Por “negocio” los ataques contra funcionarios de la UAS
Álvaro Aragón Ayala
Para quienes practican el “comercio noticioso” defender a los funcionarios de la Universidad Autónoma de Sinaloa, a quienes Rubén Rocha Moya ha fabricado delitos, es cometer un error de perspectiva ya que no es negocio. El gobierno del estado paga contratos a la mayoría de los medios de comunicación para que ataquen a la UAS y sus autoridades. No es rentable entonces para los periodistas mercantilizados apoyar a la Casa Rosalina.
Ciertamente. Porque los universitarios rechazaron la aplicación de la Ley de Educación Superior, violatoria a la autonomía universitaria, el gobernador Rubén Rocha emprendió la persecución política y el acoso judicial contra el Rector Jesús Madueña Molina y el Comité de Compras o Adquisiciones de la UAS, novelando falsos sucesos en los que destaca la criminalización de las autoridades universitarias. Las piezas que mueve el mandatario estatal para intentar tomar por asalto a la Casa Rosalina están a la vista.
Con la Ley de Educación Superior del Estado, Rubén Rocha pretende convertirse en Rector Externo y dominar a la UAS desde el Tercer Piso, el Congreso Local y la SEPyC. El rechazo a la aplicación de la Ley de marras desató la ira del gobernador: instrumentalizó, contra la Casa Rosalina, al Congreso Local, a la UIPES, a la Fiscalía General de Justicia y al Tribunal Superior de Justicia, entes apoyados por una costosísima campaña de descrédito de los funcionarios universitarios.
Rocha Moya alquiló a la casi la totalidad de los periodistas de Sinaloa por medio de contratos de publicidad o con pagos directos. Así, en medio de una virtual indefensión mediática dado que para la mayoría de los comunicadores respaldar a la UAS no es negocio y representa un desafío al gobernador Rubén Rocha, un reducido grupo de periodistas profesionales y de universitarios crearon un bloque informativo de contención para impedir la destrucción “periodística” de la Casa Rosalina, convencidos de que contra los funcionarios de la máxima casa de estudios se comete la peor de las infamias jamás antes vista.
Ese bloque de comunicadores ha hecho posible examinar la utilización contra la UAS de instrumentos como el espionaje, el acoso y el linchamiento informativo y la amenaza de cárcel, exilio y ostracismo. Descubrió que la Fiscalía General de Justicia opera como Tribunal de la Inquisición, pues ha fabricado la culpabilidad de las autoridades de la UAS con el respaldo de “investigaciones” no judiciales. En sí, la FGJ es una fábrica de demandas legaloides.
La persecución política ordenada y desarrollada por Rubén Rocha tiene un abanico graduado que en un extremo revela una dictadura estatal dispuesta a encarcelar a quienes no se sometan a sus caprichos y en la otra arista se localiza el acoso y la persecución propagandística, la obstaculización institucional y la creación de falsedades. La criminalización es el denominador común contra las autoridades rosalinas.
El equipo de comunicadores documentó el pago de millonarias sumas de dinero, vía contratos de publicidad, a un amplio segmento de periodistas que están obligados a atacar a la UAS y a reducirle sus espacios para la réplica o la defensa pública, además de ser forzados a no ejercer ninguna crítica contra el gobernador por incurrir en abuso del poder y violar el debido proceso y a la presunción de inocencia de los funcionarios universitarios perseguidos.
Los contratados por Rubén Rocha Moya están obligados a soportar sus desplantes y sus ofensas. El mandatario estatal los ha exhibido con la expresión pública de que “de aquí viven” o de “aquí comen” y de que pese a que se les paga en ocasiones prefieren publicar “mitotes” que el quehacer del gobierno que él encabeza. La vejación periodística es vergonzosa.
En los espacios pagados por Rubén Rocha, en la categoría de opinión, sobresalen los calificativos de banda delictiva, corruptos, saqueadores, ladrones del presupuesto universitario y otros epítetos, enderezadas contra los universitarios, injurias que rebasan el ejercicio profesional del análisis o de critica periodística objetiva que es sustituida por el insulto o la descalificación para cumplir con el contrato publicitario.
