Padres de Ayotzinapa exigen que se abra una nueva línea de investigación sobre el paradero de los 43 normalistas

Manu Ureste

“¿Ya se encontraron los cuerpos en la laguna?”. Esta pregunta que se realizan dos sujetos desconocidos, y cuya conversación está incluida en los 15 folios de inteligencia militar que el Gobierno de López Obrador entregó el pasado 3 de junio a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, es uno de los nuevos elementos que los familiares exigen a las autoridades que se investigue como otra posible línea de investigación en un caso que lleva casi 10 años sin resolverse.

A partir del último informe que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó en julio del año pasado, antes de abandonar el país, los padres y madres de los normalistas exigen al Gobierno que el Ejército mexicano les entregue más de 800 folios de inteligencia militar que podrían contener información clave sobre la participación de las fuerzas armadas en el caso.

Sin embargo, el Ejército les respondió que en 700 de esos folios, elaborados por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI), hay información confidencial, o información que no corresponde al periodo de tiempo en el que ocurrieron los hechos la noche del 26 de septiembre de 2014, o información que, según la institución, no es relevante para el esclarecimiento del caso Ayotzinapa. Por lo que, hasta ahora, solo les ha entregado esos 15 folios, de cuyo análisis se desprenden posibles nuevas pistas y líneas de investigación a profundizar, dijeron los padres de familia.

“En los 15 folios encontramos la necesidad de que el Ejército entregue toda la información que le pedimos, porque se mencionan transcripciones telefónicas que a su vez mencionan posibles paraderos (de los estudiantes). Se habla, por ejemplo, de una conversación entre dos personas en la que una le pregunta a la otra si ‘ya se encontraron los cuerpos en la laguna’”, planteó Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, una de las organizaciones civiles que acompañan a los padres de los 43 normalistas.

“Leemos esto y nos preguntamos, bueno, ¿qué laguna es esa? ¿Dónde está? ¿Qué seguimiento le dio el Ejército a ese reporte de inteligencia? ¿Quiénes son esas personas que tienen la conversación? ¿Qué ocurrió después? Todo esto, hasta ahora, no tiene respuesta, y nos parece que son preguntas legítimas”, agregó el activista.

En la zona próxima al lugar donde desaparecieron los normalistas en Iguala hay una comunidad que se llama La Laguna, entre Iguala y Chilpancingo, en el municipio Eduardo Neri, donde la comisión presidencial del caso Ayotzinapa y la fiscalía especializada realizaron ya búsquedas entre junio y agosto de 2021, sin ningún resultado. Sin embargo, la falta de información y contexto no permiten llegar a la conclusión de si se trata del lugar que se menciona en la conversación entre las dos personas mencionadas en el informe de inteligencia.

“No sabemos si lo que dicen esas dos personas es cierto, por eso queremos que se investigue a fondo”, pidió Aguirre.

Piden padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa profundizar en investigación

Por su parte, el abogado de los familiares de los 43, Vidulfo Rosales, detalló ayer jueves en una conferencia de prensa que dentro de esos 15 folios hay uno en particular que hace referencia a otra comunicación intervenida por el Ejército en la que se hace referencia a que se obtuvo “información técnica” del área de Iguala, en Guerrero, de que en la colonia Jardines del Sol, por Pueblo Viejo, se encontró una fosa clandestina con 14 cuerpos, que al parecer serían de los estudiantes normalistas.

Sobre este punto, el periodista Pablo Ferri publicó el pasado 9 de junio en El País que ese hallazgo se refiere al de las fosas de Pueblo Viejo, un ejido de Iguala del que las autoridades acabaron por rescatar 28 cuerpos, aunque ninguno era de los normalistas de Ayotzinapa.

“No estamos diciendo que en esa fosa estén los cuerpos de los estudiantes, sino que se debe profundizar en la investigación sobre la actuación del Ejército mexicano”, precisó por su parte Vidulfo Rosales, que recordó que la información sobre la mencionada ‘laguna’ y los 14 cuerpos salió de los propios archivos militares de inteligencia.

Asimismo, el abogado expuso que dentro de la investigación del caso hay un testigo protegido “que ya declaró y ratificó” que 25 estudiantes de los 43 normalistas fueron introducidos al cuartel del Batallón 27 de Infantería, y que ahí “fueron torturados y luego entregados a Guerreros Unidos”.

Mientras que dentro de la investigación también se refiere que 17 estudiantes habrían sido trasladados a la Comisaría de Barandillas, en Iguala.

