Las burlas de la DEA, una crisis de seguridad nacional mexicana
Carlos Ramírez
A la memoria de Margarita Celia Gonzalez Garcia,
con cariño y buenos recuerdos
La decisión autónoma de la DEA de ofrecer recompensas por la captura de capos mexicanos en México presuntamente encargados del tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos fue tomada atropellando los artículos 68 a 76 de la Ley mexicana de Seguridad Nacional.
El artículo 74 de esa ley vital para la soberanía mexicana señala la facultad del Estado mexicano para suspender la ejecución de los convenios de cooperación bilateral y prohibirá la realización de actividades por parte de agentes extranjeros en territorio nacional; y señala con claridad los supuestos restrictivos: “cuando se compruebe que un gobierno extranjero, producto de sus agentes, incite o promueva la comisión de los ilícitos consistentes en el cohecho…”. En este sentido, las recompensas de la DEA para la captura de los llamados Chapitos, hijos de Joaquín El Chapo Guzmán que estarían encargados del área de fentanilo del Cártel de Sinaloa, pasaron por encima de las restricciones legales mexicanas.
Las decisiones de la DEA para combatir en México a los cárteles mexicanos que suministran la droga para los adictos estadounidenses hicieron trizas los acuerdos de cooperación dentro del llamado de manera pomposa Encuentro Bicentenario, en referencia a los 200 años de relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos. El canciller Marcelo Ebrard, en diciembre de 2020, promovió la reforma a la Ley mexicana de Seguridad Nacional para regular en modo de acotación el funcionamiento hasta ese momento autónomo y clandestino de la DEA no sólo como agencia antinarcóticos de Estados Unidos, sino sobre todo como dependencia del Departamento de Justicia y miembro destacado de la Comunidad de Inteligencia de la Casa Blanca.
Cuando menos dos oficinas mexicanas de alto nivel y de responsabilidad presidencial (el Grupo de Alto Nivel de Seguridad y el Grupo de Coordinación Operativa) fueron borradas del mapa jurídico de México por los operativos clandestinos de la DEA en territorio mexicano sin cumplir con los requisitos establecidos por las reformas del 18 de diciembre de 2020, entre ellas las disposiciones del artículo 71 para desarrollar “sólo” las actividades de enlace para intercambio de información (fracción I), y la prohibición a “aplicar o ejecutar las leyes extranjeras en territorio nacional” (fracción II).
Después de las advertencias del Gobierno mexicano por el abuso de la DEA en el caso del general Salvador Cienfuegos Zepeda y de la violación de la Ley mexicana de Seguridad Nacional, no queda más camino que una segunda suspensión de actividades de la DEA en México y la anulación de los acuerdos de la Cumbre sobre Fentanilo de días pasados en Washington.
Pero la parte más importante corresponderá al gobierno mexicano: redefinir su estructura de seguridad referente al narcotráfico, con la urgente necesidad de la creación de una nueva policía antinarcóticos con capacidad, tecnología y recursos, además de replantear la estrategia de “abrazos, no balazos” para definir una fase de persecución de los cárteles mexicanos que se han fortalecido por los cuatro últimos años de repliegue de seguridad y la no-persecución de jefes del crimen organizado.
La DEA, por desconfianza y también por arrogancia, nunca ha cumplido los compromisos de intercambio de información y tecnología, pero en el mundo existen otras organizaciones policiacas que pudieran articular convenios de cooperación en México para la creación y consolidación de una estructura policíaco-judicial-penal contra el crimen organizado.
De manera paralela, expertos no gubernamentales en seguridad nacional siguen consolidando la propuesta de redefinir y reorganizar el paradigma de seguridad interior que involucraría mayor coordinación y cooperación entre las fuerzas civiles y militares en materia de lucha contra el narcotráfico y otras organizaciones del crimen organizado.
En 1984-1985, el entonces director de la Policía Federal de Seguridad, José Antonio Zorrilla Pérez, abrió convenios de cooperación y capacitación con los servicios de inteligencia de Alemania comunista, el STASI o Ministerio para la Seguridad del Estado, aunque a costa de una campaña de presiones del entonces embajador estadounidense John Gavin porque se había disminuido la presencia y control de la CIA sobre los cuerpos de seguridad política del Estado mexicano.
Al formar parte de la Comunidad de Inteligencia de la Casa Blanca, la DEA también realiza funciones que caen dentro del territorio del espionaje político.
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