A la sombra del Tren Maya, el paraíso secreto de los Bartlett
Octavio Martínez
La familia del director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, se adelantó al Tren Maya: adquirió a precios de regalo –incluso a cero pesos– predios de lujo en Cancún, Playa del Carmen, Puerto Morelos y Tulum (juntos suman casi 164 hectáreas), ubicados en puntos exclusivos y estratégicos por su cercanía con el megaproyecto
La familia del director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, se adelantó al Tren Maya: adquirió a precios de regalo –incluso a cero pesos– predios de lujo en Cancún, Playa del Carmen, Puerto Morelos y Tulum (juntos suman casi 164 hectáreas), ubicados en puntos exclusivos y estratégicos por su cercanía con el megaproyecto.
Esas adquisiciones en favor de Julia Abdalá, pareja de Bartlett, y de León Bartlett, hijo del director de la CFE, las facilitaron funcionarios de primer nivel que después fueron vinculados o señalados por corrupción.
En esta zona del Caribe mexicano familiares del actual director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz –su pareja, Julia Abdalá Lemus, y su hijo León Manuel Bartlett Álvarez–, adquirieron extensas propiedades a costos subvaluados en puntos estratégicos, que hoy resultan favorecidos por su cercanía con las megaobras del gobierno federal en esta región.
Algunos de los inmuebles se adquirieron mediante procesos en los que maniobraron funcionarios hoy señalados por corrupción, otros fueron adjudicados a cero pesos en plena costa del Caribe.
Todos comparten un común denominador: han incrementado sustancialmente su valor por el apuntalamiento que ha traído el principal proyecto de infraestructura del sexenio lopezobradorista: el Tren Maya.
Aunque el proyecto fue mencionado en la campaña del priista Enrique Peña Nieto en 2012 (como transpeninsular y con una ruta entre Yucatán y Quintana Roo), fue finalmente ampliado y concretado por López Obrador.
Las propiedades fueron adquiridas entre 2011 y 2019 mediante empresas que ha constituido León Manuel Bartlett Álvarez, hijo del director de la CFE, y otras entregadas a Julia Abdalá Lemus.
Su extensión suma cerca de 164 hectáreas de terrenos en zonas exclusivas de Cancún, Playa del Carmen y Tulum.
En este entretejido que incrementa el patrimonio familiar del director de la CFE salen a relucir nombres de exservidores públicos priistas ‒partido al que Manuel Bartlett Díaz perteneció‒ que ocuparon cargos de primer nivel en el gobierno de Quintana Roo.
Muchos de ellos están retirados de la administración pública y la política, en parte porque fueron vinculados o señalados por irregularidades y probables hechos delictivos contra la función pública en años recientes, como es el caso del exgobernador Roberto Borge Angulo.
Borge se encuentra en una cárcel en el estado de Morelos, donde fue ingresado desde principios de 2018.
Está acusado de delitos cometidos dentro de la función pública, como uso ilícito del poder, peculado, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Mientras Bartlett Díaz se desempeñaba como senador del PT ‒aliado de Morena‒ de 2012 a 2018 y luego como director de la CFE ya con López Obrador, sus allegados adquirían tierras y propiedades lujosas en sitios donde quedarían finalmente las obras federales más importantes del actual sexenio.
COMPRA “A CERO PESOS”
Julia Abdalá Lemus, pareja sentimental de Manuel Bartlett Díaz, ha visto crecer exponencialmente su patrimonio en esta zona del país.
En 2019, cuando Bartlett ya era el director de la CFE con López Obrador, Abdalá adquirió un departamento de lujo en el condominio La Privada, en Aldea Zamá, una exclusiva zona residencial en Tulum.
La compra del inmueble fue hecha a un fideicomiso en el que aparece el Banco Invex como institución fiduciaria.
Al encontrarse cerca de la playa ‒la denominada “zona prohibida ‒ es común que los titulares de las propiedades sean instituciones bancarias vía fideicomisos porque los extranjeros ‒los mayores compradores‒ no pueden adquirir legalmente bienes inmuebles en la costa.
En ese contexto, según el Registro Público de Comercio, Abdalá Lemus pagó por el departamento la cantidad de dos millones 581 mil 498 pesos.
Esta compra fue efectuada apenas dos años antes de que el gobierno de la 4T emprendiera la construcción del Parque del Jaguar, que se ubica a escasos metros.
Éste es un proyecto que el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció como un área natural protegida para el resguardo del felino.
