En cuatro años de AMLO, 2,863 fosas clandestinas
Luis Valdés
Desde el 1 de diciembre de 2018, cuando comenzó el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, hasta el 30 de abril de 2023, último dato disponible, el Gobierno federal registró el hallazgo de dos mil 863 fosas clandestinas en el país.
La cifra registrada en poco más de cuatro años supera ligeramente a la del período de 2006 a 2018, es decir, en el transcurso de los dos sexenios anteriores, con dos mil 835 fosas identificadas, de acuerdo a datos de la Comisión Nacional de Búsqueda, de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Para el doctor Fernando Jiménez, especialista en seguridad y catedrático del Colegio de Jalisco, esto pone de manifiesto que hay un fracaso absoluto de las instituciones de seguridad y, sobre todo, en la recopilación de inteligencia e información del Estado mexicano.
Señaló que, tras el hallazgo el fin de semana de un supuesto “centro criminal” en el Rancho Izaguirre, en Jalisco, utilizado por la delincuencia organizada como centro de entrenamiento y crematorio clandestino, quedó en evidencia la falta de presencia del Estado y sus instituciones.
“Es terrible en muchos sentidos. El primero es que, pues bueno, se tiene un lugar que pasó desapercibido por las autoridades locales, estatales y federales, que no fue intervenido y que una vez más las madres buscadoras tienen que identificar los lugares. Entonces, ahí demuestra una ausencia de el Estado y las instituciones. Por otro lado, nos demuestra o nos hace la pregunta de cuántos de estos centros, cuántos de estos lugares, cuántas de estas fincas existen en el país y para qué se están utilizando y quién las puede identificar, quién puede saber en dónde están, no lo sabemos”, destacó.
Lugares sin vigilancia
Además, subrayó que el hallazgo de fosas clandestinas demuestra la necesidad de los grupos criminales de tener lugares en los cuales concentran, al parecer, decenas o centenas de personas a las que se les enseñó el ejercicio extremo de la violencia contra otro ser humano, además de tener ahí a ciertos especialistas “como en algunos casos, ingenieros que saben poner las redes de videovigilancia”.
El también especialista en terrorismo detalló que entre las soluciones por parte del Gobierno sería desarrollar mayores capacidades para detectar ese tipo de centros, además de atraer las investigaciones, así como desincentivar el reclutamiento de jóvenes a través de las redes sociales, en las que se ofrecen trabajos a partir de presentarse en centrales camioneras.
Además de la labor conjunta con los colectivos de búsqueda para continuar identificando ese tipo de sitios e identificar los restos que ahí se localicen.
“Tienen -las autoridades- que hacer una labor muy cercana con los familiares de las personas que han puesto las fichas de detención y es una labor de inteligencia muy ardua, que veremos si le queda, si desarrolla capacidades, por ejemplo, la Subsecretaría de Inteligencia que se generó en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana“, destacó.
Con información de 24 Horas
