Por una normalización de los contrapesos en la Corte
Alejandra Quezada y Laurence Pantin
“Quien no está con nosotros está en contra de nosotros”. Estas palabras –o sus variaciones–, que pronunciaron Lenin en 1920, Musolini en 1924 y George W. Bush en 2001 después de los atentados del 11 de septiembre, también podrían haber salido de la boca del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Un día sí y otro también, el titular del Ejecutivo señala y critica a quienes considera que son sus adversarios. En este grupo, cada vez con más frecuencia, se encuentran representantes del Poder Judicial de la Federación, en particular algunos ministros de la Suprema Corte y su presidenta, la ministra Norma Piña.
Como si las constantes palabras de López Obrador no bastaran, en días recientes la Presidencia de la República subió de tono, y publicó tres comunicados criticando el actuar de la Corte.
El 2 de mayo, reprochó la filtración del proyecto de sentencia relacionado con las impugnaciones de las reformas a la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas aprobadas en diciembre pasado como parte del ‘Plan B’ electoral, al destacar que se trataba de una causa grave de responsabilidad y “una práctica ilegal que afecta el principio de imparcialidad de los funcionarios que imparten justicia” [1].
Al día siguiente, otro comunicado informó que la Consejería Jurídica de la Presidencia había solicitado formalmente a la Presidencia de la Suprema Corte que el Pleno resolviera primero unas acciones de inconstitucionalidad que se presentaron en 2018 en contra de reformas a la Ley General de Comunicación Social, y que todavía se encuentran pendientes de resolución. En él, hizo un llamado a la Corte “para que resuelva los asuntos de su conocimiento sin consignas ni distingos políticos, por el bien de la República y el sano equilibrio entre los Poderes de la Unión”.
Finalmente el 7 de mayo, en otro comunicado, Presidencia acusó a la Suprema Corte de resolver de manera distinta los asuntos relativos a reformas neoliberales y los vinculados a reformas del actual gobierno, y criticó varios puntos del proyecto de resolución del ministro Alberto Pérez Dayán. Concluyó con otro llamado, esta vez a las y los ministros, para que “actúen con responsabilidad y privilegien la solución del verdadero conflicto constitucional de las normas impugnadas por encima de las formalidades de trámite a las que hace referencia el proyecto de sentencia”, que planteaba declarar la inconstitucionalidad de la reforma por violaciones graves al procedimiento legislativo (lo cual sucedió).
¿Cómo tomar estos ataques recrudecidos por parte del titular del Ejecutivo? El Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York lo tiene claro: éstos “comprometen la autonomía del poder judicial y ponen en peligro el Estado de derecho en México”, según expresó el pasado 24 de abril a través de un pronunciamiento, el segundo después de que en agosto de 2022 externara que le preocupan las reiteradas menciones por parte del presidente López Obrador de que su gobierno investiga a jueces a causa de sus decisiones judiciales.
Pero demos dos pasos atrás. Tan sólo en el primer trimestre de este año (1 de enero al 31 de marzo) identificamos 30 señalamientos del presidente –realizados sin presentar evidencias objetivas– en contra del Poder Judicial federal y en particular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y su presidenta, la ministra Norma Lucía Piña. Desde la conferencia matutina se ha dicho que es un Poder Judicial secuestrado; que nunca había ayudado al pueblo; que sus juzgadores son corruptos y se dedican a liberar delincuentes [2]; que es una institución viciada y con intereses elitistas. El presidente ha llegado a señalar que a partir de la Presidencia de la ministra Norma Piña (asumida el 2 de enero de este año) “hay más actos que consideramos ilegales y de injusticias en contra del interés público”. Todo esto nos lleva a preguntar…
¿Por qué tanto ‘interés oficial’ en la Corte?
Recordemos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el máximo tribunal del país y que parte de sus funciones incluyen el rol de tribunal de constitucionalidad. Por ello, tiene última palabra en la aplicación e interpretación de los derechos humanos, y de los principios y pilares que sostienen el sistema democrático en nuestro país.
