El incierto futuro de la justicia y el desarrollo
Mario Luis Fuentes
Mientras el debate público se centra en las implicaciones económicas de la imposición de aranceles por parte del gobierno de los Estados Unidos a México, se ha perdido de vista que uno de los factores estructurales que han frenado la inversión en el país es la falta de certidumbre jurídica y la ausencia de un Estado de derecho consolidado. La actual reforma al Poder Judicial genera serias preocupaciones sobre el debilitamiento del sistema de impartición de justicia y sus efectos en la economía nacional.
Para atraer inversiones extranjeras y fomentar el desarrollo económico, cualquier país necesita ofrecer condiciones de estabilidad y garantías jurídicas claras. Sin embargo, México enfrenta desde hace décadas problemas en este rubro, con instituciones debilitadas y altos índices de impunidad. En este contexto, la reforma al Poder Judicial no solo no resuelve estos problemas, sino que podría agravarlos.
El debilitamiento de la independencia judicial y la incertidumbre sobre la elección de jueces y magistrados podría generar un clima de desconfianza para la inversión. Empresas y capitales requieren marcos legales previsibles, instituciones fuertes y jueces imparciales que garanticen el cumplimiento de los contratos y la protección de la propiedad privada. Sin estos elementos, la inversión privada disminuirá, afectando el crecimiento económico.
El crecimiento económico en México ha sido insuficiente en los últimos años. Durante la pasada administración, el promedio anual de crecimiento fue de apenas 0.4%, una cifra que no permite reducir la pobreza ni generar empleo suficiente para una población en constante expansión.
Para revertir esta situación, se requiere no solo de mayor inversión pública, sino también de un incremento sustantivo en la inversión privada. Sin embargo, esta inversión no llegará si el Estado de derecho se debilita. Si las reglas del juego cambian de manera impredecible, si el sistema judicial no ofrece garantías de imparcialidad y si no existen instituciones confiables para la resolución de conflictos legales, los inversionistas optarán por llevar su capital a países con mayor seguridad jurídica.
Uno de los aspectos menos discutidos de la reforma al Poder Judicial es el impacto que tendrá en la justicia familiar y civil, que representa la mayor cantidad de juicios en litigio en México. A la par de la elección de nuevos jueces, también entrará en vigor el nuevo Código Federal de Procedimientos Civiles y Familiares, lo que generará una doble presión sobre los tribunales.
Las familias mexicanas enfrentarán riesgos adicionales, ya que los jueces y magistrados recientemente elegidos deberán simultáneamente familiarizarse con los expedientes en curso y aplicar un nuevo marco normativo. Esta situación podría derivar en retrasos, inconsistencias en la impartición de justicia y afectaciones directas a las personas que dependen de resoluciones judiciales en asuntos de custodia, pensiones alimenticias, divorcios y otros procesos familiares.
Otro de los grandes problemas de la reforma es que se ha centrado exclusivamente en el Poder Judicial, sin abordar las deficiencias estructurales en las fiscalías y en los organismos de investigación judicial. Los juzgados ya se encuentran desbordados, pero también lo están las fiscalías, lo que genera una crisis de acceso a la justicia para la ciudadanía.
En la actualidad, muchas denuncias quedan sin investigación y los tiempos de resolución judicial son excesivos. Sin una mejora sustancial en la eficiencia de las fiscalías y en su coordinación con el Poder Judicial, cualquier cambio en la estructura judicial resultará insuficiente para garantizar un acceso efectivo a la justicia. Esto es especialmente grave en el contexto de una crisis de violencia e inseguridad que exige respuestas efectivas y oportunas de las instituciones encargadas de la procuración y administración de justicia.
Un elemento crucial que se ha pasado por alto en la discusión sobre la reforma es su impacto en la generación de jurisprudencia y en el funcionamiento de la Ley de Amparo. La jurisprudencia ha sido una herramienta clave para la interpretación del marco normativo y para la evolución del derecho en México, permitiendo que los jueces tomen decisiones basadas en precedentes que garantizan estabilidad jurídica. Sin embargo, con la reconfiguración del Poder Judicial y la incertidumbre sobre la permanencia y experiencia de los jueces, existe un alto riesgo de que la generación de criterios jurisprudenciales se vea afectada, lo que puede generar contradicciones e inconsistencias en la interpretación de las leyes.
Asimismo, la Ley de Amparo, que ha sido una salvaguarda fundamental para la protección de derechos humanos frente a abusos de autoridad, podría sufrir un debilitamiento si el nuevo esquema judicial no garantiza jueces verdaderamente independientes. Esto no solo impactaría la defensa de derechos individuales, sino que también podría derivar en una mayor discrecionalidad por parte del Estado en la toma de decisiones que afecten a la ciudadanía.
El control de convencionalidad, establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y aplicado en México como un mecanismo de armonización del derecho interno con los tratados internacionales en materia de derechos humanos, también está en riesgo. La independencia judicial es esencial para que los jueces ejerzan este control sin presiones políticas, asegurando que las normas nacionales sean interpretadas conforme a los estándares internacionales. Si el Poder Judicial se ve debilitado y sujeto a intereses externos, el control de convencionalidad podría volverse un mecanismo inoperante, poniendo en peligro la protección de derechos fundamentales.
El desarrollo de un país no puede medirse únicamente en términos de crecimiento económico. Un desarrollo integral implica la vigencia plena de todos los derechos humanos, incluyendo el acceso a la justicia. En este sentido, la autonomía del Poder Judicial es una condición indispensable para garantizar el derecho al desarrollo.
Un sistema judicial autónomo, imparcial y eficiente es fundamental para la protección de los derechos de la ciudadanía, el cumplimiento del Estado de derecho y la consolidación de la democracia. Cualquier reforma que debilite la independencia judicial y politice la elección de jueces representa un retroceso que afectará no solo la inversión y el crecimiento económico, sino también el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales de la población.
La reforma al Poder Judicial en México debe analizarse con una visión integral que considere sus efectos en la inversión, el crecimiento económico y el acceso a la justicia. Sin un Estado de derecho fuerte y un sistema judicial confiable, México seguirá enfrentando barreras para su desarrollo. La certeza jurídica, la autonomía judicial y la eficiencia en la impartición de justicia son elementos esenciales para garantizar un futuro de estabilidad, inversión y bienestar para todos los ciudadanos.
Investigador del PUED-UNAM
Con información de Aristegui Noticias
