El Universal, el debate
Ernesto Villanueva
La prensa mexicana (e incluyo radio, tv y medios digitales) ha estado habitualmente en el centro de la discusión sobre su credibilidad y su rigor deontológico para generar informaciones y opiniones de interés público.
No es, por supuesto, un asunto que sólo atañe a México. En efecto, la más reciente encuesta denominada World Values Survey Wave 7 (2017-2022) –cuyo mérito es que se trata de un trabajo académico, no comercial–, sostiene que sólo el 6.7% de los encuestados en México confía plenamente en los medios mientras el 36% no cree absolutamente en ellos. En Estados Unidos solamente el 5.3% tiene plena confianza en la prensa y el 23.8% no cree nada en ellos. En Canadá la tendencia es similar: 5.1% deposita su confianza total en los contenidos mediáticos y el 16% piensa exactamente lo contrario.
Cabe apuntar que tanto en Canadá como en Estados Unidos no existe legislación alguna en materia de publicidad oficial, de suerte que los espacios publicitarios se licitan como cualquier bien o servicio sin necesidad de una normatividad especial como pasa en México y en Europa.
En México la vinculación entre el gobierno y los medios es de vieja data y hasta la fecha hay discusiones sobre la falta de equidad y transparencia de los anuncios en la prensa en la propia ley especial para ese efecto.
El tema de los supuestos pagos al diario El Universal se ha convertido en parte de la agenda a la discusión a raíz de la afirmación de Héctor Villarreal Hernández, exsecretario de finanzas de Coahuila, en el proceso judicial en Nueva York contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad en el gobierno de Felipe Calderón.
Lo noticioso desde mi punto de vista es que paradójicamente las palabras del exfuncionario coahuilense sobre El Universal se hayan convertido en primera plana de algunos medios. ¿Dónde está el interés público en esa afirmación? No lo hay, porque se trata únicamente de dichos de una persona que tiene claramente un conflicto de interés (porque tiene incentivos para decir lo que dijo sobre el diario mexicano para reducir su condena en Estados Unidos) y se encuentra en prisión en Estados Unidos. Sería nota o de interés público si además de sus palabras hubiese grabaciones, documentos, videos o cualquier otro elemento que sustentara los dichos sobre El Universal. Hacer una noticia de gran relieve donde no hay dato duro alguno es contrario a los mínimos estándares éticos del quehacer periodístico.
Los artículos 21 y 22 del Código Europeo de Deontología del Periodismo sostienen que: “21. Por tanto, el ejercicio del periodismo no debe condicionar ni mediatizar la información veraz o imparcial y las opiniones honestas con la pretensión de crear o formar la opinión pública, ya que su legitimidad radica en hacer efectivo el derecho fundamental a la información de los ciudadanos en el marco del respeto de los valores democráticos. En este sentido, el legítimo periodismo de investigación tiene su límite en la veracidad y honestidad de informaciones y opiniones y debe ser incompatible con campañas periodísticas realizadas desde tomas de posiciones previas e intereses particulares. 22. En el ejercicio del periodismo, las informaciones y opiniones deben respetar la presunción de inocencia principalmente en los temas que permanecen sub judice, excluyendo establecer juicios paralelos.”
Si estos principios universales de la ética periodística se hubiesen observado, los dichos de referencia no se hubieran traducido en noticia. Si éticamente las palabras en cuestión no tendrían elementos noticiables, mucho menos tienen mérito o relevancia jurídica alguna.
En efecto, veamos porqué: a) Se transgrede el derecho a la presunción inocencia de la persona moral El Universal protegida por la Constitución, los tratados internacionales de derechos humanos firmados por México y los criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (entre ellos el publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 62, Enero de 2019, Tomo I, página 473); y b) Los dichos del señor Villarreal carecen de cualquier relevancia en un tribunal de derecho y serían notoriamente improcedentes para que pudieran tener la mínima posibilidad de tener consecuencias jurídicas por tratarse de un discurso temerario y frívolo. Hay un principio básico en derecho que sostiene que el que afirma tiene la carga de la prueba y aquí hasta ahora no hay ninguna.
Sin duda, el periodismo que hace El Universal puede ser objeto de escrutinio y también materia de análisis, pero de ahí a que las diferencias, con razón o sin ella, que puedan tener otros medios con El Universal se diriman haciendo un ajuste de cuentas con este medio es un despropósito. El Universal debería interponer los recursos judiciales a su alcance para resarcir su patrimonio moral, además de los daños y perjuicios que este linchamiento ilegítimo le está generando.
