García Luna utilizó cuatro paraísos fiscales: Barbados, Curacao, Letonia y Panamá

Nancy Flores

Al seguir la ruta del dinero que amasó ilegalmente Genaro García Luna en México y en el extranjero –fortuna que podría superar los 1 mil millones de dólares–, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) documentó que el exsecretario de Seguridad Pública federal y mano derecha de Felipe Calderón Hinojosa orquestó una trama financiera para perder el rastro del origen de su riqueza, similar a la que utilizan los grupos del crimen organizado.

Para ello, la red de corrupción de García Luna utilizó los sistemas financieros de México, Estados Unidos, China e Israel –donde está refugiado su subordinado Tomás Zerón de Lucio–, pero también trianguló miles de millones de pesos a reconocidos paraísos fiscales.

La investigación de la UIF arrojó que esa red de corrupción usó sobre todo a la empresa Nunvav, Inc, para obtener la mayoría de los contratos con el gobierno federal y posteriormente enviar los recursos a Tel Aviv; Curacao; Letonia; Panamá; China; Estados Unidos; y Bridgetown, Barbados. El destino favorito para ese dinero desviado del erario nacional era ese último paraíso fiscal.

Respecto del sistema financiero mexicano, los hallazgos de la UIF apuntan a que éste se utilizó únicamente para posibilitar los cobros de las contrataciones, pero casi de inmediato los recursos eran sustraídos y enviados a otros países. Al final, el dinero se concentraba en el sistema financiero estadunidense, en especial en Florida. En esa entidad, García Luna, su familia y sus socios poseían más de 19 propiedades y al menos 42 automóviles y motocicletas de lujo. Las residencias y vehículos ya fueron asegurados como parte de la demanda civil del gobierno mexicano ante el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, Florida: caso 2021-021562-CA-01.

Denuncia en Florida

La investigación de la UIF sirvió para que el gobierno de México presentara la demanda civil por las presuntas violaciones a las leyes de Remedios Civiles para Prácticas Criminales; Uniforme de Transferencias Fraudulentas de Florida, y por los supuestos delitos de conversión y enriquecimiento ilícito por fideicomiso construido. Ésta no sólo acusa a Genaro García Luna, su esposa Linda Cristina Pereyra Gálvez y sus socios, sino también a las empresas Nunvav, Inc; Nunvav Technologies, Inc; y Gull Holding Enterprises, Inc, entre otras.

Una vez que el pasado 21 de febrero García Luna fue encontrado culpable de los cinco cargos por narcotráfico y participación en una empresa criminal [el Cártel de Sinaloa] de forma continuada, en la Corte federal del Distrito Este de Brooklyn, en Nueva York, Estados Unidos, se reanuda ese otro proceso civil entablado por el gobierno mexicano, para tratar de recuperar parte de los 745 millones 879 mil dólares (unos 14.1 mil millones de pesos) que el exfuncionario defraudó al erario de la nación.

De acuerdo con la investigación, el fraude a la Hacienda Pública ocurrió mediante al menos 30 contratos ilegales asignados en el sexenio de Calderón desde la Policía Federal y el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, que dependían del propio secretario de Seguridad Pública; y en el sexenio de Peña, desde el Cisen y el OADPRS; además, desde el gobierno capitalino en la época de Miguel Ángel Mancera, específicamente a través de la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Las contrataciones favorecieron a cuatro empresas: Nunvav, Inc; Nunvav Technologies, Inc; Nice Systems, Ltd; y GLAC.

Entre las pruebas que ha presentado la UIF, en nombre del Estado mexicano, se encuentra un rastreo pormenorizado de los movimientos financieros de García Luna, otras siete personas –Linda Cristina Pereyra Gálvez (su esposa), Mauricio Samuel Weinberg López, Jonathan Alexis Weinberg Pinto, Sylvia Donna Pinto de Weinberg, Natan Wancier Taub, José Francisco Niembro González y Martha Virginia Nieto Guerrero de Niembro– y 44 empresas. Todos, identificados como parte de la red de corrupción del exfuncionario y aliado del Cártel de Sinaloa.

En este seguimiento, a la autoridad hacendaria también le llamó la atención que García Luna viajó con frecuencia a Estados Unidos y Colombia, mientras que Linda Cristina Pereyra visitó de forma recurrente Estados Unidos y España.

En el presunto caso de peculado, para la UIF las compañías que tuvieron una participación más relevante son Nunvav, Inc, y Nunvav Technologies, Inc. Éstas concentraron 26 de los 30 contratos ilegales, por un monto global de 675 millones 268 mil 906.92 dólares.

El caso Nunvav

Convencida de que Nunvav es pieza clave en esta trama de corrupción, la UIF elaboró una radiografía particular para demostrar que está directamente vinculada a García Luna. Ello, porque el exfuncionario no aparece formalmente en la estructura de la empresa constituida en Panamá el 5 de diciembre de 2011. No obstante la fecha de su creación, para que Nunvav realizara actos de comercio en México, su autorización se protocolizó desde el 14 de julio de 2011.

