Concesiones mineras, raíz de la destitución de Pedro Castillo
Arturo Cano
Camino a un mejor lugar para la charla, pregunto al abogado Eugenio Raúl Zaffaroni (Buenos Aires, 1940): “¿Cuántos de sus 32 doctorados honoris causa son mexicanos?” “Tres de 49”, responde, con sonrisa afable.
Con esa misma actitud habla, con voz de sabio profesor, de su defendido de estos días, el depuesto presidente del Perú, Pedro Castillo. Tras explicar en tres pinceladas los caminos jurídicos –y políticos– posibles, Zaffaroni llega al punto medular de la crisis peruana: el presidente de Perú fue destituido y apresado porque “vencen las concesiones mineras, extractivas y de servicios públicos de [Alberto] Fujimori y Pedro Castillo no las iba a renovar. Como siempre en estas cosas hay que ver cuál es el interés financiero que hay detrás, esa es la cuestión”.
Zaffaroni es uno de los teóricos del derecho más citados en América Latina y Europa. En uno de los muchos homenajes que ha recibido se le define como “un ejemplo de vida para quienes defienden los derechos humanos en el ámbito específico del proceso penal y en general en defensa del individuo frente al poder estatal”.
Una reseña de su trayectoria ocuparía páginas enteras. Baste agregar aquí que formó parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Argentina (2003-14) y fue integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2016-22).
En la entrevista es acompañado por Guido Croxatto, el abogado con el que comparte la defensa de Castillo en el plano internacional.
Aquí, extractos de la charla.
La defensa de Castillo se ha centrado en las irregularidades de su destitución, pero a ese hecho se han sumado denuncias por la “violación a las condiciones mínimas de dignidad de la detención. Por ejemplo, no se le deja comunicar con su familia”, cita Zaffaroni.
Croxatto agrega que Castillo fue apresado “ilegalmente”, cuando trataba de llevar a su familia a la embajada de México, que Alondra (hija de Castillo) no pudo hablar durante varios días luego de que le “apuntaron con armas de guerra”. Lilia, la esposa de Castillo, así como Alondra y Arnold, sus hijos, se encuentran en México desde diciembre pasado.
“Hay una animosidad racista contra él y su familia y contra los sectores que él representa. El trato degradante que recibe en prisión… se le exhibe como un trofeo en los medios de comunicación los domingos en la noche, todo el país puede ver cómo lo filman mientras está en el jardín, violando su privacidad… Ahí hay una violación de todo tipo de derechos”, asegura Croxatto.
–No le perdonan haber ganado la presidencia.
–No sólo eso. Hay una cuestión racista, sí es cierto. Es decir, “este cholo no puede ser presidente”. Es una vieja cuestión racista que atraviesa toda la historia de Perú.
Aquí Zaffaroni se refiere a la razón de fondo para echar del poder a Castillo: el vencimiento de concesiones extractivas y de servicios públicos otorgadas en los tiempos de Alberto Fujimori.
Precisa Croxatto: “[Las concesiones] vencen de acá a 2026, [se trata de] concesiones vinculadas también a esta Constitución neoliberal y apócrifa, como se dice en Perú, de Fujimori. Que Castillo quería reformar. Castillo no sólo dijo que quería nacionalizar los recursos, que no iba a renovar los contratos/leyes de la época de Fujimori afectando intereses económicos extranjeros, y además quiere una constitución con cuota indígena. Todo esto va en contra de los intereses concentrados que hay en Lima que además son culturalmente racistas y que no le perdonan a Castillo tampoco haber ganado las elecciones. Evidentemente lo normal para una persona como Castillo era estar presa, no ser presidente”.
Para Zaffaroni, el remplazo de la “Constitución del APRA” por la de Fujimori dio lugar a una ley suprema “insólita” que “explica la sucesión cinematográfica de presidentes”.
–Una Constitución para la inestabilidad política.
