ASF detecta pagos de nómina indebidos y fallas en contratos de ocho dependencias
Pagos indebidos a trabajadores, errores de registro, falta de documentación comprobatoria e irregularidades en todas las etapas de las contrataciones públicas identificó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en ocho dependencias.
Al analizar las inspecciones que este organismo realizó al gasto federalizado de 2022, es decir, es decir, el presupuesto que se transfiere a los estados y municipios, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) encontró que en este rubro las principales irregularidades se concentran en la nómina y la contratación pública.
En 2022, se aprobó 1 billón 033 pesos para la remuneración de los servidores públicos, un monto correspondiente al 15% del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).
En el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado se identificaron 74 millones de pesos pendientes de aclaración e irregularidades en la nómina en el marco del fideicomiso “Fondo de Pensiones del Sistema Banrural”, de acuerdo con un reporte del IMCO.
Se hicieron pagos indebidos de 4 millones de pesos a 56 pensionados y jubilados, aunque la CURP de cada uno (de acuerdo con información de RENAPO) se encuentra reportada como “Baja por difusión”, “Baja sin uso” y “Baja por documento apócrifo”. Queda inconcluso quién recibió el pago de estos 56 trabajadores del instituto.
En el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) se detectaron anomalías en la nómina del servicio de limpieza de las instalaciones: 58 personas asistieron a laborar, pero no recibieron compensación.
Adicionalmente, el IMCO encontró, con base en los reportes de la ASF, que algunas personas fueron presionadas a ceder entre el 10% y el 60% de sus sueldos y prestaciones de forma quincenal para mantener sus empleos.
“También se identificó la existencia de nepotismo, contratación de personal no calificado para los puestos, y empleados que no cumplen con sus obligaciones laborales”, expuso el Instituto.
En Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos se identificaron pagos por 10.9 millones de pesos realizados por concepto de sueldos, aguinaldo y compensación sin considerar el tabulador autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). De igual forma, 120 expedientes de personal no se encontraban integrados conforme a la normatividad vigente.
El Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García ordenó el pago a 26 docentes y 75 administrativos que no cumplieron con los requisitos señalados en las convocatorias y los convenios, incluyendo título y cédula profesional. Esto se relaciona con la falta de control en la verificación de la documentación presentada por los aspirantes.
Contratos públicos
En Diconsa, agrega en el informe, se identificaron 116.4 millones de pesos pendientes de aclarar, lo que indica malas prácticas en el uso de recursos públicos. En particular, se hallaron problemas relacionados con la recepción de bienes dado que Diconsa no cumplió con la obligación de proporcionar el soporte de pago correspondiente en el sistema.
Además, encontró cargas de combustible en vehículos no registrados en el Sistema Integral de Transportes, sin evidencia que respalde su uso para actividades de Diconsa y sin la presentación de los vales de combustible por un monto de 108 mil 869 pesos.
La institución tampoco ha podido acreditar el servicio de depósito mercantil ya que los comprobantes fiscales no concuerdan con los tonelajes de entradas y salidas del almacén registrados en el SICOM
En la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural se identificó que 10 proyectos estratégicos no fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación, por lo que no se produjeron los efectos jurídicos correspondientes.
Además, se otorgaron recursos a beneficiarios fuera de los ciclos agrícolas para los que estaban destinados, y algunos conceptos de apoyo carecían de la mecánica operativa establecida en los acuerdos de los proyectos estratégicos.
Se encontró una falta de acreditación de la compra-venta de semillas por 4.4 millones de pesos realizadas por el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) a 2 mil 259 beneficiarios del subcomponente Producción y Productividad Agroecológica para la Alimentación y Autosuficiencia Alimentaria.
En Segalmex se identificaron malas prácticas por un total de 177 millones de pesos. Entre las acciones están pagos indebidos a la empresa “Enzo Real Solutions” y una falta de documentación adecuada.
Mientras que al analizar al Instituto Mexicano del Seguro Social, se encontró en la auditoría a la compra, distribución y almacenamiento de víveres y alimentos, que la institución no contó con la documentación necesaria para comprobar la recepción de los víveres y alimentos ni para acreditar su calidad o entrada al almacén.
Además, algunas órdenes de compra no contaban con los datos de los servidores públicos o tenían errores en sus páginas. En general, no se integraron correctamente los expedientes de los procedimientos de contratación para la adquisición de víveres y alimentos.
Con información de Expansión
