Rocha en modo “Poncio Pilatos”
Álvaro Aragón Ayala
El gobernador Rubén Rocha Moya pisotea, ignora y “se pasa por el arco del triunfo” las investigaciones contables, administrativa y financieras practicadas por la Auditoría Superior de la Federación a la Universidad Autónoma de Sinaloa, las cuales no han arrojado daños patrimoniales contra la institución ni perjuicios a la hacienda pública federal, y sigue inventando delitos, sin el respaldo de ninguna auditoría federal, contra los directivos de la Casa Rosalina.
La única facultada para determinar si la UAS y otras instituciones de educación superior autónomas incurren en saqueos, uso indebido o desvíos de recursos es la ASF. Sin embargo, Rubén Rocha fabrica historias manoseando documentos contables de la Casa Rosalina, ya auditados, para fincar demandas penales contra autoridades uaseñas operadas por la Fiscalía General de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia, constituidos en entes mafiosos.
Los directivos de la UAS no han dañado la hacienda estatal porque el gobierno de Rubén Rocha no es el ente financiador de la Universidad, la cual se sostiene con un presupuesto federal y federalizado y con recursos autogenerados. Si la UAS no perjudica ni hace uso de dinero estatal no hay argumentos lógicos para que la Auditoría Superior del Estado y la Fiscalía General de Justicia fabriquen delitos contra directivos de la Casa Rosalina.
Rocha Moya creó la Ley de Educación Superior del Estado para apoderarse del control de la UAS, pero un Juez de Distrito dictaminó que su contenido viola la autonomía universitaria encolerizando al gobernador, quien ordenó dinamizar las querellas, mientras él actúa como “Poncio Pilatos” y se lava las manos intentando hacer creer que el no controla a la Fiscalía General de Justicia ni a los Juzgados Locales y que no tiene interés en tomar por asalto la máxima casa de estudios.
El mes de octubre del 2021, Juan José Ríos Estavillo fue obligado a renunciar como titular de la Fiscalía General de Justicia -el periodo vencería en marzo del 2024-, debido a que recibió una denuncia contra Enrique Inzunza Cázarez en funciones de titular del Tribunal Superior de Justicia por acoso sexual y amenazas de muerte interpuestas en su contra por la Jueza Ana Karina Aragón Cutiño. Ríos estorbaba a los planes del gobernador e Inzunza Cázarez.
Así, Ríos Estavillo fue “guillotinado” por Rubén Rocha cobrando venganza por el proceso judicial que se le siguió y que se “atoró” en contra de Inzunza Cázarez, a quien nombró secretario general de Gobierno. En la Fiscalía impuso a la ex jueza, Sara Bruna Quiñonez, quien operaba como pieza clave de Enrique Inzunza en el Tribunal de Justicia atendiendo judicialmente sin resultados tangibles “casos políticos” de alta envergadura.
Para ocupar la secretaría general de Gobierno, Enrique Inzunza renunció a la presidencia del Tribunal de Justicia de Sinaloa y en su lugar fue designado por consigna del propio Inzunza y del gobernador, Jesús Iván Chávez Rangel, quien baja las indicaciones para que los Jueces de Control funcionen en sincronía con la Fiscalía y atiendan las demandas rochistas en contra de directivos universitarios.
Tratando a los sinaloenses como orates, Rubén Rocha ahora pretende hacer crear que él no opera las demandas contra la UAS no validadas por la Auditoría Superior de la Federación y argumenta que no controla la Fiscalía ni el Tribunal de Justicia, pero justifica las presiones y el secuestro de universitarios para obligarlos a que testifiquen y validen las demandas fabricadas, y descalifica, además, la defensa legal de las autoridades de la Casa Rosalina.
Rocha Moya compró, por medio de contratos de “publicidad” y “chayotes”, la aprobación de los medios de comunicación para que no censuren y justifiquen la persecución política y judicial contra la UAS y los sumó a la cruzada de criminalización contra los directivos universitarios. En la campaña de acoso informativo contra la Casa Rosalina y sus autoridades, el gobierno rochista ha gastado ya más de 700 millones de pesos.
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