–Sí. Ha mezclado el sistema presidencialista con el parlamentario en forma tal que no puede funcionar ningún gobierno– explica Zaffaroni–. Es decir, mantienen una apariencia de sistema presidencialista pero el presidente tiene que pedir acuerdo al Congreso para nombrar ministros. Si le rechazan dos gabinetes entonces se puede disolver el Congreso, pero el Congreso puede destituir al presidente. Es un entramado en el que nadie puede gobernar. No es una cuestión ideológica, de izquierda o derecha, en Perú no puede gobernar nadie.
La postura de México
México se niega a entregar a Perú la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico, pues no reconoce la presidencia de Dina Boluarte.
Croxatto sostiene que México y Colombia “tienen una postura muy clara. López Obrador actúa de modo correcto y constitucional, el único modo compatible con una democracia.
“El único apoyo que hay es el de la cancillería chilena, que evidentemente está privilegiando los negocios de las corporaciones chilenas por sobre las vidas de las personas en Perú. Hay 70 asesinadas, pero parece que para la cancillería chilena, que encima es de un gobierno progresista, no son suficientes. Parece que son vidas que valen menos que las demás; no entiendo por qué.”
Zaffaroni añade las referencias históricas: “México ha tenido una línea política muy clara, que la ha mantenido, pese a las diferencias políticas, desde la época de Lázaro Cárdenas, el asilo a los republicanos, a todos los perseguidos del sur, la cantidad de argentinos que estuvieron acá, a la forma en que un día la inteligencia mexicana agarró a un equipo de la inteligencia argentina que había mandado la dictadura”.
Con la experiencia que le da su trayectoria, hace una apuesta: “Voy a decir algo que, en una de esas, suena raro. Quienes deben tomar medidas judiciales son muchas veces, tanto en el orden nacional como el internacional, son muchas veces sensibles a los cambios de poder político. En cuanto esto empiece, y creo que ha empezado una cierta decadencia, el desprestigio internacional, etcétera, creo que los propios errores que está cometiendo el gobierno de Boluarte, bueno no sé si gobierna ella o quien gobierne, ella es una pieza…
“Ella es un títere”, añade Croxatto.
Y sigue Zaffaroni: “Es una mujer con una enorme inconsciencia política, a la larga va a cargar ella con la responsabilidad de los 70 muertos, de la misma manera que [Jeanine] Áñez cargó en Bolivia. A Boluarte le va a pasar lo mismo”.
Entre los errores que terminarán por sacar a Boluarte del poder, el abogado menciona “declarar delito la protesta”, la prohibición de que Castillo pueda ser visitado por abogados de otros países, llamar a Evo Morales a una indagatoria… “Bueno, todas esas cosas contribuyen a un desprestigio internacional que en algún momento sí va a hacer mella en quienes tienen que tomar determinaciones.”
¿Ministros por elección?
La oportunidad de charlar con Eugenio Zaffaroni lleva, inevitablemente, a un tema de actualidad en México: la reforma del sistema judicial y la propuesta de que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se elijan por votación popular.
Con paciencia de buen profesor, Zaffaroni explica los dos modelos en boga en América Latina, el “gringo y el europeo continental”. El segundo le parece “más difícil de manipular políticamente; el modelo europeo corona el Poder Judicial con una corte muy numerosa que lo que hace es unificar criterios de interpretación”.
–¿Ministros por elección?
–No, en ese sentido no… elección directa de jueces… sí, eso empezó con la Revolución Francesa, después los guillotinaron a todos y llamaron a Napoleón.
“Desde el punto de vista teórico, claro, lo mejor es la base popular, pero al rato, y en esto me refiero también a la experiencia de Evo Morales y de Álvaro García Linera, que los escuché hablar de esto, es que empiezan a formarse organizaciones no gubernamentales (ONG) rarísimas, es muy difícil hacer la elección popular al margen de los partidos políticos, los jueces; habría que pensarlo; pero ese es el riesgo, el riesgo de que se corrompa todo el sistema…”