No obstante, ambientalistas locales señalan que en realidad el Parque del Jaguar es un plan turístico en beneficio de personas acaudaladas y no en favor del ecosistema local, tal como Proceso publicó en mayo de 2023.
Luego de que se dio celeridad a la construcción del parque, que incluye un hotel de lujo edificado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), las labores en Aldea Zamá también se han agilizado para concluir el plan maestro condominal que integra el inmueble propiedad Julia Abdalá, según se pudo constatar en un recorrido por la zona.
De acuerdo con un reporte oficial, en junio último el Parque Nacional del Jaguar llevaba un avance de obra de 92%, con una inversión pública de dos mil 500 millones de pesos, similar al presupuesto que ejerce en todo un año Playa del Carmen.
Con esto, Aldea Zamá entra en su etapa de mayor expansión.
El plan maestro condominal proviene de un negocio público-privado efectuado en 2008, durante el gobierno de Félix González Canto, cuando se aprobó la desincorporación de 31 hectáreas que pertenecían a la Universidad de Quintana Roo a precios subvaluados.
Estos terrenos han sido adquiridos por diversos personajes, entre ellos Julia Abdalá.
En la transmisión del dominio en aquellos años, de acuerdo con antecedentes consultados, participó también el entonces rector José Luis Pech Várguez, un exmorenista y senador por Quintana Roo que ha militado en por lo menos tres partidos políticos en la última década, incluido el PRI.
A ningún servidor público se le fincaron responsabilidades por estas operaciones irregulares con patrimonio público.
A más de 15 años, en Aldea Zamá se levanta La Privada, la cual cuenta con elementos de lujo como albercas, canchas de tenis, andadores y extensas áreas verdes con vegetación tropical, donde se encuentran los departamentos con aparatos de aire acondicionado instalados entre los finos acabados de madera.
Los propietarios ‒incluida Julia Abdalá‒ tendrán próximamente a su disposición, gracias a la obra del presidente López Obrador, un acceso exclusivo al Parque del Jaguar, ubicado en las inmediaciones, con carritos de golf para recorrer la controvertida área natural protegida y la oportunidad de llegar directamente a la playa o a la zona arqueológica de Tulum.
No obstante, el negocio que le ha resultado más lucrativo a Abdalá Lemus está en Puerto Morelos, una localidad turística ubicada entre Cancún y Playa del Carmen.
Hace una década, mientras Manuel Bartlett se desempeñaba como senador del PT, Abdalá lograba beneficiarse con un remate del patrimonio público de Quintana Roo.
Aquí, el exgobernador Roberto Borge Angulo ejecutó diversos actos de enajenación en favor de particulares vía el extinto Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública Estatal (IPAE).
Este organismo lo manejó Claudia Romanillos Villanueva, a quien se considera a la fecha como prófuga.
Directamente implicada en el remate del patrimonio quintanarroense, Romanillos no ha vuelto a aparecer públicamente desde 2016.
Está acusada de rematar el patrimonio público a precios muy por debajo de su valor comercial.
En 2016, una vez que Carlos Joaquín González asumió la gubernatura de Quintana Roo, la entonces Secretaría de la Gestión Pública presentó denuncias penales por estas dilapidaciones.
Actualmente, Carlos Joaquín es embajador de México en Canadá, designado por López Obrador luego de que Morena ganara el gobierno del estado.
Claudia Romanillos era una de las denunciadas.
Desde entonces ha promovido diversas demandas de amparo contra órdenes de aprehensión y sanciones administrativas.
En este contexto, Julia Abdalá logró el título de propiedad de un terreno costero de 3.
8 hectáreas de superficie en 2013, por el cual no desembolsó ningún peso.
De acuerdo con datos del Registro Público de la Propiedad y el Comercio en el municipio de Benito Juárez, Romanillos Villanueva hasta le condonó el pago de derechos de análisis de documentos previo a la inscripción de la propiedad para su adjudicación.
En los folios reales consultados se lee que Julia Abdalá fue beneficiada de una desincorporación masiva de predios propiedad del gobierno de Quintana Roo en aquel año.
En la consulta electrónica efectuada por este reportero se mostró que a ninguno de los beneficiarios se le impuso gravamen alguno; es decir, no pagaron un solo peso por la adjudicación de los predios.
El terreno se ubica en una zona costera que parte hacia el norte del emblemático faro inclinado de Puerto Morelos, una franja de aproximadamente un kilómetro que funciona como área turística de la localidad.
Actualmente en el lugar, que el folio real acredita como propiedad de Julia Abdalá, se levantan hoteles y villas turísticas frente al mar.
