Los partidos y la crimilegalidad

Leopoldo Mendívil

Entre los dimes y diretes alrededor de la ejecución de la candidata morenista a la presidencia municipal de Celaya, Gisela Gaytán, varias cosas quedan claras.

Primero que nada y como lo advertimos en este espacio en el mes de febrero, el mecanismo de protección a candidatos es un vericueto burocrático, haciendo que la respuesta de las autoridades sea muy lenta. No es que sea un experto en inteligencia o en seguridad; era de sentido común que el procedimiento de solicitud y otorgamiento de protección no iba a funcionar.

¿Por qué se hizo un procedimiento tan poco eficaz? Porque nadie quiere asumir la responsabilidad que le corresponde como funcionario y reconocer abiertamente que México es un país con altísima criminalidad –el tercero a nivel mundial- para luego actuar en consecuencia.

Al principio de las contiendas, los partidos y el gobierno quisieron echarle la bolita al INE, pidiéndole un mapa de riesgos; me pregunto entonces: ¿acaso el gobierno federal no cuenta con tal mapa? Si no lo tienen, ¿para qué sirve el gabinete de seguridad que se reúne todas las mañanas?, ¿qué se hace con la información de inteligencia recabada por los Centros de Fusión de SEDENA?

Columnistas y analistas políticos, desde el 2023, encendimos las alarmas de que las elecciones iban a darse en un clima de violencia política muy alto; mucho peor que en 2021, cuando ocurrieron 102 asesinatos de personajes políticos, de los cuales una tercera parte fueron de candidatos (Etellekt Consultores). Era obvio en la medida que el crimen organizado se ha extendido más y cada vez tiene menos límites en su accionar.

Más recientemente, el último reporte de Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Crime hizo la misma advertencia: “serán los comicios más violentos de la vida política de México”.

Lamentablemente, el pronóstico se está cumpliendo. En diciembre de 2023, fueron asesinados siete aspirantes y en este 2024 ya son 20 los candidatos asesinados (Integralia Consultores). Y apenas vamos en el segundo mes de campaña.

En Palacio Nacional desestimaron las advertencias una y otra vez; ya ni enojarse es bueno, pues sabemos que el presidente vive en un mundo paralelo donde toda camina en orden y los mexicanos son muy felices.

Lo que me resulta inaceptable es la conducta de los partidos y en particular de MORENA. Los guindas ahora apoyan al presidente en su demanda de que renuncie el gobernador panista Diego Sinhue Rodríguez. Que quede claro, no lo estoy exculpando, como tampoco a su secretario de Gobierno, Jesús Oviedo; a lo que voy es que entre los aspirantes y candidatos ultimados, los hay de estados gobernados por MORENA y nunca levantaron la voz como ayer.

Hay un agravante. En todos los asesinatos sólo se abona a la narrativa que hace de la delincuencia un ente obscuro e invencible. Se habla de “unos sicarios” que “huyeron en una moto”, “ya se está investigando”, bla, bla, bla. Como si detrás de tales fantasmas no hubiera malandros de carne y hueso que ordenan las ejecuciones y por determinados intereses. El misterio y la impunidad son la única respuesta.

En vez de rasgarse las vestiduras únicamente por lo ocurrido en Celaya, los políticos de todos los partidos debieron de ocuparse de cómo evitar la infiltraciones del crimen organizado, si es que realmente querían apartarse de tal compañía.

Para protegerse como organizaciones y proteger a sus candidatos, debieron analizar, junto con las autoridades de seguridad, “los patrones regulares de intercambio e interacción social –entre actores privados y públicos, y estatales y no-estatales que se extienden sobre la brecha que comúnmente divide al ámbito de la legalidad (‘mundo legítimo’) del ámbito de la criminalidad (‘bajo mundo ilegítimo’)” y cómo están influyendo en nuestro orden político (Schultze-Kraf, Íconos 55.2016.189). Ese era su mapa de riesgos, no solo el número de homicidios dolosos.

Pero parece que mientras haya quien aporte a las campañas, los partidos y los políticos y funcionarios de ellos emanados pueden vivir tranquilamente en lo que se conoce ahora como crimilegalidad. Puede difundirse en los medios que el crimen organizado controla la producción y distribución del pollo o del limón, y no pasa nada. Los precios suben, los productos se venden y todos en paz. Pueden aparecer imágenes de funcionarios desayunando con malandros que ponen de cabeza una entidad, que todos seguirán en su puesto.

Si de algo puede servir el muy lamentable asesinato de Gisela Gaytán y los otros candidatos, que sea para que autoridades federales y estatales, así como los partidos dejen atrás su indolencia, cuando no su connivencia.

No solo están erosionando nuestra joven democracia. El país está por írseles de las manos.

Con información de Crónica