En Nunvav figuraban como presidente y administrador Natan Wancier Taub; como vicepresidente, Sammy Weinberg [Mauricio Samuel Weinberg López]; tesorero, Jonathan Alexis Weinberg Pinto; secretario, Roberto Silvestri Álvarez (también identificado como socio); como vocal, Roberto Duarte Lasso (socio). Mientras que su agente residente es Carreira Pitti PC Abogados. En la red de corrupción no fueron identificados como actores directos Roberto Silvestri Álvarez, Roberto Duarte Lasso ni el bufete Carreira Pitti PC Abogados.

Respecto del objeto social de Nunvav, la Unidad de Inteligencia Financiera señala que es muy amplio, lo que impide conocer la actividad real de la misma. Su capital social ascendió a 10 mil dólares.

Nunvav fue identificada también por triangular el dinero obtenido ilícitamente de las instituciones federales a través de los sistemas financieros de México, Estados Unidos, China e Israel, y los paraísos fiscales de Curacao, Letonia, Panamá y Barbados; y mediante otras empresas. Según la UIF, Nunvav envió recursos a las empresas en las que también funge como accionista Jonathan Alexis Weinberg Pinto. Se trata de Icit Holding, SA de CV, que de 2013 a 2015 recibió 9.1 millones de pesos y 309 mil dólares. Y de Icit Private Security México, SA de CV, que en 2018 obtuvo 6.5 millones de pesos.

Asimismo, trasladó dinero a Operadora Grupo Gas Mart, S de RL de CV, por un total de 26 millones de pesos: en 2013, 12.87 millones de pesos; y en 2016 en 13.16 millones de pesos. A su vez, ésta le envió 4.2 millones de pesos en 2016 a Glac Security Consulting Technology Risk Management, SC, empresa de la que son socios el exsecretario de Seguridad, su hermana Esperanza García Luna y su esposa Cristina Pereyra.

El asunto es tan relevante para la Secretaría de Hacienda, que durante el juicio contra García Luna en la Corte del Distrito Este de Brooklyn envió todos los días a su agregada en el consulado de Nueva York. La funcionaria, de nombre Mónica Macarena, estaba encargada de tomar notas tanto de lo que mencionaban los testigos, como lo enunciado por la defensa, la Fiscalía y el juez Brian Cogan.

Respecto del proceso civil, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo a Contralínea el pasado 2 de marzo en su conferencia matutina que “existe la denuncia civil en Florida por los bienes que, se presume, fueron fruto de la corrupción; eso es muy importante porque se trata de recuperar, de devolverle al pueblo de México lo robado. Antes todo lo que se confiscaba en el extranjero quedaba allá, ahora lo que queremos es recuperar bienes que son del pueblo, de la nación; bienes de México”.

Exfuncionarios que beneficiaron a García Luna De los 30 contratos que implicaron beneficios económicos para García Luna y sus allegados por 745 millones 879 mil 384.78 dólares, asignados a Nunvav, Inc; Nunvav Technologies, Inc; Nice Systems, Ltd; y GLAC, el 42.5 por ciento se adjudicó con Calderón Hinojosa desde instituciones encabezadas por el propio García Luna: la Policía Federal y el OADPRS. Mientras que en el gobierno de Peña se le asignó el 47.3 por ciento del total, desde el Cisen y el OADPRS, instituciones encabezadas por Miguel Ángel Osorio Chong, desde la Secretaría de Gobernación. En el sexenio de Calderón, quienes lo beneficiaron fueron: Rodrigo Esparza Cristerna, designado por el propio García Luna como comisionado interino de la Policía Federal el 4 de noviembre de 2008. Bajo su administración, la PF entregó tres contratos a Nice Systems. Otro exservidor público que benefició al exsecretario de Seguridad fue Eduardo Enrique Gómez García, nombrado por el propio García Luna como comisionado de Prevención y Readaptación Social desde el 1 de diciembre de 2008. Éste asignó desde el OADPRS cinco contratos a Nunvav. Además, otra de las subordinadas del exsecretario que asignó un contrato a Nunvav desde la Policía Federal fue Maribel Cervantes Guerrero, quien sustituyó a Facundo Rosas en el cargo el 11 de febrero de 2012. Mientras que en el sexenio de Peña Nieto, todos los contratos involucran al exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, pues fue a través de dos instituciones dependientes de la Segob desde donde se entregaron los contratos: el Cisen y el OADPRS. Ello, porque desde el 2 de enero de 2013 la Secretaría de Gobernación asumió la rectoría de la seguridad pública, luego de que ese día se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual desapareció la SSP. Doce contratos le fueron entregados a Nunvav del Cisen, cuando su titular era Eugenio Imaz Gisper; y otros dos cuando al frente de ese órgano de espionaje estaba Alberto Bazbaz Sacal. Otros cinco contratos se entregaron en el sexenio pasado desde el OADPRS: dos cuando al frente se encontraba Eduardo Guerrero Durán; y tres con Alberto Rodríguez Calderón.