Las dimensiones del sitio incluyen un terreno de unos seis mil metros cuadrados.
En una visita al lugar se observó un letrero que advierte que se trata de propiedad federal a nombre de la Sedena.
En una búsqueda de los inmuebles pertenecientes a la Defensa Nacional anotados en el Registro Público de la Propiedad en Cancún, jurisdicción a la que pertenece Puerto Morelos, esa propiedad no aparece a nombre de la Sedena.
Sólo se encontraron folios donde se ubican las instalaciones de la 34 Zona Militar; ninguna con ubicación en Puerto Morelos.
A escasos 100 metros de la propiedad de Abdalá se ubica la reserva de manglares de Puerto Morelos, declarada Área Natural Protegida en enero último por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
La declaratoria abarca mil 193 hectáreas, donde ahora ningún particular puede ejecutar obras de construcción de impacto ambiental.
Pero el decreto dejó fuera la franja de terrenos donde se ubica la propiedad de Abdalá, la cual quedó inmune ante cualquier restricción de construcción a gran escala.
La Secretaría de la Gestión Pública dio a conocer en su momento que 60% de los bienes rematados de Quintana Roo se ubicaban precisamente en Puerto Morelos.
TRAS DESPOJOS, LOS BENEFICIADOS
La demarcación Vida y Esperanza, a unos 10 kilómetros al norte de Playa del Carmen y cerca de los accesos privados a las playas de Punta Maroma de la Riviera Maya, pasó en sólo unos meses de ser un lugar abandonado por los gobiernos locales a un sitio codiciado, con un moderno acceso que construyeron efectivos del Ejército para el paso a una zona de mantenimiento del Tren Maya, en su tramo 5 Norte.
Este tramo ha sido uno de los más impugnados mediante amparos por organizaciones ambientalistas.
Este medio documentó en 2022 (Proceso 2389 y 2405) los despojos que consumó el Ejército contra diversos posesionarios en la zona, de cuyos terrenos extrae material pétreo para utilizarlo en la construcción del Tren Maya.
Eso ocasionó el desplazamiento de habitantes de las comunidades ahí establecidas.
Finalmente, en el lugar se dio paso a las vías y se construyó una base de mantenimiento para los carros ferroviarios.
A dos años, la zona Vida y Esperanza parece otra.
La Sedena construyó un camino con materiales de calidad y colocó alumbrado público, lo que permite un desplazamiento en pocos minutos, contrario a los recorridos de varias horas que se tenían que hacer para ingresar o salir del lugar por un acceso lleno de huecos y el enorme lodazal que se hacía en época de lluvias.
En esta zona, León Manuel Bartlett, junto con sus socios, lograron hacerse del predio San José Ixchel, de 159 hectáreas, en una operación que les significó pagar por todo el terreno 24 millones 448 mil pesos.
Es decir, compraron el metro cuadrado a 15.
3 pesos, un precio alejado de la actual realidad de la zona, donde llega a valer hasta mil pesos la misma superficie.
Para adjudicarse ese predio, Bartlett Álvarez y sus socios fundaron en 2007, en Cancún, la sociedad mercantil Mr Desarrollador, de acuerdo con documentos del Registro Público de Comercio, de los cuales Proceso tiene copia.
La empresa se constituyó bajo el objeto social de giro inmobiliario y desarrollo de hoteles, entre otras actividades que son las predominantes en esa parte de la Riviera Maya.
Vía esa sociedad, de acuerdo con datos consultados mediante el folio real del inmueble inscrito en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio en Playa del Carmen, se ha podido saber que en 2011 demandó mediante un juicio especial hipotecario a la anterior propietaria, de nombre Elsy Noemí Vázquez Ascencio.
Mr Desarrollador solicitó el pago de un crédito vencido por un monto de 10 millones de pesos a Vázquez Ascencio, según el expediente público consultado en estrados de un juzgado civil de Playa del Carmen.
Tras un juicio que duró casi cinco años, el juez condenó a la demandada al pago de 24 millones de pesos.
Para hacer posible el cobro, en 2016 puso en remate el citado inmueble a un precio hasta 10 veces menor de su costo real.
Luego de la celebración de dos almonedas de remate y al no presentarse ningún postor, la empresa Mr Desarrollador se adjudicó para sí la propiedad al costo de 24 millones 448 mil pesos, cantidad que aparece en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio en Playa del Carmen.
Proceso buscó a la persona que según los documentos era propietaria del predio rematado (Elsy Noemí Vázquez Ascencio).
