¿Gobierno de la ilegalidad?
Alfonso Carlos Ontiveros Salas
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La jornada del martes de la semana que corre fue intensa y la persecución gubernamental peor. Se intensifica la persecución y el linchamiento contra la Universidad Autónoma de Sinaloa y sus funcionarios*
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En una mañana, cuatro dependencias del gobierno del estado arribaron a la Universidad Autónoma de Sinaloa, exigiendo información relacionada con las funciones de cada una de ellas, habrá que reconocerlo. La ASE, la CEAIPES, Protección Civil y la oficina de transparencia. Todas fueron atendidas, mientras que los solicitantes de los servicios institucionales de la UAS tuvieron que esperar.
¿Fueron actos de persecución política contra los funcionarios de la Universidad o fue una verdadera casualidad? La presencia de personal de cuatro dependencias distintas al mismo tiempo del gobierno estatal, no se tiene memoria, por lo que me inclino más a la persecución y no a la casualidad.
Las autoridades del gobierno vienen bien instruidas para solicitar información que normativamente se encuentra en el portal oficial de la UAS y otra que por ser de carácter confidencial no se proporciona por tratarse de datos personales. No hay opacidad en eso; hay total certeza y así se encargaron de registrarlo dichas autoridades.
En el caso de la ASE es diferente: su presencia es con fines intimidatorios porque no tiene atribuciones legales para auditar ni los recursos federalizados ni los recursos propios de la UAS, ya que solo es competencia de la Auditoría Superior de la Federación como hasta la fecha lo viene haciendo y así ha quedado demostrado.
Los procedimientos de la ASE son arbitrarios y por ello ilegales. Avisan de la práctica de auditorías y al demostrársele que no son competente para auditar, inician el acta y en el desarrollo de la diligencia incorporan información y documentos que no son propios de la diligencia que se practica y además no permiten que se tenga acceso para su lectura al acta de la diligencia y exigen que el documento sea analizado en la pantalla de la computadora portátil que los auditores llevan para su uso oficial.
Acceder a esa pretensión sería riesgoso al interés oficial de la Universidad ya que el documento en medio electrónico corre el riesgo de ser manipulado por sus operadores ya que está conectado al servidor de sus oficinas centrales, por lo que no puede ser confiable.
Los funcionarios de la ASE se negaron categóricamente a sacar una impresión del documento para que el Abogado General y los asesores presentes en la diligencia, pudieran llevar a cabo su revisión exhaustiva y formular las observaciones pertinentes, la negativa fue categórica y la respuesta que se obtuvo fue que solo se imprimiría el documento para su firma y sin revisión física. Así se las gastan.
Las ilegalidades de los actos del gobierno serán denunciadas no obstante que se sabe que la Fiscalía se negará a recibir la denuncia penal que presente la UAS. La defensa continuará contra esa serie de actos arbitrarios e ilegales.
Mientras el gobierno distrae sus ocupaciones con fastidiar a la UAS, los criminales hacen de las suyas, ya que en unas horas levantan a cinco personas en Culiacán y la Senadora Imelda Castro se asusta, pega el grito al cielo y exige a las autoridades mayor atención a esos delitos.
La UAS seguirá en el camino que debe y sabe hacer, formar a los profesionistas que requiere el Estado y cumplir con la confianza depositada por la sociedad, mientras el Gobierno de hunde en su incapacidad para combatir la inseguridad y la impunidad.
Ante la persecución política evidente contra las autoridades universitarias por el gobierno estatal, se han solicitado las aperturas de los incidentes de incumplimiento de las suspensiones concedidas y que sean las autoridades federales quienes resuelvan y se encarguen de castigar a los violadores de las mismas.
