Desaparición forzada, sin respuestas ni cierre
Roberto Rosales
“Se debe luchar no solo contra la desaparición forzada de personas, sino contra la impunidad, contra el olvido: Si los olvidan, si los olvidamos, mueren”.
Centro Nacional de Memoria Histórica, 2016, p.30
Recordar a las víctimas, sus familias y seres queridos que viven en perpetua incertidumbre al conmemorar el Día Internacional contra las Desapariciones Forzadas es, en sí mismo, un acto de resistencia. Conmemorar este día subraya la necesidad imperiosa de confrontar la persistente impunidad y la injusticia que enmarcan este delito.
La desaparición forzada, en su definición, engloba la dolorosa realidad de privar de manera arbitraria la libertad de un individuo a manos de agentes del Estado. Junto con esto, la detención se niega rutinariamente, generando sufrimiento al mantener en secreto el paradero y la suerte de la víctima.
En los últimos años hemos observado un aumento preocupante en la incidencia de este delito. Aunque históricamente se ha relacionado principalmente con la represión política, su alcance ha crecido para incluir la violencia del crimen organizado y la opresión contra las personas defensoras de derechos humanos.
En este contexto, es fundamental centrarse en la situación de las personas en movilidad, en particular los solicitantes de asilo en México y Estados Unidos, que corren un riesgo especial al transitar por México. Sus pasos los conducen hacia la búsqueda de condiciones de vida más dignas. No obstante, su camino implica una serie riesgos que desafían toda narrativa imaginable, que lamentablemente, los convierten en protagonistas trágicos de una crónica sombría, cuyos capítulos se tejen con los hilos del secuestro, la extorsión y, en múltiples ocasiones, la desaparición forzada.
No obstante, lo particular de este tipo de delitos radica en que son los familiares de las víctimas quienes experimentan de manera continua las devastadoras consecuencias de la desaparición de un ser querido. Recibiendo solamente indicios y ninguna certeza concluyente, esto se debe a que la investigación en términos administrativos permanece abierta hasta que se descubra el paradero definitivo de la víctima.
Este ciclo de incertidumbre y sufrimiento se alimenta de manera constante, y lo que resulta aún más inquietante es que las instituciones encargadas, lejos de abordar esta problemática, a menudo optan por un silencio sistemático. Esto no permite que las familias logren un cierre adecuado del duelo que están atravesando, manteniéndolas en un estado de espera revictimizante, con la esperanza de conocer el destino final de sus seres queridos.
Está claro que la respuesta del Estado mexicano a estos actos se ha caracterizado por una inquietante pasividad y una falta de medidas efectivas para abordar el problema y garantizar que quienes resultaron perjudicados reciban justicia. Ante esta situación, la sociedad civil es fundamental para proteger los derechos de quienes han sido víctimas de este delito y tomar acciones que faciliten su acceso a la justicia.
