Sandoval y Ayotzinapa
Juan Veledíaz
El muro con el que topó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en su intento por llegar a la verdad sobre lo ocurrido con los 43 estudiantes desaparecidos de la normal rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, se construyó con medidas de contrainteligencia (entendida como el conjunto de normas que impiden, minimizan o neutralizan actividades de una fuerza adversaria), plasmadas en manuales militares. Y con el blindaje de secrecía que rodea las actividades del Centro Militar de Inteligencia (CMI), que fijó como “amenaza” desde su creación: “Que se evidencie ante la opinión pública las actividades que se realicen en este Centro”.
Esta barrera que operaría en la ilegalidad, como lo denunció el grupo enviado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al presentar el pasado miércoles 25 de julio su sexto y último informe sobre el caso, exhibe “un sistema que avala métodos ilícitos” donde la “permanencia del efecto corruptor” incide en la justicia, anula la credibilidad y “mantiene la impunidad”.
Señalan que frente a las evidencias documentadas hubo una reiterada negativa sobre la participación de militares de los batallones 27 y 41 en la noche de Iguala, cuando los 43 estudiantes fueron detenidos desaparecidos por policías de éste municipio y de Cocula, en colusión con integrantes del grupo criminal “Guerreros Unidos”. Sumado al ocultamiento de información clave y las mentiras sistemáticas, fueron razón suficiente para dar por concluida su labor en México.
El informe contiene datos relevantes como la participación activa de la Marina y el Cisen. Y otros que muestra cómo la secretaría de la Defensa Nacional usó la contrainteligencia para blindar información que podría ayudar a resolver el caso. La contrainteligencia tiene medidas pasivas, activas y de engaño, al menos dos de ellas fueron esgrimidas para anular al GIEI. Las pasivas tienen como finalidad impedir o neutralizar la búsqueda de información. Las de engaño son las desarrolladas por simulación sistemática, como las respuestas a preguntas sobre el CMI. La Sedena dijo que esas siglas quieren decir Contenido Mediático de Información, un dicho que después de la filtración de documentos militares tras el hackeo de Guacamaya, se sabe que se trata de uno de los órganos de inteligencia militar utilizado para recolectar información por medios ilegales como el software Pegasus.
El documento con la intercepción de conversaciones a integrantes de la banda criminal involucrada en la desaparición de los 43, realizadas el 26 de septiembre y el 4 de octubre, muestran que la cadena de mando en Sedena tuvo información en tiempo real de lo que ocurría en la zona y el posible destino de los jóvenes. En la página 204 del informe aparece que el análisis de las mismas se envió el 12 de octubre a DN1, es decir el titular de la Defensa Nacional en ese entonces el general Salvador Cienfuegos Zepeda, con conocimiento a las iniciales RAGG, que corresponden al entonces jefe de Estado Mayor de la Defensa Nacional, el general Roble Arturo Granados Gallardo, hoy retirado; y a las iniciales LCSG, subjefe operativo, cargo que entonces ocupaba Luis Crescencio Sandoval González, actual titular de la Sedena. ¿La posibilidad de llamar a declarar al general Sandoval por lo que supo del caso, fue motivo para anular al GIEI?
