El déjà vu obesogénico escolar
Alejandro Calvillo
¿A dónde va la salud de nuestras hijas e hijos? ¿qué pasa en nuestras escuelas donde se consumen cada día alrededor de 550 calorías en productos chatarra? 550 calorías es una tercera parte del total recomendado de calorías para un escolar. Se trata de una condición que los arroja al sobrepeso, la obesidad y a un futuro de diabetes y enfermedades cardiovasculares.
Durante 13 años hemos escuchado varias veces que se establecen lineamientos para sacar la chatarra de las escuelas, como en un acto que se repite y ya hemos vivido antes, una especie de déjà vu. En 2010, con Felipe Calderón escuchamos que se publicaban los lineamientos para sacar la comida chatarra y las bebidas azucaradas de las escuelas y nada pasó; en 2013, con Peña Nieto, volvimos a escuchar lo mismo, que los alimentos y bebidas no saludables ya no estarían en las escuelas, que se habían establecido unos nuevos lineamientos que serían obligatorios y sancionables y… nada pasó. ¿Cuál fue el secreto para que nada pasara? Nada pasó por la fuerte oposición de las corporaciones que, puede resumirse, con el comentario enviado por Coca-Cola a la consulta pública realizada para los lineamientos en 2010: “violentan la Constitución, son excluyentes, discriminatorios e inequitativos”.
Desde 2010 a la fecha sabemos que niñas y niños en las escuelas, en una sola jornada, consumen alrededor de 550 calorías, calorías vacías, que no generan saciedad, de hecho, inducen a comer demás, calorías provenientes de productos chatarra y bebidas endulzadas, calorías extras que a la mayoría le provocará aumento de varios kilos de peso cada ciclo escolar, que les llevaran a gran parte de ellos al sobrepeso o la obesidad y, muy posiblemente, a desarrollar diabetes, enfermedades cardiovasculares, etc.
La culpa se les pone a los padres de familia porque se dice que ellos son los responsables de lo que sus hijos comen y beben y, sin duda, hay cierta responsabilidad. Sin embargo, si los padres dan una alimentación adecuada a sus hijos, bastarán esas más de 550 calorías al día que consumen sus hijos en la jornada escolar para que desarrollen sobrepeso u obesidad. Y esos productos están diseñados justamente para atrapar el paladar, para ser hiperpalatables, a lo que se suma la publicidad multimillonaria que los anuncia en todas partes. Si sus hijos están en las escuelas donde predominan estos productos hiperpalatables, si sus compañeros los consumen, serán irresistibles.
Hoy, volvemos a escuchar de una iniciativa en el Congreso para sacar estos productos de las escuelas. Por primera vez, la propuesta que ahora está en el Legislativo no permitiría la repetición de esta situación, siempre y cuando no entre una mano negra por parte de un grupo parlamentario o algunos legisladores que ya en el pasado han servido a las corporaciones, cambiando unas letras, una coma, para regresarla a la Cámara de Diputados y que muera ahí congelada.
Las regulaciones que se establecieron en el pasado se diseñaron o alteraron de tal manera que no se pudieran cumplir, convirtiéndose en un gran simulacro. Siempre estuvo detrás la industria, una fina mano negra definiendo los detalles, protegiendo los intereses de las grandes empresas. Como pocas veces, el diablo ha estado en los detalles. Y todo un andamiaje elaborado para proteger la salud de la infancia de un ambiente escolar obesogénico, se viene abajo con un ligero cambio en el texto.
Seguir el origen y desarrollo de una sola política se puede convertir en una profunda radiografía de la captura del poder político por intereses privados y explicarnos por qué nos encontramos donde estamos y cuáles son sus costos sociales, económicos y en salud. En este caso, se trata de entender uno de los elementos que contribuyen significativamente al estado de salud de nuestras niñas, niños y adolescentes, y el futuro de enfermedad que se cierne sobre ellos.
Fue la administración de Felipe Calderón la que empezó con Josefina Vázquez Mota al frente de la Secretaría de Educación enfrentando la alerta de que las niñas y niños mexicanos presentaban uno de los mayores índices de sobrepeso y obesidad en el mundo. En tan solamente 6 años, entre 2000 y 2006, el sobrepeso y la obesidad en niñas y niños de 5 a 11 años de edad había aumentado cerca del 40 por ciento. La atención del mundo se puso en lo que estaba pasando en México, en ningún país el sobrepeso y la obesidad habían crecido tan rápidamente.
