Los ejidatarios están interesados en la legalidad de sus tierras
Julieta del Río
La semana pasada escribí en este mismo espacio sobre cómo el acceso a datos personales sirve para que familiares de personas fallecidas conozcan información clave de sus seres queridos. Por ejemplo, a partir de este derecho se pueden conocer expedientes clínicos y con ello acceder a prestaciones sociales que corresponden por ley, como servicios de salud y cobros de pensiones por viudez, entre otras.
De hecho, mi intención como columnista de la prestigiosa revista Proceso ha sido mostrar, semana tras semana, los beneficios concretos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y de los derechos que defiende, entre estos, el derecho de acceso a datos personales.
Frente a la campaña de desinformación en nuestra contra, he querido probar la utilidad social de estos derechos. En concreto, el acceso a datos personales permite que las personas ejerzan otros beneficios, como puede ser para una persona conocer su número de semanas cotizadas y obtener expedientes legales para iniciar procedimientos judiciales, entre otras múltiples opciones.
Precisamente la semana pasada resolví un recurso en el Pleno del INAI sobre este tema. Una persona solicitó al Registro Agrario Nacional un certificado de derechos sobre tierras de uso común y cualquier otro documento que acredite una propiedad ejidal a nombre de su padre fallecido. Dado que la autoridad no entregó la información, la persona interpuso una queja (recurso de revisión) en el INAI.
Una vez que analicé el caso junto con mi equipo jurídico, determinamos que el Registro Agrario Nacional no realizó la búsqueda de la información correctamente, y que debe volver a buscar en sus archivos para entregar lo requerido. Tengamos presente que, entre las atribuciones de este Registro está el controlar la tenencia y seguridad documental de la tierra en propiedad social, es decir, la propiedad de los núcleos agrarios ejidales y comunales. La transparencia y el acceso a la información pública son inherentes a sus funciones.
Cualquier persona puede obtener información sobre sus asientos registrales. Yo misma tengo la experiencia de un trámite ante esta instancia, el cual lleva más de tres años sin resolverse. Se requieren mecanismos eficaces para atender las necesidades de la sociedad en general, sobre todo si se trata de temas tan importantes como su propiedad.
Por ello reconozco que el actual gobierno federal propuso entre sus 100 compromisos la Política Nacional de Simplificación y Digitalización que permitiría facilitar el acceso al pago de impuestos, trámites y servicios. Lo menciono porque los gastos que recaen en los usuarios de estos servicios pocas veces son contabilizados, pero llegan a ser incluso una barrera en sí misma.
Personas que viven en comunidades lejanas y que carecen de recursos económicos podrían agilizar sus trámites desde un celular con acceso a internet, por ejemplo. Pienso en los beneficios que traería esta política en mi estado, Zacatecas, para un gran número de personas que viven en municipios lejanos de la capital y comunidades apartadas de oficinas gubernamentales.
Cuando una persona fallece, su familia tiene derecho a preguntar por sus datos personales, entre ellos, certificados de derechos sobre tierras. Personalmente he conocido historias muy difíciles de personas que, pese a estar viviendo la partida de sus seres queridos, tienen que estar lidiando con trámites para recibir lo que por derecho les corresponde como beneficiarios.
En el INAI estamos para apoyar a estas personas mediante el Centro de Atención a la Sociedad del Instituto. Pese a la incertidumbre, seguimos trabajando en beneficio de la sociedad.
Con información de Proceso
