Crimen y justicia transicional
Javier Sicilia
De Felipe Calderón a López Obrador, el crimen –asesinatos, secuestros, desapariciones, tortura, desmembramientos de cuerpos, extorsiones, terror– ha ido en aumento. Siempre y cuando pensemos que detrás de los números hay no sólo personas, sino familias enteras destrozadas, las cifras son aterradoras: más de 300 mil asesinados y más de 100 mil desaparecidos. Habría que agregar a todo ello 98% de impunidad. Ni la política de los “balazos”, orquestada por Calderón y continuada por Peña Nieto, ni la de los “abrazos” de López Obrador, han logrado contener su inexorable marcha.
La razón se debe a que, ya sea que el crimen organizado lo haya rebasado o penetrado en sus tres órdenes de gobierno, el Estado está capturado por él. Sometido mediante la corrupción y el miedo, sus instituciones son no sólo cada vez más ineficaces para enfrentarlo; se han vuelto parte de su operatividad.
La única manera de desarticularlo –la única, al menos, que ha tenido resultados en los países en donde se ha aplicado o se aplica– es la Justicia Transicional. En 2018, diversas organizaciones de víctimas y de derechos humanos pactamos con López Obrador adaptarla para México. Después de trabajar en ello con la Secretaría de Gobernación, López Obrador le dio la espalda, sin explicación alguna y con los resultados que hoy conocemos.
Como su nombre lo indica, la Justicia Transicional permite transitar de un Estado capturado por el crimen, a uno de Derecho. Sus resultados, dada la dimensión del problema, no son inmediatos y dependen de su continuidad en el tiempo. Se trata, primero, de aceptar que las instituciones del Estado son incapaces de atender fenómenos de la magnitud de los que hoy padecemos.
Los aparatos judiciales, para referirnos exclusivamente al tema de la violencia, además de su inmensa corrupción, están hechos para atender entornos ordinarios y no para enfrentar violencias extremas, generalizadas y sistemáticas.
En segundo lugar, hay que entender que esas violencias no son casos aislados, desconectados entre sí, sino fenómenos en los que están implicados grandes capos del crimen organizado, organizaciones criminales de diversas escalas, funcionarios y agentes de seguridad en sus tres niveles de gobierno, miembros importantes de partidos y empresas. Capturar a autores materiales y hacer correcciones cosméticas al aparato de justicia no sirven de nada si no se iluminan con la verdad a sus autores intelectuales, se les juzga y se desmontan las redes de complicidad.
En tercer lugar, es necesario un consenso de los partidos políticos, los empresarios y las organizaciones sociales, para asumirlo así y aceptar que la única forma de enfrentar la tragedia es creando dos mecanismos extraordinarios de verdad y justicia totalmente independientes, acompañados y apoyados por expertos y organismos internacionales. Las veces que los gobiernos han intentado hacerlo para casos específicos, manteniendo el control sobre el proceso (la Fiscalía Especial de Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, creada por Fox, o la Comisión de Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia, y la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, creadas por López Obrador) han terminado en el fiasco, el oscurecimiento de la verdad y la justicia, y en la puesta al desnudo de la captura del Estado.
Colombia, que tiene muchas semejanzas con México, tardó, por desgracia, demasiados años en tomar el camino de la Justicia Transicional. En 2011 inició su proceso con la Ley de Justicia y Paz, que culminó en 2016 en los acuerdos de paz con las FARC. A partir de entonces creó la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial por la Paz. Gracias a esos mecanismos, Colombia ha logrado, por ejemplo, esclarecer y hacer justicia a 21 mil casos de secuestros de las FARC, abrir la posibilidad de juzgar a altos funcionarios por crímenes conocidos como falsos positivos –inocentes tipificados y asesinados como criminales–, hacer que las FARC depongan las armas y posibilitar el camino para que el ELN negocie la paz. Falta todavía mucho por andar. Pero la vía está abierta y tiene rumbo y destino.
El camino para México es más complejo y arduo por la diversificación de los grupos armados y su ausencia de ideología. Si decidiera tomar la ruta de esa justicia tendría que diseñar su propia manera de hacerla. Cada Justicia Transicional es única y depende de las circunstancias de cada país. Hay una primera aproximación a ello en los documentos que se crearon en 2018 cuando López Obrador decidió asumirla y luego traicionarla.
Por desgracia, la tragedia de la violencia y la urgente necesidad de encararla a la luz de la verdad y la justica no forma parte de las prioridades de los partidos ni de los gobiernos. Ciegos, soberbios y capturados por el crimen, sus propuestas son las mismas que nos han llevado al desastre y ahondan el infierno: militarización con “balazos” o con “abrazos” y maquillajes cosméticos. No sé si con esa banalización de la tragedia podamos llegar a esa farsa democrática que llamamos elecciones. En todo caso lo haremos, como hasta ahora, en la abyección y con un país destrozado por el horror que tardará muchas décadas más en encontrar su justicia y su dignidad.
Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, detener la guerra, liberar a todos los presos políticos, hacer justicia a las víctimas de la violencia, juzgar a gobernadores y funcionarios criminales, esclarecer el asesinato de Samir Flores, la masacre de los Le Barón, detener los megaproyectos y devolverle la gobernabilidad a México.
