Sinaloa: del Tercer Informe de Rubén Rocha a los abogánster que quieren colarse a la Corte
Álvaro Aragón Ayala
Si no hay cambio sorpresivo de fecha, lo cual podría surgir debido a la crisis de seguridad que se registra en Culiacán, mañana viernes 29 de noviembre Rubén Rocha Moya comparecerá ante el Poder Legislativo para presentar su Tercer Informe de Gobierno.
La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Sinaloa, Teresa Guerra Ochoa, tiene listo el protocolo, que iniciará con un discurso del gobernador y continuará con una ronda de preguntas de los diputados hacia el mandatario estatal.
Cada uno de los grupos parlamentarios hará un posicionamiento en Tribuna y al final, es probable que el gobernador vuelva a tomar la palabra para emitir un mensaje.
Será interesante escuchar a los diputados Sergio Torres Félix, del Movimiento Ciudadano, Paola Garate del PRI, de Roxana Rubio del PAN y de Víctor Antonio Corrales Burgueño del PAS.
¿A quién enviará la presidenta Claudia Sheinbaum como su representante al Tercer Informe? ¿Cuántos exgobernadores de Sinaloa acudirán y cuántos gobernadores en activo? ¿Ya están listos los diputados federales y Senadores para lucir sus mejores vestuarios?
EL TRIBUNAL DE LA INQUISICIÓN
Quienes viven del conflicto y parasitan del diferendo UAS-Gobierno del Estado, y que festinaron, aplaudieron, el asesinato del maestro Héctor Melesio Cuén Ojeda, estallaron en cólera por la determinación del Juez de Control, Carlos Alberto Herrera, de retirar la medida cautelar de separación del cargo de Rector a Jesús Madueña Molina.
Y se soltaron, de nuevo, en una frenética campaña de linchamiento público contra las autoridades de la UAS, destilando mentiras: “que la semana que entra habrá elecciones en la Casa Rosalina”, que “Pierde la UAS con el ‘perdón político’ dado a los acusados de saquearla”. Inventando, pues, una y mil falsedades.
No hay variante en la narrativa armada en modo de nado sincronizada. Se trata de culpar por culpar pasándose por el “arco del triunfo” todo procedimiento legal, la presunción de inocencia y el debido proceso, para dictar desde la “tronera periodística”, sentencias a priori, revelando así su coraje por el regreso del Rector.
¿De quién o de quienes son las manos que mecen la cuna de estos ataques contra Madueña? ¿¿Quiénes están interesados en “reventar” la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum para que se solucione definitivamente las diferencias entre la UAS y el gobierno del Estado?
LA VIDEOVIGILANCIA DE CULIACAN
Los grupos delictivos que se atacan unos a otros en Culiacán con un poder de fuego impresionante y con una movilización estratégica que les permite eludir los operativos de las fuerzas federales, continúan destruyendo cámaras de video vigilancia.
Dejan constantemente “ciego” el sistema digital policial que cubre amplios segmentos de la capital del estado, aunque modelo de vigilancia electrónica, pese a prueba en contrario, no parece aplicar contra el narco.
La sociedad tiene la impresión que la videovigilancia en Culiacán no está conectada con quienes patrullan, por sectores o cuadrantes, la ciudad, o bien de que “hay miedo a grabar” la comisión de delitos de acto impacto. Que las cámaras policiacas, sirven, pues, para espantar únicamente a los raterillos.
La documentación digital de actos delictivos, la difusión de estos videos puede estar justificada. La propia Ley de Protección de Datos Personales permite la divulgación de imágenes en contextos de emergencia o interés público, como es el caso de un delito en flagrancia. Esto significa que, si el video ayuda a evidenciar un crimen y a identificar a los delincuentes, su difusión podría considerarse legal.
Solo que el gobierno federal y el estatal se reservan la difusión de lo que graban las cámaras del “centro digital” de las policías, y la sociedad se entera de lo que ocurre y lo que esta ocurriendo por las grabaciones de las cámaras de los periodistas o de los testigos de los hechos criminales.
El CNI Y LOS ASPIRANTES A JUECES Y MAGISTRADOS
Los órganos de inteligencia de la Sedena, Marina Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia, tienen bastante trabajo. Se dan a la tarea de investigar el pasado y presente de los cientos de aspirantes a jueces y magistrados que lograron su registro en el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. La idea es impedir que se cuelen personas que han cometido delitos graves o que estén vinculados al crimen organizado.
No es para “aguadar el caldo”, pero la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ordenó que los órganos de inteligencia concentran su atención a varios personajes de Sinaloa vinculados al gobierno estatal de Jesús Aguilar Padilla (+) que quieren colarse como jueces y ministros de la Corte. También hay quienes ya se les ubicó como “abogados ricos”, por los ingresos exorbitantes que les generan las carteras de clientes señalados por el Departamento de Estados Unidos y la DEA de defender únicamente a quienes tienen nexos con el crimen organizado.
