Estado sin Derecho: una mejor defensa contra la reforma judicial
Luis Miguel Cano López
En tiempos convulsos, mejor dialogar con posturas claras. La reforma constitucional al Poder Judicial está viciada de origen, porque la iniciativa que la motiva es a todas luces inconstitucional. Ello no sólo porque atenta contra la independencia judicial, sino porque conlleva regresiones y afectaciones para el derecho a la tutela judicial.
Sin embargo, me parece que las acciones de defensa en contra de tal reforma, al menos por lo que hasta ahora se sabe, pierden de vista nuestro lamentable contexto actual. Cuando se enfrenta un poder con desdén por el Derecho, lo más importante por cuidar es no convertirse en lo que se cuestiona. Ahí, el fin no justifica los medios.
Además, es aconsejable no actuar por impulso. Razones estratégicas son las que deben imperar cuando del lado opuesto hay un poder político acostumbrado a declaraciones irresponsables. Tristemente en México nuestra clase política vive en la impunidad de sus dichos y hechos. Por eso se deben cuidar hasta los discursos.
A este día se sabe que la mayoría de titulares del Poder Judicial de la Federación han solicitado la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que el gobierno informe sobre la reforma judicial. Con esta decisión, priorizaron sus ansias o temores por encima de la imparcialidad que siempre deben conservar.
Obviamente tienen derecho a defenderse, pero las circunstancias que vivimos y lo que se busca frenar, como lo es un nuevo sistema de impartición de justicia que no asegura distancia segura del oficialismo, debieron llevarles a poner en la balanza que antes de sus derechos, les toca garantizar los derechos del resto de personas.
La tutela judicial de los derechos exige imparcialidad, por lo que si al mismo tiempo que se juzga se es parte, aunque sea en diferentes escenarios, se le da pretexto al cínico poder político para desautorizar cualesquiera de las determinaciones a las que se arribe. Este fin de semana ya tenemos muestra de ello desde el Legislativo.
Ese error estratégico se ha profundizado con el dictado de inusuales e innovadoras suspensiones de amparo en juicios iniciados por juezas y jueces. Por supuesto que siempre son bienvenidos avances garantistas en el amparo, pero de nuevo, si no se cuidan las formas, el oficialismo dirá que se defienden privilegios, no derechos.
Acusación difícil de refutar porque en esas suspensiones no hay razones expresas para desatender la idea de que los actos integrantes de un procedimiento legislativo únicamente pueden impugnarse a partir de la publicación de la norma general resultante, con todo y la supuesta irreparabilidad de las violaciones a sus derechos.
Peor, las suspensiones dictadas en los amparos 1190/2024, ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en Chiapas, y 1251/2024, ante el Juzgado Quinto de Distrito en Morelos, evidencian una equivocación mayúscula en el análisis de los precedentes vinculantes, que a la par da paso a otro error estratégico enorme.
Suponen que de aprobarse la reforma constitucional en cuestión, nada es posible hacer ya, toda vez que el amparo es notoriamente improcedente para reclamar los contenidos de la Constitución que se lleguen a reformar. Y aunque en una de ellas se acude a la contradicción de tesis 105/2021 de la Segunda Sala de la Corte, se pierde vista lo principal: el amparo no es notoriamente improcedente para reclamar vicios del procedimiento de reforma constitucional, como abundan en su iniciativa.
Así las cosas y a reserva de las novedades de la semana, todavía es tiempo de combatir la reforma judicial que el oficialismo da por hecha, pero con estrategias más cuidadas. Para empezar, con mejores quejosas, como lo son las personas que verían truncados sus proyectos de vida porque su carrera judicial ya no serviría para asegurarles igualdad de oportunidades para acceder a los cargos de sus titulares. Acompañadas de demandas de amparo promovidas por los gremios, universidades, organizaciones civiles y personas que tenemos interés legítimo colectivo para que en México exista un Estado de Derecho, y no retornar de lleno a uno sin Derecho.
Con información de Proceso