Sin embargo, ni entre los vecinos ni en los estrados judiciales fue localizada.
Actualmente el terreno se observa aún sin desarrollar, con su vegetación de selva intacta.
Pero tiene ya un acceso recién habilitado por el Ejército que va a la carretera federal 307, la misma que comunica a Cancún con la Riviera Maya.
En los últimos meses, tras la ejecución de la obra del Tren Maya, el municipio de Solidaridad ha autorizado en esa zona licencias de zonificación para la edificación de desarrollos inmobiliarios, los cuales se encuentran al sur de San José Ixchel.
Para promocionar esa franja de crecimiento habitacional, los agentes inmobiliarios la denominan “Zona Diamante”, debido a que se encuentra en la misma línea donde se levantan importantes desarrollos de alta plusvalía como Ciudad Mayakoba y Grand Velas, además de varios hoteles de la Riviera Maya.
Éstos no son conjuntos habitacionales a los que cualquier persona puede acceder.
En la Zona Diamante adquieren sus casas los más prominentes empresarios de la Riviera Maya, de origen extranjero o nacional, la clase política local o diversas agencias de rentas vacacionales que los utilizan como tiempos compartidos a altos precios.
Al interior de los desarrollos condominales y hoteleros se aprecian extensas áreas verdes, albercas, restaurantes, bares y hasta campos de golf.
Se prevé que, en menos de una década, según las proyecciones del Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población Playa del Carmen, esa franja quede completamente urbanizada, incluidas las 159 hectáreas de San José Ixchel, cuyos futuros habitantes tendrán a la mano el acceso a las exclusivas playas de Punta Maroma, sitios donde continuamente se desarrollan eventos de lujo.
Un ejemplo fue el de febrero de 2022, cuando el cantante Andrea Bocelli se presentó en un concierto al que acudieron diversos personajes políticos y empresariales de la Península de Yucatán.
UN NEGOCIO MÁS
En Cancún, cerca del conjunto de fraccionamientos de Jardines del Sur, Bartlett Álvarez pudo concretar una adquisición similar a la de San José Ixchel que se encuentra también cercana al Tren Maya, pero particularmente al aeropuerto internacional.
En 2010 se asoció con tres personas más para fundar la sociedad mercantil Xibalba Resorts, lo cual se ha verificado en el Registro Público de Comercio.
El objeto social con el que se constituyó fue para la adquisición de bienes inmuebles.
Mediante esta empresa se adjudicaron un predio de 0.
7 hectáreas al precio de un millón 513 mil 342 pesos, en enero de 2011.
La adquisición fue hecha a Bonfil Nueva Alternativa, una sociedad mercantil constituida en 2003 por el gobierno de Quintana Roo y ejidatarios de la zona, para la comercialización de 10% de las tierras del ejido Alfredo V.
Bonfil.
No obstante, en 2023 los ejidatarios iniciaron una demanda de restitución de tierras por un presunto fraude de aproximadamente tres mil millones de pesos por entradas no reportadas.
En el caso de Xibalba Resorts, esta empresa adquirió el terreno a un costo de 200 pesos el metro cuadrado, también por debajo del promedio, como se logró en los demás predios.
El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) pagó en 2022 el metro cuadrado a 500 pesos a diversos ejidatarios cuyas obras fueron afectadas o quedaron cerca del Tren Maya.
Actualmente la zona aún se encuentra sin desarrollar, pero se ha incrementado la expectativa por la misma ante los proyectos federales en la zona, y sobre todo porque se localiza a sólo siete kilómetros del tren y del aeropuerto cancunense
En la fecha de la compra del predio, su padre (Bartlett) aún se declaraba priista y gobernaba Quintana Roo Félix González Canto, del mismo partido, que controlaba la administración de Bonfil Nueva Alternativa.
Cabe recordar que, en 2020, en plena pandemia, el IMSS en Hidalgo le entregó a León Manuel Bartlett un contrato para la compraventa de 20 ventiladores a un precio exorbitante de 31 millones de pesos.
El contrato fue mediante la empresa Cyber Robotics Solutions, una de las 25 sociedades mercantiles fundadas por él, entre las que se incluyen las firmas con las que ejecutó los negocios para la compra de los terrenos en Quintana Roo.
Diversas investigaciones periodísticas desvelaron dichos contratos, pero también que, pese a escándalos e inhabilitaciones anunciadas por la Secretaría de la Función Pública, la empresa de León Bartlett siguió acumulando adjudicaciones para el gobierno de la 4T, incluyendo a la Sedena.
Con información de Proceso
