¿Quién debería renunciar?
Alfonso Carlos Ontiveros Salas
Nadie tiene la autoridad moral en el gobierno para pedir que el Rector Jesús Madueña Molina renuncie a su cargo. Por un acto de revanchismo, sería conveniente analizar quien debería renunciar.
El Gobernador del Estado Rubén Rocha Moya, expuso públicamente en su semanera de este lunes que el Rector debería renunciar a su cargo ¿pero en realidad debería ser el Rector? ¿Quién ha sido el causante de las atrocidades emprendidas en su contra y de la Universidad Autónoma de Sinaloa por haberse atrevido a rechazar la Ley de Educación Superior de Sinaloa?
Feliciano Castro desde el Congreso del Estado fue quien emprendió la infame confrontación contra la Casa Rosalina cuando desarmonizó la Ley de Educación Superior Estatal y convenció al Gobernador que la aprobara y la publicara. El instrumento creado para pretender apoderarse del control de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
El tiro les salió al revés y en respuesta a ese estrepitoso fracaso, recurrieron al uso faccioso de las instituciones represivas del Estado que ellos dirigen como la Auditoría Superior del Estado y la Fiscalía Estatal. Autoridades que se han prestado burdamente a obedecer las instrucciones de sus patrones sin tener competencia para realizar sus fechorías.
Escudados en su fachada legaloide, se ha venido haciendo uso reiterado del escándalo mediático desde la semanera del Gobernador por una supuesta compra millonaria de tortillas pretexto que quedó evidenciado de que todo era falso con los propios datos de prueba aportados por la fiscalía estatal y por la defensa en la audiencia inicial. perversamente, se afirmó que el kilogramo de tortillas había sido comprado a $60.00, pero esa mentira quedó desvirtuada ante la propia autoridad judicial, porque la supuesta factura que así lo establecía, resultó que estaba cancelada por el propio proveedor.
Ese hecho causó sorpresa además cuando la propia fiscalía afirmó que por esa supuesta compra no se había producido ningún daño patrimonial a la Universidad Autónoma de Sinaloa, y no obstante ese hecho perversamente se solicitó como medida cautelar la descarada petición de caucionar la suma de 45 millones de pesos para resarcir el daño patrimonial a la UAS, medida a la que el propio Titular del Ejecutivo se la asoció en la misma mañanera no obstante que no había daño patrimonial alguno.
Otro argumento sin fundamento fue que la carpeta de investigación se había iniciado porque no se había licitado la compra de las famosas tortillas, pero ese tiro también les tronó y los quemó, porque tampoco había obligación de hacerlo ya que en ningún momento se rebasaron los topes máximos exigidos por la Ley de Adquisiciones para llevar a cabo ese requisito difundido por las autoridades gubernamentales. De las 1501 facturas difundidas para demostrar la fiscalía ese hecho relacionado con la supuesta compra, estaban canceladas por el proveedor en alrededor de 746 facturas, situación que la fiscalía pretendió ocultar.
Pero también resulta que la fiscalía desconocía que ese producto era perecedero, y es el caso que la ley estatal y federal de adquisiciones exceptúa en estos casos la obligación de licitar, una disposición normativa vigente que la fiscalía debió conocer para evitar llevar ante el Juez al Rector, al Exrector, y a los miembros del Comité de Adquisiciones de la UAS, y a esas disposiciones legales se le sumó sendos decretos expedidos por el Ejecutivo Federal como Presidente del Consejo de Salubridad General y el Congreso del Estado, con motivo de la contingencia sanitaria que México padeció entre los años del 2020, 2021 y parte del 2022. No obstante que todo eso quedó probado en la fase de vinculación a proceso al Juez le importó un soberano cacahuate y dictó contra dichos dirigentes universitarios el auto de vinculación a proceso.
¿Quién debería entonces renunciar a sus cargos? ¿la Auditora Superior del Estado, la Fiscal Estatal, el Juez de Control que lleva el proceso, y el Secretario General de Gobierno como responsable del seguimiento jurídico de esos casos contra la Universidad Autónoma de Sinaloa, el Rector y otros dirigentes universitarios?
Todos ellos son autores directos de la infamia que se viene cometiendo, porque en el caso del Gobernador y Feliciano Castro que también deberían renunciar, aunque su cargo se los impide, pero no por ello, son menos culpables de las atrocidades que se han venido cometiendo con el uso faccioso de las dependencias y funcionarios a su servicio. Solo es cuestión de tiempo para que lleguen las sentencias federales con motivo de los amparos promovidos. En el Rector, si hay honorabilidad, la comunidad universitaria y la sociedad sinaloense lo respeta y lo respalda y, tiene, además, todo el apoyo del H. Consejo Universitario.
La UAS no se toca, la autonomía universitaria se respeta.
¿Usted qué opina?