“Esta información está corroborada por un documento del Ejército que intervino una comunicación de Francisco Valladares, de Seguridad Pública de Iguala. Ahí se habla de que van a trasladar a 17 estudiantes de la Barandilla a un punto de Iguala”, apuntó el abogado, que insistió en que tanto la información de los 25 estudiantes que habrían sido llevados a un cuartel militar, como la de los 17 que habrían sido llevados a una comandancia de policía, salió de documentos militares “que involucran al Ejército”.  “Y por eso es una prueba de que se debe investigar al Ejército”, hizo hincapié Rosales.

Por su parte, el señor Mario González, padre de otro de los normalistas desaparecidos, recalcó que “no es por consigna que queremos que se investigue al Ejército”, sino que la demanda está fundamentada en que hay documentos de inteligencia militar que sugieren su participación en los hechos del 26 de septiembre de 2014. Entre esos indicios, insistió, están los posibles cuerpos hallados en una fosa en la colonia Jardines del Sol de Iguala y en la ‘laguna’, así como el hecho de que, según una investigación del GIEI, la normal rural de Ayotzinapa estaba “infiltrada” por un soldado que se hizo pasar por estudiante, o que según un testigo hasta 25 estudiantes habrían sido llevados a un cuartel militar.

“Queremos saber qué hay en los 800 folios de inteligencia militar, pero desafortunadamente se usa la cerrazón para perder tiempo en el desprestigio y en no darnos la información”, lamentó Mario González, en alusión a las palabras que en las últimas semanas ha dedicado el presidente López Obrador para atacar, sobre todo, a los abogados y a las organizaciones de la sociedad civil que acompañan a los familiares de los 43 normalistas desaparecidos, y a los que acusó de estar manipulando a los padres y madres de los normalistas.

“No nos vamos a callar, vamos a seguir, tope con quien tope. Solo queremos saber de nuestros hijos. Nosotros no nos metemos políticamente con nadie. Hemos aceptado lo que ha sido verídico con sustento científico. Por eso queremos que en este caso haya una supervisión técnica internacional y que el Ejército saque las manos del caso”, exigió González.

Temen “madruguete” de la FGR en identificación de restos

Por otra parte, ayer jueves los padres y madres del caso Ayotzinapa dieron a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR) les anunció el pasado 3 de junio que están analizando al menos 5 perfiles genéticos de restos humanos bajo su custodia que podrían tener relación con el caso Ayotzinapa, aunque no les precisaron a cuántos restos podrían corresponder esos nuevos perfiles.

Hasta el momento, cabe recordar que de los 43 normalistas, solo 3 han sido identificados genéticamente: Alexander Mora Venancio, Joshivanni Guerrero de la Cruz y Alfonso Rodríguez Telumbre.

Sin embargo, los familiares dijeron que la Fiscalía no avisó al equipo forense de peritos argentinos, ni a los forenses de la Universidad de Innsbruck, Austria, que son de su confianza y que ya participaron en la identificación de los tres normalistas citados, por lo que advirtieron que no aceptarán los resultados del análisis, sean los que sean.

“No vamos a validar los resultados porque se trata de un análisis unilateral, y queremos dejar claro que no los vamos a validar, sean los que sean”, subrayó Melitón Ortega, padre de uno de los 43 normalistas.

Por su parte, Santiago Aguirre, director del Centro Pro, explicó que hay otro punto conflictivo en el nuevo análisis forense de restos de la FGR, y es que éste está intentando aplicar un método experimental de identificación genética por vía “mitocondrial”, y no por la vía “nuclear” que sería más confiable, de acuerdo con lo que les aseguraron los peritos forenses argentinos.

“Esto, aun cuando en el pasado dicho método (mitocondrial) ya condujo a resultados inequívocos que provocaron mucho dolor entre las familias”, recordó el activista.

Por ello, Aguirre señaló que ante la posibilidad de que el inminente cierre del sexenio pueda llevar a un “anuncio precipitado de resultados”, desde ahora los padres y madres advierten que cualquier resultado que no haya sido validado por el equipo antropológico forense de expertos argentinos e Innsbruck “solo dañarán más el proceso y contribuirán a la confusión”.

“En automático, los resultados no serán creíbles, y por eso pedimos que haya una revisión externa por los peritos argentinos que han participado en este caso. No queremos que haya un ‘madruguete’ por parte de la Fiscalía, pues no confiamos en ellos”, recalcó Aguirre.

Está previsto que el próximo miércoles 3 de julio, el presidente López Obrador reciba de nuevo a los padres y madres de los normalistas, para entregarles nueva información del caso. 

Con información de Animal Político