Financiamiento de partidos políticos. Retroceso a la vista
Emilio Buendía
Los trabajos de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral han iniciado. El martes pasado, sus integrantes sostuvieron una reunión con las y los consejeros del Instituto Nacional Electoral, donde se abordaron algunos aspectos técnicos que, desde la perspectiva de la autoridad, debe considerar la Comisión en la propuesta de reforma en materia electoral.
Definitivamente, los aspectos técnicos son importantes. Sin embargo, ello no es suficiente. Cualquier reforma que aspire a mejorar la calidad de la democracia debe garantizar pluralidad política y diversidad ideológica. Sin ello, existe el riesgo de que la reforma electoral sea verdaderamente regresiva.
Lamentablemente, hemos escuchado que esos pilares se encuentran en riesgo, pues existe la idea de desaparecer el sistema de representación proporcional (tema del que ya escribí en la columna anterior), así como eliminar el financiamiento público de los partidos políticos en años no electorales.
La eliminación o reducción de financiamiento no es una propuesta novedosa. Muchos gobiernos han buscado implementarla con el firme propósito de ahorcar financieramente a los partidos políticos que no son mayoritarios y que tiendan a desaparecer. En esta ocasión, la idea consiste en que se eliminen los recursos que reciben entre procesos electorales, pues ello generaría un ahorro al erario. La austeridad como bandera.
Sin duda alguna, el argumento que existe en el ambiente público es atractivo, pero es falaz. Parte de una premisa equivocada: que eliminar el financiamiento representa un alivio real a las finanzas públicas. La realidad es distinta.
Seamos claros: quienes tienen esa visión ignoran intencionalmente dos aspectos. El primero de ellos es que los partidos políticos tienen encomendadas actividades que no están condicionadas por calendarios electorales. La Constitución y la ley les encomiendan promover la participación ciudadana en la vida democrática, lo que implica el desarrollo de actividades relacionadas con la promoción de valores cívicos y la cultura democrática.
Así, como puede advertirse, los partidos políticos, antes y después de que ocurren las elecciones, desarrollan actividades relacionadas con la capacitación política de miles de ciudadanas y ciudadanos, la formación de cuadros entre sus simpatizantes, la investigación y difusión de temas de naturaleza política y democrática (educación cívica) y orientan sus actividades a garantizar la paridad de género. De hecho, tienen la obligación de gastar un porcentaje de su financiamiento en dicho rubro.
Reducir o eliminar el financiamiento a los partidos políticos en años no electorales abriría las puertas a que el dinero privado o grupos de interés financien dichas actividades, con los riesgos que ello implica.
El segundo aspecto tiene que ver con el falso ahorro. Eliminar el financiamiento público de los partidos políticos en años no electorales no genera un ahorro sustancial para las finanzas del Estado. Francamente, el financiamiento público que reciben los partidos políticos es una fracción mínima del presupuesto federal.
El financiamiento público federal total 2025 para partidos fue superior a 7 mil millones de pesos, mientras que el Presupuesto de Egresos de la Federación en 2025 ascendió a más de nueve billones. Con ello, el financiamiento total a partidos equivale a 0.079 % del gasto federal. Como puede verse, el financiamiento a los partidos políticos en año no electoral representa menos de un peso por cada mil que gasta la Federación.
El supuesto ahorro es simbólico para las arcas del Estado, pero el costo sería altísimo en unos años. México no puede darse ese lujo. Simplemente se estaría debilitando la diversidad política e ideológica, a través de la asfixia financiera. Lo que se presenta como un recorte presupuestal, en realidad podría convertirse en un instrumento de recorte a la pluralidad y a la competencia política, y eso tendría un efecto negativo para todas y todos.
Hace menos de 50 años, solo había un partido político que controlaba todos los poderes de la Unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial). La reforma de 1977 sentó las bases de pluralidad y diversidad ideológica que son necesarias en todo sistema electoral y que, a la postre, permitió el cambio. Abrió espacios a la oposición, reconoció la representación proporcional y sembró las bases de un sistema plural de partidos políticos con prerrogativas que, con el tiempo, permitió la alternancia. En posteriores reformas se reguló el tema del financiamiento.
Recordemos o estudiemos el pasado de México. ¿Queremos retroceder a un esquema donde la pluralidad se asfixia con el pretexto de la austeridad? Yo no.
