Óscar Navarro: el acusador perseguido de Segalmex
Ricardo Raphael
El acusador es encarcelado. Así puede titularse el más reciente capítulo del cada vez más sorprendente relato de corrupción vinculado a Segalmex, el organismo público del Estado mexicano responsable de distribuir alimentos a bajo costo para las poblaciones más pobres.
Mientras que Óscar Navarro Gárate, el acusador, dormirá esta noche en la prisión de alta seguridad de Almoloya de Juárez, Ignacio Ovalle Fernández y René Gavira Segreste –los responsables de un desfalco millonario– gozan de libertad.
El martes 25 por la tarde agentes adscritos a la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron a Navarro Gárate por la supuesta comisión de dos delitos graves: delincuencia organizada y uso de recursos de procedencia ilícita. Ambas denuncias estarían relacionadas con las funciones que desempeñó en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) entre agosto de 2020 y el último semestre de 2021.
Durante ese lapso Navarro fue director de Finanzas de la dependencia. Llegó a ese cargo porque el presidente Andrés Manuel López Obrador le encargó que investigara, desde dentro, información proporcionada días antes por Roberto Salcedo, quien en esa época era subsecretario de la Función Pública.
Una vez que tomó posesión del cargo, Navarro confirmó los indicios reportados. El más evidente de todos, pero no el único, fue una orden escrita y firmada por el entonces director de Segalmex, Ignacio Ovalle, para invertir recursos de la tesorería de esa dependencia en instrumentos bursátiles estrictamente prohibidos por la ley.
De acuerdo con evidencia documental, siguiendo órdenes de Ovalle, René Gavira, antecesor de Navarro, habría depositado 950 millones de pesos en un fideicomiso creado por CI Casa de Bolsa, institución que, a su vez, adquirió, para Segalmex, certificados bursátiles emitidos por una entidad financiera (Corefi, SA de CV) dedicada a defraudar a sus clientes.
Más tarde se sabría que los socios de esa financiera, encabezada por los señores René Dávila y Roberto Guzmán, entregaban sobornos en efectivo para asegurar la viabilidad de esas inversiones irregulares.
Ignacio Ovalle excedió largamente sus atribuciones al ordenar el desvío de los recursos. Una decisión de esa magnitud tendría también que haber sido reportada al Consejo de Administración de la dependencia, cuestión que desde luego jamás ocurrió.
Como corolario a este acto de corrupción, Navarro descubrió que los intereses que esa inversión debió haber generado, alrededor de 10 millones de pesos, tampoco ingresaron a las cuentas de la dependencia.
Navarro averiguó que su antecesor, René Gavira, habría orquestado otra operación fraudulenta. Entre 2019 y 2020 Segalmex habría realizado compras de azúcar a una empresa inexistente, de nombre Carregin, por más de 140 millones de pesos. Según consta en documentos oficiales, sólo 10% del producto adquirido llegó a las bodegas de la dependencia.
Óscar Navarro acudió con las pruebas recabadas a la FGR. No solamente constató y documentó los hechos delictivos, sino que también presentó la denuncia formal para que la fiscalía procediera penalmente contra las personas presuntamente responsables. Dichas denuncias se acumularon a las enderezadas, en el mismo tenor, por la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública.
Después de realizar ese trabajo, Navarro no esperaba que el director de Segalmex fuese a salir bien librado. Las explicaciones que ofreció para eludir la acción de la justicia eran poco creíbles. Ovalle refirió, por ejemplo, que no recordaba haber firmado la orden para bursatilizar aquellos dineros y que de haber hecho tal cosa, habría ocurrido sin que él fuese consciente del hecho.
Por otro lado, si bien reconoció como erróneo no haber informado al Consejo de Administración de Segalmex, al final dijo que tal cosa tampoco le pareció grave.
Óscar Navarro emprendió una serie de negociaciones con CI Banco para recuperar la inversión irregular y consiguió con éxito regresar a la tesorería de Segalmex los 950 millones que estaban en riesgo de extraviarse. Lo que no pudo conseguir fueron los 10 millones que esa inversión habría dejado por concepto de intereses. Ese dinero se perdió para siempre.
El 6 de abril de 2022 el exdirector de finanzas de la dependencia, René Gavira, fue vinculado a proceso por un juez que encontró las pruebas presentadas por la FGR suficientemente robustas. Trece días después, como consecuencia de esto mismo, Ignacio Ovalle se vio obligado a renunciar a la dirección de Segalmex.
Sin embargo, para esa fecha Navarro ya no trabajaba en la dependencia. Decidió dimitir una vez que tomó consciencia de que este expediente de corrupción se resolvería mal y políticamente, como tantos otros.
Y es que, en efecto, en vez de enfrentar a la justicia, Ignacio Ovalle fue premiado por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien lo nombró director de un oscuro pero bien pagado organismo bajo su mando, el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED).
Cuando un reportero preguntó al presidente López Obrador sobre el caso Segalmex, el primer mandatario defendió a Ovalle, recordando que había sido su jefe en las juventudes, que era un hombre honesto y que en todo caso habría sido engañado por sus subordinados.
Por increíble que parezca, ese subordinado concreto, René Gavira, a la fecha ha logrado sortear todas las acusaciones que pesan en su contra. Gracias a una serie de maniobras leguleyas obtuvo una suspensión definitiva respecto a la orden de aprehensión que el juez había librado en su contra.
En resumen, los dos responsables principales del caso Segalmex, por razones que parecieran políticamente vinculadas, hoy se solazan bajo la inmensa sombrilla de la impunidad.
En cambio, el hombre que investigó la desviación de recursos y la compra fraudulenta de insumos –Óscar Navarro Gárate– ha sido encarcelado en un penal de alta seguridad acusado de los peores delitos.
Así se persigue la corrupción en México: destrozándole la vida al honesto y premiando al corrompido.