Ante la demanda de establecer una de las recomendaciones internacionales, de la propia Organización Mundial de Salud, la de sacar la comida chatarra y las bebidas azucaradas de las escuelas, la secretaria de Educación respondía una y otra vez con la negativa, argumentando que se enseñaría a los escolares a “realizar elecciones saludables”. Mientras, la secretaria firmaba un acuerdo con PepsiCo para implementar el programa “Vive Saludable” y con Coca-Cola para desarrollar la campaña “Movimiento Bienestar” al interior de las escuelas, para que fueran estas corporaciones las que orientaran a los estudiantes de las escuelas de educación básica en estilos de vida saludables.
La situación cambió para bien, con la entrada, al relevo, en la Secretaría de Educación de Alonso Lujambio. Los lineamientos se elaboraron con el apoyo de la Secretaría de Salud, en especial del Subsecretario de Prevención, el Dr. Mauricio Hernández, que venía de haber dirigido el Instituto Nacional de Salud Pública donde, durante años, se habían desarrollado las investigaciones de campo sobre el ambiente alimentario escolar, calificándolo de obesogénico. Los datos de entonces y de ahora, no han variado, un consumo promedio al interior de las escuelas por cada alumno de 550 calorías, calorías extras, vacías, añadidas a las consumidas en el desayuno, la comida y la cena. Exceder el consumo diario recomendado en 550 calorías convierte tanto a un menor como a un adulto en un buen candidato a desarrollar diabetes, enfermedades del corazón y algunos tipos de cáncer.
Los lineamientos fueron elaborados con muy buena base técnica, el problema vino cuando entraron en consulta pública en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, organismo descentralizado de la Secretaría de Economía. Ahí todo cambio, el criterio base de densidad calórica, por presión de la industria, cambió al criterio de porción. El criterio de densidad calórica establecía un máximo de calorías por 100 gramos o 100 mililitros del producto. No importaba el tamaño del producto, si en 100 gramos rebasaba el límite de calorías no entraba a las escuelas. Sin importar que el producto empaquetado pesara 15 o 40 gramos, si en 100 gramos rebasaba el límite no podía entrar. La CONAMER, al servicio de la industria en esa administración, argumentó que no tenía bases científicas el criterio de densidad calórica y estableció el criterio de la porción. Gracias a ello entró la “minichatarra” a las escuelas, el minigansito, la mini bebida azucarada y los mini mini de muchos productos que de inmediato desarrollaron las empresas para el mercado multimillonario de las escuelas.
Como parte de la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso y Obesidad, anunciada con bombo y platillo en 2013 en un gran acto realizado en el Instituto Nacional de la Nutrición por Peña Nieto, teniendo como invitado de honor al titular de Coca-Cola Company para América Latina, Brian Smith, se refirió a una nueva versión de los lineamientos para alimentos y bebidas en las escuelas que en nada cambiaron la situación, evitando la responsabilidad de la autoridad en ellos.
El otro elemento clave para evitar que los lineamientos funcionaran, tanto los de 2010 como los de 2013, fue poner la responsabilidad de su aplicación, de vigilar que se cumplieran, en el consejo de participación social de las escuelas, que en la mayor parte de ellas no existe y en el que la participación principal es de padres de familia.
De esa manera la autoridad se desentendía de su responsabilidad y la responsabilidad se ponía en ese consejo, lo que significaba dejar la regulación sin posibilidades de operar, es decir, puro maquillaje. La propia Comisión Nacional de Derechos Humanos realizó una recomendación señalando que garantizar ambientes saludables en las escuelas es una obligación del Estado, de la autoridad educativa y de salud, que mantener la oferta de productos no saludables en las escuelas es una violación al derecho a la salud de la infancia.
La iniciativa presentada en el Senado, en estos días, reforma la Ley General de Educación, instrumento superior a los lineamientos, poniendo, por fin, después de más de 13 años de simulacro, la responsabilidad de la aplicación y vigilancia en las autoridades educativas y de salud.
Hablamos del ambiente escolar, de un ámbito donde niñas, niños y adolescentes se encuentran cautivos, donde todo lo que la institución escolar regula debe convertirse en un acto educativo y no lo contrario, como ocurre actualmente, convertidas las escuelas en espacios de mercantilización de productos comestibles y bebibles no saludables. Las escuelas generan una influencia importante en las comunidades. Las escuelas pueden y deben brindar alimentos adquiridos a los productores locales, fortaleciendo las economías de sus comunidades, pueden y deben contribuir activamente a restaurar el daño generado por la mala alimentación al tiempo que favorecen el combate a la pobreza y fortalecen la cultura alimentaria regional. Esto ocurre en Brasil donde las escuelas están obligadas a comprar a los productores locales un porcentaje importante de los alimentos y ocurre también en experiencias desarrolladas en diversas regiones de México, escuelas en zonas altamente marginadas que demuestran que se puede mejorar la alimentación de niñas y niños con productos de la región y que de esta manera se apoya la economía de las comunidades, se protege la salud y se fortalece la cultura culinaria.