Es decir que la Corte no sólo es parte de uno de los tres poderes del Estado mexicano, sino que también tiene la responsabilidad de revisar las actuaciones de los otros dos poderes y ser la última voz en las decisiones de trascendencia para el Estado de derecho. Por ejemplo, ha tenido que decidir sobre el acceso a servicios de salud, la aplicación de la prisión preventiva oficiosa, la militarización y la organización de las Fuerzas Armadas, entre otros muchos asuntos (allí está, sin más, la acción de inconstitucionalidad 137/2022, por medio de la cual el Pleno de la Corte declaró que resulta contrario a la Constitución federal que la Guardia Nacional tenga mando militar y no civil).
Para que tal responsabilidad se lleve a cabo, deben existir las condiciones para que la Corte (el Poder Judicial federal, en general) resuelva con independencia, apego a derecho y transparencia. Los atributos, justamente, que resultan minados con cada ataque proveniente del Ejecutivo.
Hay que subrayarlo: desde el púlpito presidencial se lanzan, sin más, ataques, no argumentos para la discusión política en una lógica de división de poderes. Otro ejemplo: como reacción a la resolución adoptada en la acción de inconstitucionalidad mencionada, el titular del Ejecutivo expresó que la intención de los “ministros corruptos” era provocar una deserción masiva en las filas de la Guardia Nacional [3]. Incluso señaló que los ministros intentaron negociar la entrada en vigor, pero el presidente dio la orden de no hacerlo y que ni el teléfono les contestaba ya.
Lo que pretende ser la estocada final llegó cuando el presidente advirtió que propondría una reforma a la Constitución para garantizar el mando militar de la Guardia Nacional, como si él no tuviera que respetar los principios democráticos contenidos en la Carta Magna, sino que ésta tuviera que adaptarse a sus intereses o necesidades. Lo mismo pasó después de que el Pleno de la Corte invalidara el primer decreto del Plan B electoral. Como represalia en contra de los ministros, prometió proponer otra reforma constitucional para que los juzgadores sean nombrados por voto popular, algo que consideramos poco aconsejable, como lo expresamos en otra ocasión. ¿Hay probabilidades de que esas declaraciones se conviertan en realidad?
Constitución rígida en la norma, pero flexible en los hechos
El presidente de la República tiene la esperanza de recuperar la mayoría legislativa necesaria para reformar la Constitución (dos tercios de cada Cámara [4]) en las elecciones legislativas del próximo año, que acompañarán a la presidencial. Por eso, ha dicho que esperará a ese momento para presentar una iniciativa en ese sentido.
¿Podría suceder? Aunque nuestra Constitución podría ser clasificada teóricamente como una carta magna rígida –debido a que su modificación requiere de un procedimiento legislativo y una votación más estricta en comparación con un proceso legislativo para modificar una ley ordinaria–, en los hechos ha sido muy flexible, pues se ha modificado muchas veces desde su entrada en vigor.
Para expertos constitucionalistas como Pedro Salazar Ugarte o Héctor Fix-Zamudio y Salvador Valencia [5], que se hayan realizado tantas reformas constitucionales, logradas con falta de técnica y/o de un estudio de fondo apropiados, es motivo de preocupación. Además, en México el único control del contenido de las reformas constitucionales es el análisis a cargo del Poder Legislativo, el cual genera dudas sobre su suficiencia y si se realiza con la diligencia necesaria [6].
Afectaciones a la vida nacional (y personal)
Como hemos referido en otras ocasiones, las palabras que se expresan desde la palestra presidencial no son inocuas. Las acusaciones sin evidencia y las amenazas de realizar reformas constitucionales bajo la técnica de la aplanadora tienen consecuencias al menos en tres sentidos.
Primero, su reiteración e intensidad los convierten en ataques cabales a la independencia judicial.
Segundo, generan confusión sobre las funciones y el desempeño de los poderes judiciales y sus juzgadores, y tienen un impacto negativo en la percepción ciudadana de estas instituciones, lo que termina afectando su legitimidad.
Finalmente, pueden poner en riesgo la seguridad y la vida de los juzgadores y de otras personas que laboren en los poderes judiciales. Tan sólo el mes pasado las acusaciones lanzadas tuvieron como consecuencia una amenaza de muerte en redes sociales en contra de la ministra presidenta Norma Piña, y la quema de una figura con la imagen de su rostro. Ahora, justo después de que la SCJN resolviera que la Guardia Nacional no tendría un mando militar y que el presidente expresara su desacuerdo, simpatizantes de Morena instalaron un plantón enfrente de la Corte desde donde lanzan consignas en contra de la ministra presidenta y exigen su renuncia.
