Son pagados los ataques…
Álvaro Aragón Ayala
Los ataques periodísticos contra el Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, y el dirigente del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuén Ojeda, son pagados con recursos del presupuesto estatal. Es el periódico Noroeste la principal plataforma usada por el gobernador Rubén Rocha Moya para criminalizar a Madueña y Cuén. La relación “mercantil” gobierno del estado-Noroeste no es desconocida en los círculos políticos, sociales y empresariales de Sinaloa.
Los enjuagues económicos fueron descubiertos mediante un trabajo de investigación realizado por el equipo periodístico de Punto Universitario -Wilfrido Ibarra Escobar, José Luis López Duarte y Miguel Alberto Ortiz Mata-, que develó los millonarios contratos suscritos entre el gobierno del estado y Noroeste para el desarrollo de una campaña de criminalización contra autoridades de la UAS y el dirigente estatal del PAS.
Con datos duros, copias de facturas de pago y de los contratos, el equipo periodístico reveló que, previa revisión de las páginas donde se plasman los ataques contra la UAS y Cuén, el gobierno de Rubén Rocha Moya paga a Noroeste un millón 250 mil pesos mensuales y en ocasiones las sumas escalan al millón 250 mil y al millón 750 mil pesos al mes.
Noroeste sirve como plataforma madre o “motor”, en la que el gobierno de Rubén Rocha Moya descarga información adulterada, que es disfrazada de “reportaje especial”, que a su vez es replicada por otros medios de comunicación con quienes el gobierno del estado mantiene también contratos de publicidad y propaganda antiUAS y antiCuén.
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El presidente de la Asociación de Periodistas de Sinaloa, Juan Manuel Partida Valdez, dijo, a manera de crítica y reflexión que debido al contrato que afloró entre el gobierno del Estado y Noroeste y Noroeste con el Supremo Tribunal de Justicia, a quien la empresa editorial renta oficinas en Mazatlán, “admitamos o no, buena parte del pueblo nos señala como prensa vendida y sin compromisos con la verdad y la justicia”.
Las publicaciones pagadas –con disfraz de “investigaciones periodísticas”-contra la UAS y Cuén Ojeda alcanzan la categoría de criminalización pública, pues, sin tomar en cuenta para nada, el debido proceso y la presunción de inocencia, Noroeste acusa y juzga y endilga delitos, saliéndose de los cánones de la cultura de la legalidad.
Como dice Luigi Ferrajoli en Derecho y razón: “La presunción de inocencia no solamente es una garantía de libertad y de verdad, sino además una garantía de seguridad o si se quiere de defensa social: de esa ‘seguridad’ específica ofrecida por el Estado de Derecho y que se expresa en la confianza de los ciudadanos en la justicia; y de esa específica ‘defensa’ que se ofrece a éstos frente al arbitrio punitivo.”
El periodismo profesional, que busca sacar a la luz la verdad, tiene que apegarse a la presunción de inocencia como parte de las garantías de protección de los derechos ciudadanos para no criminalizar a priori; es decir, el trabajo periodístico debe ajustarse a los principios de legalidad para no emitir juicios de valor ni condenar públicamente antes de cumplirse las diferentes etapas del proceso penal.
