Caso Zaldívar: Presionaron a 70 jueces a favor de la 4T
Una denuncia anónima ha sacudido los cimientos del Poder Judicial de la Federación, señalando a altos mandos del gobierno y del propio tribunal de ejercer presión sobre jueces y magistrados en casos emblemáticos para la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. El escrito apunta a una serie de prácticas corruptas que van desde el tráfico de influencias hasta la extorsión, enriquecimiento ilícito y acoso laboral y sexual, de acuerdo con información publicada por la agencia Animal Político.
Los cuatro altos mandos señalados en la denuncia son: Carlos Antonio Alpízar Salazar, Julio Scherer Ibarra, Édgar Manuel Bonilla del Ángel y Netzaí Sandoval Ballesteros. Según la acusación, estos individuos habrían manipulado a más de 70 jueces y magistrados para obtener resoluciones favorables en al menos 18 casos de gran importancia para el gobierno.
El modus operandi descrito en la denuncia implica una serie de pasos meticulosamente planeados. Inicialmente, Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico de la presidencia, intervenía en asuntos de interés gubernamental, instando a las partes a colaborar con despachos legales afines o con la defensoría pública federal, facilitando así el proceso a su favor. Posteriormente, Scherer se reunía con Arturo Zaldívar o Carlos Alpízar para solicitar su intervención en los casos, presionando a jueces y magistrados para obtener resoluciones favorables.
La denuncia detalla encuentros clandestinos en el edificio del CJF, donde los jueces eran recibidos en un ambiente intimidante, rodeados de personal de seguridad armado. Se les prohibía llevar dispositivos electrónicos para evitar dejar rastros. Además, se menciona la participación de funcionarios de Gobernación y de la Secretaría de la Defensa Nacional en estas reuniones.
Para asegurar el cumplimiento de sus demandas, los altos mandos del gobierno y del Poder Judicial recurrían a diversas tácticas, incluyendo amenazas veladas, falsas acusaciones ante la Fiscalía y presiones a través del Instituto Federal de Defensoría. Los jueces y magistrados que se resistían a acatar las órdenes enfrentaban represalias, como cambios de adscripción o incluso investigaciones administrativas que ponían en peligro su salud e integridad.
Entre los casos emblemáticos mencionados en la denuncia se encuentran La Estafa Maestra, los casos de corrupción de Emilio Lozoya, el fraude en Infonavit, así como controversias relacionadas con el Tren Maya, los Aeropuertos de Texcoco y Santa Lucía, y la Ley de Hidrocarburos y de la Industria Eléctrica. En todos estos casos, se alega que jueces y magistrados fueron presionados para emitir resoluciones favorables al gobierno.
La denuncia también revela la supuesta confabulación entre Julio Scherer y Arturo Zaldívar para atentar contra la autonomía e independencia de los órganos jurisdiccionales. Se describen casos específicos en los que Scherer habría presionado personalmente a jueces y magistrados, con la aprobación tácita de Zaldívar.
La respuesta del gobierno y del Poder Judicial ante estas acusaciones ha sido diversa. Arturo Zaldívar ha acusado a la ministra presidenta Norma Piña de presionar a jueces y magistrados para declarar en su contra, anunciando la presentación de diversas denuncias. Mientras tanto, algunos de los señalados en la denuncia han negado categóricamente las acusaciones a través de redes sociales y otros medios.
En resumen, la denuncia anónima presentada contra Arturo Zaldívar y altos mandos del gobierno y del Poder Judicial revela una trama de presión y corrupción que amenaza la autonomía e independencia del sistema judicial mexicano. Los casos mencionados son solo la punta del iceberg de un problema sistémico que requiere una investigación exhaustiva y medidas contundentes para restaurar la confianza en el sistema judicial del país.
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