Gobierno de Rocha “esfuma” a seis desaparecidos
Álvaro Aragón Ayala
El gobernador Rubén Rocha Moya aplica la Ley del Disimulo para intentar enterrar la magnitud de los sucesos violentos que generaron el desplazamiento de decenas de familias de las comunidades serranas hacia la ciudad de Guamúchil, para proteger sus vidas, al grado de que seis ciudadanos adquirieron el rango de doblemente desaparecidos a causa de la ola criminal que azota Sinaloa Municipio.
Usando como “diagnóstico de seguridad” el que los carros distribuidores de las Sabritas, el Bimbo y la Coca-Cola ya entraron a las tiendas de los poblados de “Los Altos” a entregar sus productos, para el gobierno rochista el problema de la violencia ya se terminó por lo que los desplazados pueden ya regresar a sus casas, porque, además, les cerrará el albergue del que desaparecieron seis personas que no aparecen por ningún lado.
En el libro de su autoría “El Disimulo; así nació el narco”, Rubén Rocha Moya explica que “el disimulo es una forma de ocultar o de fingir que la realidad es otra o inexistente; encubrir o permitir la trasgresión de la ley, del precepto, a cambio de prebendas y sobornos. Y precisamente, a esa Ley, la del Disimulo, recurre el gobernador para aparentar que no existe violencia en Sinaloa de Leyva. Es más: que nunca existió.
En ese libro, tipo novela, el gobernador, con el rango de escritor trasnochado, trazó una historia donde los pacíficos habitantes de Chepederas “ven alterada la convivencia por la permisividad del cultivo, comercio y trasiego de estupefacientes. La violencia y la ambición se apoderan de la voluntad de la mayoría de los nativos del pueblo. En poco tiempo las opciones de vida son casi inexistentes si no es por el camino del narco”.
No es casual, entonces, que cobijados por el disimulo extremo para aparentar que el problema de la violencia ya “se resolvió”, los funcionarios rochistas “esfumen” de la faz de la tierra a seis ciudadanos reportados por sus familiares como desaparecidos del albergue de Guamúchil, ciudadanos que para el gobierno de Sinaloa no existen, son “fantasmas”, y nunca desaparecieron porque “no fueron registrados” en la lista de desplazados de Sinaloa Municipio.
Sin embargo, nadie se traga el cuento del disimulo rochista, porque, ante la amenaza de dar por terminado el problema de los desplazados y la amenaza de cerrar el albergue, familiares de las seis personas desaparecidas advirtieron que no se irán del plantel hasta que no aparezcan vivos o muertos.
“Ya no queremos más vidas perdidas, queremos que nos atiendan, queremos protección y no nos vamos a ir hasta que aparezcan; los queremos vivos o muertos, pero queremos que aparezcan”, dijo una persona de las refugiadas con una cartulina mediante la que exigían a la autoridad los ayude a localizar a los desaparecidos.
Las seis personas que se encontraban en el albergue tras ser desplazados por la violencia generada en San José de Las Delicias, Sinaloa Municipio, fueron reportadas como desaparecidas desde este miércoles y se denunció que todos fueron sacadas con engaños del albergue desde el domingo por la noche.
Los familiares de los ahora desaparecidos, que se refugian en el albergue, revelaron que los desaparecidos son los hermanos Cristino “N”, de 47 años de edad, César “N” de 45 años y Gildardo “N” de 32 años, así como también Juan Carlos “N”, de 26 años, Jesús Rosendo “N” de 38 años y José Rosario “N’ de 36 años, estos últimos también hermanos; los seis son familiares.
Según la versión de los parientes, estás personas se encontraban en el albergue y el domingo por la noche, llegó un primo de ellos quién les dijo que salieran, que venía por ellos para ir a hacer unas vueltas, y hasta la fecha no se sabe nada del paradero de los seis refugiados, ni del familiar que llegó por ellos al albergue.
La Fiscal Sara Bruna Quiñónez negó la existencia de los desaparecidos alegando, también, que el problema de la violencia está resuelto; la titular de la Secretaría del Bienestar, María Inés Pérez Corral, jura por todos los santos que los desaparecidos no aparecen en el registro del albergue. Los ciudadanos fueron, pues, “borrados del mapa” para dar cumplimiento a la Ley del Disimulo de Rocha Moya.
