Nuevos consejeros del INE: ¿y el proceso de selección?

Erika Mendoza Bergmans

Los reflectores se han enfocado en la reforma que se pretende realizar al INE, una reforma orgánica y estructural al órgano constitucional autónomo encargado de ser el árbitro de las elecciones. El árbitro de la cancha política en la que se basa la democracia. Pero no olvidemos que los hombres y mujeres hacen a las instituciones. Si bien es relevante la estructura de una institución, es mucho más relevante en manos de quién ponemos nuestras instituciones.

Ese Instituto Nacional Electoral que se ha colocado en tiempos recientes en el centro de la disputa ideológico-política, se constituye por 11 consejeros electorales, de los cuales uno ocupa la Presidencia del órgano. Los Consejeros electorales duran en su cargo nueve años y, como sucede normalmente con los órganos constitucionales autónomos, su selección es un proceso complejo en el que participan otros órganos y poderes públicos.

Esto es relevante porque en próximas semanas se elegirán a cuatro de los 11 consejeros electorales, ya que estos culminan su periodo de nueve años. Y tan relevante es pensar o repensar estructuras orgánicas, como lo es poner atención en el proceso de selección de estos nuevos consejeros que por los próximos nueve años serán no solo el árbitro, sino el mismísimo organizador de las elecciones.

“Elecciones libres, auténticas y periódicas” es la finalidad misma del INE. Ahora, vamos a lo relevante ¿cómo es que se elegirán a estos cuatro Consejeros del INE en próximas semanas?

La Constitución es clara en su artículo 41:

Primer paso: la Cámara de Diputados emite una convocatoria pública estableciendo las etapas y procedimiento, y también determina el proceso de selección de un Comité Técnico de Evaluación, encargado como su nombre lo dice de evaluar y seleccionar a los candidatos para las Consejerías.

Segundo paso: el Comité Técnico de Evaluación se integra cada vez que existe una vacante de Consejería del INE, por siete personas, de las cuales, tres son nombradas por la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la Cámara de Diputados, dos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y dos por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Tercer paso: el Comité Técnico de Evaluación, una vez integrado, recibe las inscripciones de los aspirantes y verifica los requisitos constitucionales y de idoneidad para desempeñar el cargo, selecciona a cinco personas por cada cargo vacante, llamadas “quintetas”. En el caso concreto al ser cuatro vacantes, se conformarán cuatro quintetas, es decir, cuatro listas de cinco personas cada una, seleccionadas de entre todos los aspirantes.

Cuarto paso: el Comité Técnico de Evaluación enviará las cuatro quintetas a la Cámara de Diputados para que esta, con la votación calificada de dos terceras partes, seleccione a una persona de cada quinteta y así se obtengan los nombramientos de las cuatro nuevas consejerías del INE.

La JUCOPO de la Cámara de Diputados impulsará la construcción de los acuerdos políticos necesarios para lograr la votación calificada referida, ya que de no lograr la votación requerida, la selección será mediante insaculación -sorteo- de cada quinteta, y de no realizar este sorteo la Cámara de Diputados, la Constitución habilita a que sea el Pleno de la Suprema Corte la que lo realice.

Hay varios puntos relevantes en nuestro contexto actual: el primero es que el próximo 04 de abril tendría que haber consejeros electorales, es decir, en menos de dos meses, y al día de hoy no hay ni siquiera convocatoria vigente.

Lo que pasó es lo siguiente: la Cámara de Diputados sí votó y aprobó el 19 de diciembre pasado la convocatoria, sin embargo la misma fue impugnada ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo que dio lugar al expediente SUP-JDC-1479/2022 y su acumulado, asunto que resolvió la Sala Superior el 23 de diciembre.

La sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación básicamente ordenó a la Cámara de Diputados que dicte una nueva convocatoria en la que: i) elimine que el Comité Técnico de Evaluación deba de informar o rendir cuentas a la JUCOPO de los avances en el proceso de evaluación; ii) se distingan las quintentas entre aquellas tres que serán para Consejería electoral de la que será para el cargo de Consejero Presidente, y precisen cuál será el criterio diferenciador de selección entre estos, debiéndose votar por cédulas diferenciadas, y iii) establezca reglas claras que garanticen la paridad de género en la integración de los consejeros del INE. Esto último ya que no estaba claro si todas las quintetas serían mixtas o habría alguna(s) en exclusiva tutela de la paridad de género.

Si bien la sentencia es del 23 de diciembre, el periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados inició el 01 de febrero, y es el Pleno de esta Cámara la que debe de dar cumplimiento a la sentencia. Por lo que desde el 02 de enero la JUCOPO determinó suspender el proceso de selección.

En días recientes se hizo del conocimiento público que la JUCOPO citó a los magistrados del Tribunal Electoral a dialogar sobre los términos del cumplimiento de la sentencia en próximos días para, con ello, emitir una nueva convocatoria. Sin embargo, la reunión fue cancelada luego que los diputados se negaran a acudir a las instalaciones del TEPJF, como lo habían planteado los magistrados.

Habremos de estar más que atentos a la emisión de la nueva convocatoria, los nombramientos de aquellas personas que integrarán el Comité Técnico de Evaluación, las personas que eventualmente integren las quintetas y su selección (o sorteo), ya que se trata de cuatro de las 11 personas que tienen como encomienda garantizar la celebración periódica y pacífica de elecciones auténticas.

En conclusión, tenemos que voltear a ver, con mucha atención, no solo la reestructura orgánica del INE, sino la elección de aquellas personas que tendrán a su cargo, entre otros, la organización de las elecciones, la fiscalización de los recursos de los partidos políticos, el registro de partidos políticos y el cómputo de votos por los próximos nueve años.

No es poca cosa. Si el trabajo de los consejeros es garantizar que los poderes ejecutivo y legislativo cuenten con la legitimación de haber sido electos democráticamente, entonces estamos hablando del corazón mismo de la estabilidad de un Estado de Derecho.

* Erika Mendoza Bergmans (@emdzabergmans) es socia fundadora del despacho Barrios Mendoza Bergmans, abogados. Abogada litigante en materia administrativa y constitucional y asesora en políticas públicas.