Diagnóstico: carecen de sustento jurídico demandas contra directivos de la UAS
Álvaro Aragón Ayala
Las denuncias penales de Rubén Rocha Moya contra los directivos de la Universidad Autónoma de Sinaloa, fabricadas sin el sustento legal de los dictámenes finales individuales que arrojan las investigaciones contables-administrativas-financieras practicadas por la Auditoría Superior de la Federación a la Casa Rosalina, derivan de un andamiaje pervertido creado por el gobernador por encima de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y la Ley General de Educación Superior.
Este es el primer diagnóstico que se desprende de la mesa de diálogo a la que acudió el responsable del despacho de la Rectoría de la UAS, Robespierre Lizárraga Otero, y el gobernador Rubén Rocha Moya, realizada en el despacho de Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría de Gobernación, y que fue ordenada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para buscarle una salida política-jurídica al enfrentamiento generado por el mandatario estatal en el marco de su plan para tomar por asalto a la Universidad.
En la reunión, Rubén Rocha quedó exhibido porque no argumentó ni técnica ni jurídicamente el porqué de su intromisión en la vida interna de la UAS ni el porqué del montaje de las demandas sin las resoluciones de la Auditoría Superior de la Federación. Las querellas no son válidas, están viciadas de origen, no tiene el sustento de la prueba, y no fueron solicitadas a la autoridad estatal ni a la Fiscalía de Justicia Estatal ni por la ASF ni por la Comisión de Fiscalización de la Cámara Federal de Diputados. Sin embargo, el gobernador las valida para desprestigiar a las autoridades uaseñas y las utiliza para pretender encarcelarlos.
De lo planteado en la SEGOB y de acuerdo a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, ni el gobierno del estado, ni la Fiscalía de Justicia de Sinaloa, ni la UIPES, ni el SATES ni la Auditoría Superior del Estado, tienen competencia para vigilar y fiscalizar ni para normar las operaciones contables-administrativas-financieras de la UAS. La Constitución y la Ley General de Educación Superior otorgan plena autonomía a la UAS, por tanto, no depende del gobierno del Estado ni de la Secretaría de Educación Pública y Cultura. Únicamente la Auditoría Superior de la Federación puede dictaminar si hay o no saqueos, robos o manejo irregular de los recursos en la máxima casa de estudios.
Por ley, la Auditoría Superior de la Federación es el órgano técnico especializado, dotado de autonomía técnica y de gestión que se encarga de fiscalizar el uso de los recursos públicos federales en los tres Poderes de la Unión; los órganos constitucionales autónomos (Universidades Autónomas); los estados y municipios; y en general cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada que haya captado, recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos públicos federales. El resultado final de la labor de la ASF son los Informes Individuales de Auditoría y el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública.
Con base en la información otorgada por Robespierre Lizárraga a Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, y el contenido de la Constitución y las leyes federales, el primer diagnóstico en el que participaron juristas, legisladores de la Comisión de Fiscalización de la Cámara Federal de Diputados, de la cual depende la Auditoría Superior de la Federación, y funcionarios la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP, concluye que las demandas contra los directivos de la UAS son inconstitucionales, violan los derechos humanos, están viciadas de origen y carecen de sustento legal, y que Rubén Rocha las armó para socavar la autonomía y para encarcelar a las autoridades universitarias en venganza porque no le ceden el control de la Casa Rosalina.
