SCJN: ni contrapoder político ni candidatura opositora 2024
Carlos Ramírez
Huérfana de liderazgos políticos reales y agobiada por el fardo de cartuchos quemados del viejo régimen como sus piezas clave, la oposición partidista está tratando de vender la idea de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es un contrapoder al presidencialismo y que la ministra presidenta ya está siendo perfilada como precandidata a la presidencia de la República para 2024.
Sin embargo, la Corte sólo está cumpliendo su papel como garante de la vigencia de lo que dice actualmente la Constitución, a diferencia de los años del viejo régimen priista de 1917-2022 en que fue una comparsa del Poder Ejecutivo Federal.
En realidad, el poder mediático de la Corte ha sido producto de los errores garrafales del Poder Ejecutivo Federal en iniciativas que fueron aprobados por la mayoría legislativa de Morena a sabiendas de que violaban con flagrancia la Constitución y hasta ahora la actual Corte no ha tomado ninguna iniciativa propia que pudiera reorganizar el sistema/régimen/Estado o redistribuir facultades, ni tiene el objetivo de reducirle espacio de poder del presidente de la República.
A pesar de que la Constitución señala con claridad en el párrafo 10 del artículo 21 que “las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil” y de que el párrafo 12 dice de manera textual que “la ley determinará la estructura orgánica y de dirección de la Guardia Nacional, que estará adscrita a la Secretaría del ramo de Seguridad Pública«, el presidente de la República primero aprobó leyes y reformas constitucionales anteriores, y luego sin reforma constitucional decretó darle subordinación militar a la Guardia Nacional.
Y si la decisión de adscribir la Guardia a la Sedena es una necesidad inevitable para mantener disciplina, objetivos y articulación, el problema de Palacio Nacional fue la falla de mecánica constitucionalista, además del incumplimiento de compromisos de reorganización de la seguridad nacional/seguridad interior y de la falta de un debate social respecto a la configuración del crimen organizado como un poder criminal alternativo que necesita –y está en ese proceso– de la captura de las instituciones civiles.
El Poder Ejecutivo no pudo documentar las razones de la construcción de un sistema civil de seguridad militar ante la ofensiva del crimen organizado. A las decisiones presidenciales le faltó mayor difusión de las argumentaciones del agotamiento de la vieja estructura civil de seguridad y no tuvo el reconocimiento a que el poder criminal no es de una banda de carteristas.
El argumento del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea debió de haber sido asumido como nueva estrategia: la reorganización de la Sedena dividió a esta dependencia en el área administrativo-política del despacho presidencial y el área operativa castrense con la definición de tres armas: Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, dejándole al titular de la Secretaría labores más de gestión burocrática-política de un cargo Ejecutivo que de jefe operativo de tropas, quizá porque el presidente de la República ha mantenido al titular de la Sedena como general-secretario, sin una división operativa y política de funciones.
Ante el fracaso de la Policía Judicial Federal, de la Policía Federal de seguridad, de la Policía Federal Preventiva y de la Policía Federal, la reorganización alrededor de la Guardia Nacional requería de un esfuerzo de discurso de Estado y la previsión del sentido final descentralizar en la Sedena la seguridad civil sin perder su condición civil. El presidente López Obrador aprobó las primeras reformas a la Constitución para fundar la Guardia a partir de criterios civiles, pero luego firmó decretos que pasaban por encima de los mandatos estrictos de la Carta Magna aprobados por el mismo Ejecutivo.
En la realidad política, la Suprema Corte no está conquistando nuevas facultades jurídico-políticas ni se está convirtiendo en un contrapoder, sino que de manera sencilla está cumpliendo un papel que la larga transición sistémica desde 1968 le ha ido otorgado como guardián de la Constitución. Una vez que se desahoguen las controversias contra decisiones presidenciales que incumplen el mandato de la Constitución, la Corte regresará a sus funciones jurídicas.
La crisis Poder Ejecutivo-Poder Judicial es producto de un descuido presidencial en materia de derecho político constitucional.
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