Corrupción: La Auditoría y Rocha “cuidan” a Quirino Ordaz
Álvaro Aragón Ayala
La titular de la Auditoría Superior del Estado, Emma Guadalupe Félix Rivera, a la que Rubén Rocha Moya utiliza para criminalizar a la Universidad Autónoma de Sinaloa e intentar auditarla sin contar con facultades legales para fiscalizarla, es corresponsable y cómplice del gobierno de Quirino Ordaz Coppel, quien no sólo le robó al Sistema de Administración Tributaria -SAT-, sino que en un abierto conflicto de intereses facilitó el flujo de millonarias sumas de dinero público hacia su consorcio hotelero.
La cadena de corrupción estatal de Quirino Ordaz Coppel alcanzó ya a Rubén Rocha, quien lo protege y tendrá que pagar una multa al SAT de más de mil millones de pesos. En vez de solicitar a la Fiscalía General del Estado la apertura de carpetas de investigación, para procesar y encarcelar a Quirino, que ahora funge como Embajador de México en España, el gobernador morenista lo “cubre”, pese a que cuenta con todos los elementos para proceder legalmente en su contra.
Bajo el solapamiento de Emma Guadalupe Félix, Quirino Ordaz violó un convenio de colaboración con el SAT, que le costará al gobierno de Sinaloa más de mil millones de pesos; obtuvo también de manera ilegal dinero del Fondo de Participaciones Federales, y usó el dinero público para favorecer los negocios personales de sus amigos y familiares. Se dio el lujo de “regalarle” el estadio de Futbol Kraken a Ricardo Salinas Pliego, de TV Azteca, de invertir cientos de millones de pesos en la construcción del nuevo Acuario de Mazatlán de su primo Ernesto Coppel Kelly.
En los últimos años, la Operadora Pacific Palace ha recibido millones de pesos sin importar que esos negocios sean del ex gobernador y actual Embajador. Captó chorros de dinero de cuando menos 20 instituciones públicas, incluyendo municipios, universidades, autoridades electorales y dependencias de gobierno cuando Quirino Ordaz fungía como gobernador. Tan solo del 2015 al 2023, los hoteles de Quirino hospedaron a la crema y nata del Poder cobrándole al erario de Sinaloa más de 3 millones 500 mil pesos.
Rubén Rocha Moya usa la Auditoría Superior del Estado contra la UAS. La dependencia no tiene facultades para auditar los recursos federales y federalizados ni los recursos públicos de la Casa Rosalina, sin embargo, interpuso una demanda a la institución “por no dejarse auditar”. La única dependencia encargada de fiscalizar a la Universidad es la Auditoria Superior de la Federación. La ASE opera con un presupuesto anual de más de 135 millones de pesos y cuenta con más de 300 empleados que solapan o encubren la corrupción del gobierno de Rubén Rocha y de los ayuntamientos.
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