¿Y si el verdadero obstáculo es la política?

“Durante demasiado tiempo, la conversación pública ha estado dominada por las grandes corporaciones alcoholeras que obtienen beneficios económicos del statu quo”.

Alejandro Calvillo

Durante años se nos ha repetido el mismo argumento. Cada vez que se plantea algún tipo de regulación a ese producto que causa daños por alrededor de 552 mil millones de pesos (mdp) cada año en México, que se vincula con uno de cada tres casos de violencia contra las mujeres y violencia intrafamiliar y con 112 muertes diarias, se responde que “La sociedad mexicana no la aceptará”. Este es el discurso favorito de una industria multinacional que ha logrado convertir sus intereses comerciales en supuestos consensos sociales, contando con fuertes aliados en el gobierno. Hablamos del alcohol.

Pero… ¿Y si esa narrativa no es cierta? Si no es cierto que no es la sociedad la que se opone a las regulaciones del alcohol, sino todo lo contrario.

Los resultados de una encuesta oficial reciente son contundentes: el 85 por ciento de la población aprueba impulsar varias medidas para reducir el consumo de alcohol, como restringir la publicidad de bebidas alcohólicas, eliminar el patrocinio deportivo, fortalecer los programas de alcoholimetría y limitar los días y horarios de venta.

Y en relación con la medida más efectiva para reducir el consumo y que se ha hecho pensar que no es apoyada por la población, como es el impuesto a estas bebidas, el 67 por ciento de la población mexicana está de acuerdo con ella, con aumentar los impuestos. Incluso, entre quienes consumen alcohol, más del 50 por ciento apoya incrementar los impuestos y más del 79 por ciento apoya el impulso de las demás regulaciones.

El estudio elaborado por investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (CONASAMA) de la Secretaría de Salud, utilizó datos representativos de la población mexicana obtenidos en la Encuesta Nacional de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT 2025), acaba de desmontar uno de los principales mitos corporativos que han frenado durante más de una década la actualización de las políticas de alcohol en México.

A la luz de estos resultados, vale la pena preguntarse, entonces, si la ciudadanía ha expresado que quiere una mejor regulación, ¿qué intereses siguen impidiendo que el Estado actúe?

Porque mientras la discusión pública permanece atrapada entre falsas dicotomías sobre “libertad de elección” y “prohibicionismo”, el consumo de alcohol continúa generando una enorme factura que termina pagando toda la sociedad.

La pagamos cuando una mujer llega golpeada a un servicio de urgencias después de un episodio de violencia familiar donde el alcohol estuvo presente. La pagamos cuando un joven pierde la vida en un siniestro vial provocado por un conductor alcoholizado. La pagamos cuando los hospitales destinan recursos crecientes para atender enfermedades hepáticas, diversos tipos de cáncer, lesiones, trastornos mentales y cientos de padecimientos relacionados con el consumo de alcohol. La pagan las empresas mediante pérdidas de productividad, ausentismo y accidentes laborales. La pagan las familias con ingresos reducidos, gastos médicos y vidas fracturadas, que destinan una buena parte de sus ingresos a tratar a sus familiares con problemas de alcohol.

La Organización Mundial de la Salud ha documentado que el alcohol contribuye a más de 200 enfermedades, lesiones y condiciones de salud, provocando alrededor de tres millones de muertes cada año en el mundo. Además, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC) clasifica al alcohol como un carcinógeno del Grupo 1, asociado con diversos tipos de cáncer: boca, garganta, laringe, esófago, mama, hígado, colon, recto y, recientemente, páncreas. En México, de acuerdo con datos del estudio de Carga Global de Enfermedad, mueren cada día 112 personas por causas asociadas al consumo de alcohol; esto significa que cuatro personas morirán en la siguiente hora en México por una causa que es 100 por ciento prevenible.

A pesar de esto, en el Poder Legislativo se sigue discutiendo si conviene actualizar un impuesto que, en términos reales, ha perdido buena parte de su capacidad para reducir la asequibilidad del alcohol. Mientras el impuesto al tabaco ha tenido aumentos en términos reales en 2011, 2020 y 2026, el impuesto al alcohol se ha mantenido prácticamente sin cambios desde 2014.

Y el consumo de alcohol le cuesta de manera directa e indirecta a México 552 mil mdp al año, lo que equivale al 2.1 por ciento del Producto Interno Bruto, mientras que, bajo el esquema de impuestos actual, en 2021 la industria alcoholera pagó apenas alrededor de 58 mil mdp en impuestos, 0.2 por ciento del PIB, menos del 10 por ciento de lo que cuesta.

Es un debate sobre quién absorbe los costos.

Hoy esos costos recaen sobre los sistemas públicos de salud, las familias, las víctimas de violencia y los contribuyentes. Mientras tanto, quienes obtienen las ganancias por la venta del alcohol no asumen proporcionalmente los daños sociales que genera su producto.

Ese desequilibrio explica por qué organismos internacionales como la OMS, la OCDE, el Banco Mundial y múltiples grupos de investigación internacionales insisten en la implementación de una combinación de políticas integrales: impuestos que reduzcan la asequibilidad del alcohol, restricciones a la publicidad, promoción y patrocinio de bebidas alcohólicas, regulación de la disponibilidad (días, horarios y puntos de venta), etiquetados con advertencias sanitarias, prevención de la conducción bajo los efectos del alcohol y acceso oportuno al tratamiento.

Ningún gobierno serio debería ignorar un consenso de esta magnitud. Mucho menos cuando hablamos de un problema que está relacionado con violencia familiar, homicidios, lesiones, accidentes de tránsito, enfermedades crónicas, cáncer, problemas de salud mental y enormes costos económicos para el Estado.

Actualizar la política nacional de alcohol ya no puede seguir posponiéndose.

Aumentar el impuesto es el primer paso. México necesita además una reforma integral que incorpore las medidas recomendadas por la iniciativa SAFER de la OMS: reducir la disponibilidad del alcohol, fortalecer las acciones contra la conducción bajo sus efectos, garantizar acceso al tratamiento, restringir integralmente la publicidad y el patrocinio, implementar etiquetados sanitarios efectivos y utilizar la política fiscal para disminuir la asequibilidad del alcohol. El respaldo ciudadano a estas acciones es ampliamente mayoritario.

Durante demasiado tiempo, la conversación pública ha estado dominada por las grandes corporaciones alcoholeras que obtienen beneficios económicos del statu quo. Hoy, la evidencia científica nacional demuestra que la sociedad mexicana está diciendo otra cosa.

Hoy ya no hay pretextos. La evidencia existe, las recomendaciones internacionales existen y ahora sabemos que la sociedad mexicana también respalda una regulación más fuerte del alcohol. Si todo apunta en la misma dirección, la pregunta ya no es por qué debemos regular el alcohol; la pregunta es por qué el Gobierno sigue sin hacerlo. ¿Qué ha impedido durante más de una década actualizar una regulación que protege la salud pública? ¿Por qué, cuando hay consenso científico y respaldo social, las decisiones siguen aplazándose? La inacción también tiene consecuencias, y esas consecuencias se cuentan en miles de muertes evitables, millones de pesos en costos para el sistema de salud y una enorme carga de violencia y discapacidad que hoy siguen pagando las familias mexicanas.

Agradezco a los maestros Luis Alonso Robledo y Norberto Hernández, de la Red de Acción sobre Alcohol (RASA), por su colaboración en esta columna.