Que valgan estas líneas como un llamado al respeto de la independencia judicial (tanto de las instituciones como la de los juzgadores) y a actuar en el marco de los contrapesos que sostienen el sistema democrático mexicano. Atentar contra las instituciones y la división de poderes, al tiempo que se usa la mayoría para dinamitar consensos, ensombrecen el futuro de nuestro país.
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[1] Si bien es cierto que la filtración de proyectos de resolución por parte de algunos funcionarios de la Suprema Corte es una práctica irregular, llama la atención que la presidencia de la República se escandalice por este caso en particular, cuando en numerosos otros casos se han filtrado proyectos sin que se conmueva el presidente. Por ejemplo, el año pasado el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, tuvo acceso a un proyecto de sentencia en el caso que lo oponía a la familia de su difunto hermano, mientras que la contraparte declaró no haber tenido acceso al mismo, y el presidente no se pronunció al respecto. Vale la pena recordar que, en ese momento, el entonces presidente de la Corte, el ministro Arturo Zaldívar minimizó la importancia de tales filtraciones bajo el argumento de que son muy comunes. Creemos que, en general, estas filtraciones deberían ser investigadas y, sobre todo, debería encontrarse un mecanismo para acabar con ellas.
[2] “Los jueces deciden liberar a presuntos delincuentes de manera injustificada. Cada vez que haya un hecho que consideremos ilegal, de presunta corrupción, no sólo lo vamos a mandar a la judicatura, sino que lo vamos a denunciar.” Conferencia del 12 de enero de 2023. https://lopezobrador.org.mx/2023/01/12/version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-888/
“Antes, era recurrente que los fines de semana los jueces liberaran a presuntos delincuentes y no se sabía. Ahora hay una instrucción de denunciar.” Conferencia del 24 de enero de 2023: https://lopezobrador.org.mx/2023/01/24/version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-896/
“Es parte de la decadencia del Poder Judicial, no se ha podido reformar ese poder que viene del antiguo régimen y está infectado, plagado de corrupción. Es un Poder Judicial que se fue construyendo para proteger a corruptos y a las élites del poder económico y del poder político en nuestro país, entonces por eso esos amparos constantes. Hay protección, lamentablemente, para delincuentes comunes o los llamados delincuentes de la delincuencia organizada y protección para delincuentes de cuello blanco, que esos son los predilectos, eran los hijos predilectos del régimen anterior. Ojalá y el Poder Judicial se reforme.”
El Consejo de la Judicatura es “un florero, está de adorno, porque no hay ningún señalamiento a un juez, a un magistrado”.
“Y apenas llegó la nueva presidenta y se desata una ola de resoluciones a favor de presuntos delincuentes.” Conferencia del 1 de marzo del 2023: https://lopezobrador.org.mx/2023/03/01/version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-920/
[3] “Miren lo que hicieron estos ministros irresponsables y corruptos, impidieron el que se mantengan los grados, ascensos, con el propósito de que provocar una deserción masiva.” Conferencia del 21 de abril de 2023: https://www.gob.mx/presidencia/articulos/version-estenografica-conferencia-de-prensa-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-del-21-de-abril-de-2023?idiom=es
[4] Además de la aprobación por la Cámara de Diputados y el Senado, las reformas constitucionales deben ser aprobadas por la mitad de los congresos locales, los cuales, en la mayor parte de los estados, tienen mayoría de Morena.
[5] Fix Zamudio, H. y Valencia Carmona, S. (2013). Derecho Constitucional Mexicano y comparado. Porrúa.
Se pueden consultar las páginas 122 a 124 del libro titulado “Derecho constitucional mexicano y comparado”.
[6] Para más detalle sobre el análisis del control a las reformas constitucionales puede consultarse Quezada Ferreira, A. (2019). “El control de las reformas a la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos”. (Tesis de Licenciatura). Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Derecho, UNAM. Recuperado de https://repositorio.unam.mx/contenidos/3512916
Alejandra Quezada (@quezada_as) es investigadora del Programa de Transparencia en la Justicia de México Evalúa, que coordina Laurence Pantin (@lpantin). Los autores agradecen la revisión de Pablo García.
