La UAS no ha dañado el erario estatal; son ilegales las demandas
Álvaro Aragón Ayala
El gobierno de Sinaloa no aporta financiamiento propio para la operación de la Universidad Autónoma de Sinaloa, la cual funciona con presupuesto federal y federalizado y con recursos autogenerados. Al no aplicar dinero del erario estatal, los directivos de la Casa Rosalina jamás han dañado la hacienda del Gobierno de Sinaloa. Si la UAS no hace uso de recursos estatales no hay argumentos lógicos ni legales para que la Auditoría Superior del Estado y la Fiscalía General de Justicia fabriquen delitos contra autoridades de la máxima casa de estudios.
Ni la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ni la Secretaría de Educación Pública mucho menos la Auditoría Superior de la Federación -ASF-, pidieron la intervención del gobierno de Rubén Rocha para que “investigue” supuestas irregularidades en la UAS ni para imponer demandas contra los directivos de la institución. La única facultada para dictaminar si la UAS y otras instituciones de educación superior autónomas incurren en saqueos, uso indebido o desvíos de recursos es la ASF, no los gobiernos estatales.
Anualmente, la Auditoría Superior de la Federación practica auditorías a la Universidad Autónoma de Sinaloa y el resto de las universidades públicas autónomas del país. En el caso de la UAS, la ASF no ha encontrado ninguna irregularidad en el manejo del presupuesto que la SHyCP otorga a la institución. Los resultados de las auditorías especifican que la Casa Rosalina no ha incurrido en ningun daño a hacienda federal que la provee de recursos. No hay entonces delitos que perseguir.
Cuando las autoridades de la ASF detectan y confirman que alguna institución de enseñanza superior autónomas del país incurrió en un presunto uso indebido de su presupuesto, no pide a los gobiernos estatales su intervención porque no tienen facultades para meterse en las Universidades ni auditarlas, sino que acude a la Fiscalía General de la República para que investigue a fondo si hay o no delitos que perseguir. Es entonces la FGR la responsable de fincar demandas y turnarlas a los Juzgados Federales, no los gobiernos de los estados. La vigilancia sobre la aplicación de los presupuestos universitarios no es de incumbencia estatal.
Derivado del rechazo a la Ley de Educación Superior del Estado mediante la cual intentaba generar coyunturas jurídicas para tomar por asalto a la UAS, Rubén Rocha violentó la ley y los pactos federales en materia de la fiscalización de los recursos federales y federalizados y se metió “por el arco del triunfo” los resultados de las investigaciones contables, administrativas y financieras practicadas por la Auditoría Superior de la Federación a la Universidad y sin aplicar auditorías comenzó con el sonsonete de que la Casa Rosalina hace mal uso de su presupuesto.
Para justificar socialmente la intervención en la UAS de la Auditoría Superior del Estado, el SATES, el SAT y la Fiscalía de Justicia del Estado, Rubén Rocha compró con contratos de publicidad millonarios y de “chayotes”, la aprobación hacia su gobierno de los medios de comunicación, a los que instruyó para que impongan la narrativa del saqueo y de mala aplicación de los recursos de la UAS, alharaca informativa que le sirve para “acreditar” las demandas, sin el sustento de los resultados de la ASF, contra directivos de la máxima casa de estudios.
Las querellas que interpuso Rubén contra las autoridades de la UAS son inconstitucionales, violatorias a la ley, porque la Fiscalía General de Justicia no justifica el daño al erario público al gobierno estatal, porque no lo hay. Sin perjuicio al patrimonio estatal no hay delito que perseguir y no lo hay porque el gobierno de Rocha no financia a la institución. En concreto: La ASF, no la Fiscalía Estatal, no la Auditoría Estatal, no Rubén Rocha, es la única facultada para precisar si la UAS y otras instituciones hacen mal uso de sus presupuestos. Las querellas rochistas están, pues, sustentadas en mentiras.
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