Violencia político criminal en las elecciones judiciales
Yair Mendoza
El 28 de marzo de 2025, en el marco de la elección popular de personas impartidoras de justicia, el Programa de Seguridad Pública de México Evalúa, dio a conocer un estudio que da cuenta del nivel de riesgo que podrían experimentar las y los candidatos de ser víctimas de actos de violencia político-criminal.
Las modalidades de este tipo de violencia van desde la amenaza, algún atentado, o la anulación de la vida. Las víctimas pueden ser las personas candidatas, integrantes del equipo de campaña, o familiares. La motivación de dicho esfuerzo analítico de México Evalúa se basa en dos razonamientos: 1) los eventos de violencia política registrados en la elección de 2024, y 2) la importancia para el crimen de tener injerencia en el proceso electoral del poder judicial.
En la elección de 2024 se registraron 551 víctimas de violencia política, según Data Cívica. La mayoría proviene de elecciones para presidencias municipales, pues son cargos que, en manos de organizaciones delictivas, permiten controlar a las policías, gozar de impunidad, explotar con libertad mercados ilícitos (como la extorsión, el tráfico de migrantes o el secuestro, por ejemplo), tener información de primera mano sobre las presencia de organizaciones rivales en el municipio, e incluso controlar el ejercicio de partidas presupuestales, como la de obras públicas. Es decir, el control del gobierno municipal abona a la consolidación de las organizaciones.
Si un municipio es de interés para las ambiciones de la delincuencia, sería una ingenuidad no considerar que también lo serán las personas juzgadoras. Controlar a quienes imparten justicia brinda impunidad, permite litigar con facilidad los propios asuntos, pero más importante aún: los hace traficantes de influencias. Si un privado deseara ser favorecido con alguna resolución, el canal no será el juez en sí mismo, sino aquellos que amenazaron, movilizaron votos e impusieron a su candidato. O sea, el crimen organizado.
La consecuencia natural de lo anterior es que la ya de por sí excluyente justicia mexicana, será aún más excluyente, pues el crimen pedirá recursos para acceder a sus jueces. Quienes los tengan, podrán corromper a la justicia. Con certeza, la justicia no llegará a las personas más vulnerables.
Retomando el estudio de México Evalúa, ocho entidades federativas tienen un alto riesgo para las personas candidatas al poder judicial. Baja California, Chihuahua, Colima, Michoacán, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz. Cada una cumple con tres o cuatro de los siguientes factores de riesgo: 1) al menos tres municipios disputados por organizaciones; 2) al menos tres mercados ilícitos explotados; 3) un número mayor al promedio nacional de eventos violencia político-electoral cometidos en 2024 (17); y 4) porcentaje de cargos en disputa en elecciones judiciales de 2025 por arriba del 50%.
Los datos nos dicen dónde voltear la mirada. Cierto es que la 4T y su segundo piso tienen por sello invisibilizar la injerencia criminal en la política, pero los esfuerzos por generar información tienen por finalidad última que los tomadores de decisiones implementen acciones para evitar las consecuencias perniciosas del fenómeno. En 2024, las medidas de protección se limitaron a brindar una escolta de la Guardia Nacional para candidatas y candidatos que así lo solicitaron. Los casos de la candidata asesinada en Guanajuato y el candidato asesinado en Guerrero, exponen lo raquítico de aquel protocolo. No deberíamos repetir errores. Sin tener competencias en materia de seguridad, el Instituto Nacional Electoral emitió, el 25 de marzo, algunas medidas para construir un protocolo de actuación. Sin embargo, no son suficientes. Si se quiere lograr mayor seguridad, se requieren tres cosas: 1) focalizar la presencia de elementos policiales y de las Fuerzas Armadas en las entidades con mayor riesgo; 2) encapsular municipios con alta conflictividad o disputas criminales; y 3) construir un protocolo para la anulación de elecciones donde exista evidencia de influencia del crimen organizado.
La presencia de las fuerzas del orden funge como un elemento de disuasión, mientras que encapsular municipios en disputa por organizaciones criminales evita el contagio de la violencia en zonas aledañas. Por último, anular elecciones ante evidencias de infiltración del crimen organizado hace costosa la organización y ejecución de atentados, pues esta medida implica que aún si las organizaciones hicieran ganar a su candidato, tendrían que volver a operar en la elección subsecuente, pero para ese momento la autoridad contaría con más información para blindar la elección.
La información sólo se vuelve inteligencia cuando se usa para tomar decisiones. La estrategia de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum destaca por el uso de inteligencia sobre fuerza, enhorabuena. México Evalúa pone a consideración el mapa de riesgos y tres posicionamientos de política pública para evitar que la justicia en México sea más excluyente de lo que ya es.
Con información de El Sol de México
