobación de la Ley Orgánica de la UAS – considerada por el periodista Alvaro Aragón Ayala como una Ley Orgánica Externa-, generan preocupación en todas las universidades autónomas del país “porque evidencian un intento, desde la política, por tener injerencia en la vida universitaria, por modificar de manera profunda la educación superior del país. Alertaron sobre la posibilidad de que haya quienes traten de replicarla en otras entidades.

De acuerdo con Astudillo, la reforma a la Ley Orgánica de la UAS implica una violación a la Constitución que en su artículo tercero, fracción VII considera la autonomía de las universidades, así como del artículo segundo, párrafo III de la Ley General de Educación Superior, donde establece que cualquier iniciativa o reforma a las leyes orgánicas deberán contar con los resultados de una consulta previa, libre e informada a su comunidad universitaria, a los órganos de gobierno competentes, así como de una respuesta explícita de su máximo órgano de gobierno colegiado.

Puntualizó que aun cuando hubo una consulta fue manipulada, porque no se incluyó a toda la comunidad universitaria -conformada por el alumnado, trabajadores académicos y administrativos, personal directivo, incluso los egresados-, pues ese ejercicio estuvo muy limitado y se dirigió básicamente a solo un sector.

“La Ley General también señala que se debe consultar a las autoridades universitarias, empezando por el rector, directores de facultades, escuelas e institutos lo cual tampoco se dio, como tampoco hubo una respuesta por escrito del órgano representativo de mayor jerarquía de la universidad -en este caso su Consejo Universitario-, para que fije la posición de la universidad”, manifestó el doctor en Derecho Constitucional y exabogado general de la UNAM.

Roberto Rodríguez, experto en política educativa, estacó que la UAS es la tercera universidad más importante del país -después de la UNAM y de la Universidad de Guadalajara-, con una matrícula de aproximadamente 169 mil estudiantes y una planta académica numerosa y relevante. “La consulta” -enfatizó- se efectuó sin acuerdo previo con la UAS y fue más bien una encuesta a cerca de dos mil personas”.

El investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM detalló que la reforma incluye diversas modificaciones, adhesiones y derogaciones a la Ley Orgánica, entre los más relevantes están establecer la elección del rector y de diversas autoridades por voto universal, además de implementar la paridad de proporción de estudiantes y académicos -50 por ciento de cada uno de ellos- en sus órganos colegiados.

César Astudillo refirió que la reforma preocupa, porque el sentido de los cambios es para que haya interferencia política exterior, para determinar la forma en que se elijan a las autoridades universitarias. “Lo que se busca en la Autónoma de Sinaloa es someter a voto popular la elección del rector. Esto va a hacer que la política se instale en el corazón de la universidad, que los académicos tengan que deslizarse hacia el entorno político, que haya campañas, que se polarice la comunidad universitaria, se presenten varios candidatos y habrá necesidad de que ofrezcan algo, difícilmente las opiniones sensatas de ‘vamos a mejorar la calidad de la investigación o de la educación’ serán las triunfantes”, aseveró.

Esta injerencia, advirtió, puede ser un primer paso para que después los grupos políticos quieran intervenir en la modificación de planes y programas de estudio, introducir en ellos una ideología y así instalar progresivamente la política en el corazón de la vida universitaria, con efectos contraproducentes.

Para Rodríguez Gómez, la actuación sobre la UAS tiene visos de intento de réplica en otras instituciones autónomas, universidades estatales y en las universidades federales. “Debe preocuparnos porque se puede extender como un mal ejemplo, como una mala práctica a otros estados del país. Acudir al llamado popular para la designación de ámbitos muy especializados es contraproducente”, puntualizó.

Cesar Astudillo estableció que la autonomía de las universidades no es un privilegio, sino un derecho de las comunidades de esas casas de estudio, el cual está asociado a una gran responsabilidad: tomar sus decisiones en busca de la mejora académica, del fortalecimiento de la investigación, la ciencia, la tecnología y la innovación, a partir de criterios académicos y no políticos, afirmó el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM.

“Es un valor que hemos construido a lo largo de décadas y ponerlo en riesgo puede afectar las condiciones de desarrollo y de un mejor futuro de la educación superior en México”, apuntó el director del Programa Universitario de Estudios sobre la Educación Superior de esta casa de estudios, Roberto Rodríguez Gómez. Ambos especialistas consideraron que todos debemos reivindicar este derecho que permite a las comunidades universitarias definir su propio destino y que se deben cerrar filas frente a embates políticos.