El acortado presupuesto para el acceso a la información y la privacidad
Julieta del Río
El martes 10 de diciembre se declaró la validez de la reforma que adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de simplificación orgánica. Con ello sólo faltará que se publique en el Diario Oficial de la Federación y un día después se tendrán hasta 90 días naturales para que se realicen las leyes secundarias al respecto y con ello formalmente el INAI deje de existir, y para los estados hasta 180 días más.
A pesar de esto, aún existen grandes incógnitas que se han planteado por diversas voces, desde académicos, sociedad civil, investigadores, periodistas, autoridades internacionales y el Pleno del INAI, sobre cuál será el camino hacia la transición y la nueva era que vivirá México en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.
Es preciso recordar que si bien desaparece un instituto, los derechos humanos establecidos en la Constitución deben prevalecer siempre y no tener ningún retroceso (eso es el principio de progresividad que México está obligado a respetar).
Por ello la discusión en la Cámara de Diputados del Presupuesto de Egresos de la Federación para el periodo 2025 es fundamental, ya que es preciso saber los recursos que se le asignarán al INAI para lograr una transición correcta y que respete el derecho de las y los trabajadores, como se señaló en el séptimo transitorio de la mencionada reforma.
De acuerdo con versiones que están en medios de comunicación, se contempla para el INAI $499,990,582, eso representaría el 49.70% de los $993,990,582 que solicitamos en el proyecto de presupuesto. Eso implicaría problemas importantes para las actividades y las funciones que realiza el INAI, ya que durarían un semestre, lo que nos lleva a la pregunta: qué pasará con el personal después de los seis meses. ¿Ya no se respetará el séptimo transitorio?
Se está destinando entonces un aproximado de un semestre para las funciones que se vienen desempeñando, aunque pasen a otro ente público. Lo que no sabemos, es, por ejemplo, cómo se pagará el arrendamiento y el trabajo del personal.
Es lamentable que pierda la sociedad por el mal actuar de unos cuantos (del pasado y actuales) en el uso de tarjetas corporativas, así como los viajes excesivos. Si ésa será la regla, ojalá sea igual para todos.
Un ejemplo de lo que falta detallar es el arrendamiento financiero para el edificio del instituto, se tiene presupuestado $74,550,000; para la Operación de Programas se contempla $163,513,707; esto sin contar que con el presupuesto señalado no se podría mantener en operación la Plataforma Nacional de Transparencia.
De aprobarse el presupuesto como lo conocemos hasta ahora, nos lleva a la siguiente pregunta, qué es más importante: ¿los legisladores y sus partidas presupuestales, o la vida de las personas, la educación y la salud? Esto trasciende los análisis técnicos que deben hacerse y sólo se quedan en la superficie.
Mi objetivo siempre será la legitimidad y la garantía de los derechos. Aún soy comisionada y aún hay que seguir trabajando. A la sociedad le digo: sigan pidiendo información, nadie se las puede negar; sigan denunciando las vulneraciones de los datos personales. Yo como aún comisionada y como Julieta del Río seguiré velando por estos derechos.
Con información de Proceso
