El nuevo INE y lo local
Luis Octavio Vado Grajales
Con la renovación de las últimas consejerías del Consejo General del INE que quedaban de su primera integración, se inicia una nueva época para el órgano constitucional autónomo encargado de las elecciones federales (corresponsable en las locales) en nuestro país.
Desde luego son las consejeras y los consejeros quienes definirán el rumbo institucional, en un escenario en el que los retos son distintos de los que presentaba el año 2014, cuando el IFE se transformó en INE. En ese momento, la cuestión iba más por la plena ejecución de una reforma electoral que parcialmente nacionalizó las elecciones, así como los retos de la paridad en las postulaciones.
Hoy desde luego se mantiene el tema de la paridad, sobre todo en el acceso y pleno ejercicio del cargo, así como el combate a la violencia política en razón de género. Pero se han sumado otras cuestiones que son hijas de las circunstancias políticas cambiantes de 2014 a la fecha. También, desde luego, el tema de la reciente reforma electoral, de la que en su momento los tribunales decidirán lo que les competa definir.
Pero un reto importante que enfrentará este nuevo INE es la relación con los órganos electorales locales, genéricamente llamados OPLES. Estas instituciones estatales, que son auténticamente organismos constitucionales autónomos por referencia a las constituciones locales, son los encargados primarios de los comicios en los ámbitos municipal y estatales.
El INE tiene importantes competencias que inciden en lo local. En primer lugar, porque designan y pueden remover a las consejerías de los OPLES; en segundo lugar, porque definen mediante lineamientos cuestiones como el diseño y producción de material y documentación electoral, programas de resultados electorales preliminares, etc; en tercero, en tanto determinan lo procedente al Servicio Profesional Electoral, el servicio civil de carrera en esta materia.
Sin embargo, el INE no es superior a los OPLES.
La relación es compleja porque requiere una interacción constante, el respeto por las competencias de cada quien pero a la vez la disposición de colaborar. Ni lo local es inferior ni lo federal superior, ni sabe más alguien por trabajar en un lado o en el otro.
Parte de una nueva agenda del INE respecto de los órganos locales puede pasar por la determinación de acciones afirmativas para el nombramiento de las consejerías de los OPLES, algo ya visualizado en las decisiones del Tribunal electoral. Por ejemplo, partiendo de los propios grupos definidos como vulnerables en la reciente reforma electoral, que son los de personas afromexicanas, indígenas, de la diversidad sexual, jóvenes, con discapacidad, migrantes; a las que podría pensar en sumarse las personas adultas mayores.
Las acciones en la materia podrían también ser producto del ejercicio del derecho a la consulta del que gozan varios de esos colectivos. Así, se podría prever que los efectos de las medidas realmente sean los buscados. También podrían tomarse en cuenta los datos estadísticos en cuanto al peso porcentual de estas poblaciones, así como estudios históricos que permitan conocer si se han encontrado representadas en los órganos de dirección electorales en las entidades (incluyendo desde luego la Ciudad de México)
Esto permitiría visualizar tanto a los grupos como a sus agendas, abonando a una democracia inclusiva mediante la realización de la igualdad material.
Claro está que estas acciones deberían armonizarse plenamente con el mandato de paridad en todo, producto de la reforma de 2019. Así, de ninguna manera deberían afectar la integración paritaria de los consejos generales de los OPLES.
Las consejerías del INE, con la experiencia y capacidad con que cuentan, definirán el rumbo institucional.
La democracia inclusiva no es un capricho o moda. Es un mandato constitucional que debe ser cumplirse.
