Influencias del exterior sobre la democracia mexicana
Olga Pellicer
El intento del gobierno de López Obrador de aplicar medidas que debilitan al Instituto Nacional Electoral (INE), una de las joyas de la transición democrática en México, ha provocado reacciones negativas entre la población, las cuales a su vez han dado origen a tomas de posición en el exterior.
En efecto, medios de comunicación en Estados Unidos y en Europa, así como instituciones gubernamentales en nuestro vecino del norte, han emitido opiniones sobre lo que ocurre con la democracia en México. Sus opiniones han reavivado, indirectamente, una vieja discusión sobre el papel de los factores externos en la defensa, creación y mantenimiento de la democracia.
El tema provocó vivas controversias en los noventa del siglo pasado cuando el fin de la Guerra Fría vino acompañado de medidas tomadas al interior de organismos multilaterales, universales y regionales, para promover la democracia. Esta se entendió, desde entonces, como un sistema cuyo elemento fundamental es la celebración de elecciones genuinas y periódicas.
Fue entonces cuando se creó la Oficina de Asistencia Electoral en la Secretaría General de la ONU, y la OEA colocó, en el centro de sus objetivos, los cambios constitucionales y la creación de instituciones centradas en la promoción de la democracia. Uno de los ejemplos más icónicos de tal tendencia fue la elaboración y aprobación de la Carta Democrática Interamericana.
El gobierno mexicano de aquellos años fue escéptico de la cruzada democrática. No podía perder de vista la presencia de un partido hegemónico que se acercaba a los setenta años en el poder y cuyo historial en materia de fraudes electorales era conocido.
La fuerza de los acontecimientos, en particular el surgimiento de nuevos y más fuertes movimientos de la sociedad civil –Alianza Cívica es un buen ejemplo– cambiaron el panorama. En las elecciones de 1994, un año de fuertes turbulencias políticas y económicas en el país, se consideró conveniente recurrir a la Oficina de Asistencia Electoral de la ONU para que ayudara en la capacitación de observadores electorales internos que contribuyeran a dar legitimidad a los resultados de una elección que, dados los antecedentes de la elección anterior, no serían creíbles para la población.
Tal fue el contexto en que tuvieron lugar las importantes negociaciones que, con la participación de diversos partidos y representantes de la sociedad civil, se celebraron en la Secretaría de Gobernación para la creación del Instituto Federal Electoral (IFE). Las elecciones pasaron a ser responsabilidad de un ente autónomo actuando a nombre de la ciudadanía, no del partido en el poder.
Recordar todos estos hechos viene al caso por tres motivos. El primero, tener presente la importancia de separar los intereses del partido en el poder de los órganos ciudadanos que organizan elecciones; la larga historia de elecciones organizadas por el PRI es un recuerdo amargo que no debe repetirse.
En segundo lugar, no se puede perder de vista el papel que ha desempeñado la sociedad civil en la creación del ambiente favorable a promover instituciones que protegen la democracia. Los cambios que condujeron a la ciudadanización de los órganos electorales en los noventa no se entienden sin tomar en cuenta la presencia de grupos no partidistas. Ignorar su papel en las movilizaciones recientes en México sería un grave error.
En tercer lugar es un hecho que, desde finales del siglo pasado, el tema de la defensa de la democracia está al centro de los valores de los países occidentales; imposible, pues, detener el interés de medios de comunicación y organismos gubernamentales de países tan fuertemente vinculados a México, como Estados Unidos, respecto de lo que ocurre con la democracia mexicana.
Este último comentario merece atención por la indignación que ha provocado en López Obrador y sus seguidores las opiniones en la prensa extranjera y los comunicados de órganos del gobierno estadunidense sobre las acciones que han organizado diversos sectores de la sociedad mexicana por las modificaciones a leyes electorales, que no respetan principios establecidos en la Constitución. Dichas acciones tuvieron su mejor expresión en la manifestación multitudinaria en la Ciudad de México, ocurrida el domingo 26 de febrero.
La reacción en la prensa estadunidense no se hizo esperar. La misma tarde de los acontecimientos los diarios más importantes como el New York Times, el Washington Post o el Wall Street Journal reseñaron con amplitud la marcha y expresaron sus opiniones, no siempre coincidentes, sobre su significado a largo plazo.
Un comunicado del Congreso, firmado por los presidentes respectivos de las comisiones de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes (un republicano) y del Senado (un demócrata) fue muy directo: “Al aprobar la propuesta del presidente López Obrador para cortar los fondos del Instituto Nacional Electoral y reducir sus capacidades… el Congreso mexicano ha regresado a México al oscuro pasado de elecciones controladas por el presidente y retrasado el reloj de su democracia, así como de sus relaciones con Estados Unidos”.
En contraste, el comunicado del Departamento de Estado fue un texto muy conciliador, cuidadoso al referirse al “respeto a la soberanía mexicana” y el reconocimiento de su “democracia vibrante”, incorporando al final una frase un tanto tímida: “Creemos que un sistema electoral independiente y con suficientes recursos, así como el respeto a la independencia judicial sostienen democracias saludables”.
Es improbable que, como algunos miembros de la oposición quisieran, Biden en persona se ocupe de los vaivenes de la democracia mexicana. Los temas de la relación con el vecino del sur son muy variados, algunos extremadamente difíciles, como el del tráfico de fentanilo o el control de la frontera para impedir el cruce de migrantes. Ambos temas estarán en el centro de la lucha entre demócratas y republicanos en 2024.
No es posible precisar las presiones que tales fuerzas políticas opuestas en Estados Unidos ejercerán sobre los contendientes para la Presidencia en México el mismo año. Seguramente buscarán entendimientos y compromisos; es dudoso que al hacerlo favorezcan a la democracia mexicana. La historia de la acción estadunidense en favor de la democracia es una triste saga de fracasos.
