La transparencia sí ayuda a las personas

Jorge Bravo

El presidente López Obrador detesta al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). La crisis que lo tiene al borde de su desaparición, confiesa lo insuficiente que ha hecho el INAI para promover y difundir entre la población los derechos fundamentales que tutela.

La sociedad no ha salido a defender al INAI como sí lo hizo con el INE en un par de ocasiones con los embates de la reforma electoral y el Plan B, porque las personas no conocen del todo la utilidad del INAI, y de eso se aprovechan sus adversarios.

En la conferencia de prensa, AMLO le dijo a los senadores que “no titubeen”, que “desaparezcan esa institución y que esa función de la transparencia se la encarguen a la Auditoría Superior de la Federación y que se ahorren mil millones de pesos”.

Reaccionando a la instrucción presidencial, el senador Alejandro Armenta Mier (Morena) sacó de la chistera una iniciativa para abrogar las leyes general y federal de transparencia y acceso a la información, entre otras normas, para desaparecer al INAI y atribuirle a la Secretari´a de la Funcio´n Pu´blica (SFP) atender las solicitudes de informacio´n pu´blica.

Armenta retiró su iniciativa tan rápido como la presentó, quizá porque alguien le advirtió que confundió la prevención de la corrupción, atribución de la SFP, con el acceso a la información, y porque el senador quedaría en la historia como un ignorante de su ignorancia y como un destructor de una institución útil para la democracia.                                

El Ejecutivo federal ha dicho otras linduras del INAI. Que “el instituto de la transparencia no sirve para nada. Lo crearon para simular que se combatía la corrupción, cuando nunca hicieron nada para combatirla. Son cómplices de la corrupción. Cómo se resuelve: que la Auditoría Superior de la Federación, que pertenece a un poder independiente que es el Poder Legislativo, se haga cargo de esa función de la transparencia. Que ese organismo desaparezca.”

Lo más audaz de AMLO no es pedir el asesinato del INAI, porque ya ha matado otras instituciones, incluso creadas por él como el Instituto de Salud para el Bienestar. Su aversión por la transparencia no es nueva. Cuando fue Jefe de Gobierno en la Ciudad de México, tuvo enfrentamientos con el InfoDF y sus comisionados: ocultó 12 años el expediente de los segundos pisos.

Lo verdaderamente audaz es que el Presidente le pregunte a las personas, “que me diga la gente, el pueblo, si ha tenido algún beneficio de esta institución”. Las estadísticas no mienten. Del periodo de octubre de 2021 a septiembre de 2022, ha sido el de mayor número de solicitudes de información pública para los sujetos obligados del ámbito federal, con un total de 314 mil 435. Cada año aumentan las solicitudes de información, lo cual documenta un interés mayor de la población por el acceso a la información, la transparencia y la protección de datos personales.

La transparencia sí le sirve a las personas. Los políticos partidarios de la opacidad y sus seguidores creen que el INAI es un peligro para ellos y sus aspiraciones, porque piensan que se usa principalmente para descubrir sus trapacerías. Pero la transparencia tiene muchos otros usos.

La evidencia se encuentra en las principales instituciones que reciben solicitudes de información y en las temáticas de las mismas. Los sujetos obligados con más solicitudes de información en el periodo más reciente fueron la Suprema Corte, la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), el IMSS, la SEP y la Secretaría de la Defensa Nacional, porque al Ejército cada vez se le asignan más funciones civiles. También son muy consultados el ISSSTE, la UNAM, la Secretaría de Hacienda, la CFE y las secretarías de Salud y de Agricultura y Desarrollo Social.

Las personas no están haciendo solicitudes de información nada más para denunciar las corruptelas de los funcionarios, sino para ejercer su derecho y obtener documentos que las autoridades niegan u ocultan, pero que las personas tienen derecho a poseer.

Las principales temáticas de las solicitudes se refieren a actividades de la institución consultada (28.6%), información generada o administrada por el sujeto obligado (23%), salud (10.6%), compras públicas y contratos (4.4%), sobre servidores públicos (3.8%) y sentencias y resoluciones (24.4%). Un rubro muy socorrido es pedir información sobre datos personales (11.9%), que no tiene que ver con corrupción, sino con preservar la privacidad de los datos.

Para más claridad, las personas realizan solicitudes para obtener información de trámites que están haciendo con una institución del ámbito federal, para obtener sus expedientes médicos o información sobre salud, para conocer expedientes judiciales o contratos de compra-venta. Se trata de solicitudes de información que tienen que ver con las actividades y el día a día de las personas.

Según las estadísticas, en México el acceso a la información, la transparencia y la protección de datos personales son cada vez más importantes para las personas, porque les permiten obtener información que les pertenece como expedientes médicos o sentencias judiciales, conocer los asuntos públicos, participar en la toma de decisiones y supervisar la actuación de los gobernantes.

El derecho a la información es uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia. A pesar de que México cuenta con un marco legal que garantiza el derecho a la información, la realidad es que sigue siendo un reto para muchos ciudadanos, sobre todo para los más vulnerables. Los procedimientos para solicitar información siguen siendo complicados y a veces costosos, lo que desanima a muchas personas a ejercer su derecho.

La información es un bien público que debe estar disponible para todos. El derecho a la información es una herramienta que permite a los ciudadanos participar activamente en la vida pública y tomar decisiones informadas.

Es necesario que se sigan fortaleciendo los mecanismos de acceso a la información. Pero también es evidente que falta una mayor difusión del derecho a la información, la transparencia y la protección de datos personales. Esa es una asignatura pendiente del INAI, que lo tiene sin el suficiente respaldo ciudadano a su función social. El INAI también ha carecido de políticas públicas para fomentar mayor transparencia. Por ejemplo, muchas de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados están incompletas, los enlaces están rotos o los documentos no son los correctos. Hace falta una mayor vigilancia y compromiso del INAI, porque es claro que los políticos quieren regresar a los arcanos, la opacidad y el oscurantismo público. Lo están logrando.

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