Los “anónimos” de Jhenny Judith Bernal
Álvaro Aragón Ayala
El recuento de 23 sinaloenses anónimos en supuesta situación de riesgo dados a conocer en el balance de la directora del Instituto de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, Jhenny Judith Bernal Arellano, para ejercer presión y conseguir más presupuesto para sus tortas, no se sabe si es en verdad una cifra real que cala los huesos o es un cuento inventado y lanzado al azar para simular trabajo como lo hacía como brazo derecho de Juan José Ríos Estavillo cuando éste se empoderó en la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
La ex asesora de la CEDH e hipotética “protectora” de periodistas y defensores de los derechos humanos tiene ya un mes dando a conocer que presta servicio de “resguardo” a 23 personas, no identificadas públicamente, ya que, paradójicamente, Bernal Arellano las invisibilizó saliéndose de los cánones de la máxima publicidad. El ocultamiento de la información es delicado dado que esa cantidad manda la lectura de un estado amenazante o represor, si es que es el gobierno quien atenta contra esas personas. Aún no se sabe.
Con el anonimato de esos “23 beneficiarios de las cuales el Instituto ya emitió alguna medida a su favor”, Jhenny Judith Bernal nutre el desconcierto de los periodistas, primero por no saber quienes son blanco de amenazas y segundo por desconocer si algún defensor de los derechos humanos, de los que hay pocos en Sinaloa, se convirtió en un perseguido político del régimen estatal o de alguna autoridad local o de algún político encumbrado. Quienes le dan seguimiento al “trabajo” de Jhenny únicamente conocen la cifra, más no los detalles de las presuntas agresiones.
De esos 23 “beneficiarios” del Instituto, la ex colaboradora de Juan José Ríos Estavillo, destaca tres casos anónimos donde uno de ellos –dice- tuvo que sacar, por amenazas, a sus familiares del estado; mientras que los otros dos casos son periodistas desplazados que se encuentran en la Ciudad de México, dando a entender que en Sinaloa se vive una crisis de seguridad que impacta en los defensores de los derechos humanos y en quienes ejercen el periodismo.
Enclaustrar en el anonimato a los 23 sinaloenses en riesgo sólo alimenta el morbo ciudadano y da lugar a la especulación; no ofrece una radiografía completa de los sucesos que llevaron a la directora del Instituto a intervenir para “cuidarlos”. La primera vía para que cesen las amenazas es la denuncia pública de los atentados que son, además, considerados de alto interés público. El ocultamiento de los sucesos cierra la posibilidad de debatir con seriedad y alto grado de profesionalismo sobre el estado de inseguridad o seguridad que priva en Sinaloa y en torno a las garantías para el desempeño de la labor de los defensores de los derechos humanos y periodistas.
¿A quién protege Jhenny Judith al sumergir en el anonimato a los sinaloenses que están, según ella, en peligro? ¿Resguarda a las supuestas víctimas de amenazas o persecución o a los agresores que también gozan del beneficio del anonimato? ¿Quiénes son estos personajes cuya identidad se desconoce y en los que el Instituto gasta tiempo, dinero y esfuerzo en el cuidado de su seguridad? ¿Quiénes son los agresores: alcaldes, diputados, funcionarios del gobierno o bien particulares o miembros de algún cártel de la droga?
Es de urgente y obvia resolución que Jhenny Judith Bernal transparente su función, que dé a conocer los detalles sobre las supuestas agresiones a los sinaloenses anónimos y quiénes son los acusados y que explique si ya canalizó 23 denuncias ante la Fiscalía General de Justicia del Estado o únicamente hace ruido porque los 12 millones de pesos que le asignó como presupuesto el gobierno del estado no le alcanzan para más tortas, chilaquiles, pozole, menudo y gorditas. Jhenny debe saber que el horno no está para bollos.
