Órganos autónomos eliminados dejan contratos millonarios antes de desaparecer
Linaloe R. Flores
Los siete órganos autónomos con la orden legal de desaparecer según la reforma administrativa decretada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el pasado 20 de diciembre, se despiden de la escena pública con 383 millones 946 mil 604 pesos en contratos que les sirvieron para sobrevivir los últimos meses.
Son gastos que se concentraron en el aseguramiento de bienes patrimoniales y el mantenimiento de los edificios sede, de acuerdo con una revisión en CompraNet. A partir de abril no estarán más en la lista de entidades públicas con capacidad de compras y adquisiciones y deben entregarle la totalidad de sus posesiones al Gobierno federal.
Se trata del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), la Comisión Federal de Competencia, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
IFT lidera gasto de órganos autónomos eliminados: contratos hasta 2028
En este adiós, el IFT es la que tiene un monto mayor en sus gastos con 356 millones 902 mil 576 pesos. El organismo que hasta ahora reguló la radiodifusión y las telecomunicaciones en México también es el que más contratos firmó a largo plazo. De 14, uno vencerá en 2027 y otro en 2028.
Los contratos del IFT reflejan que en sus últimos meses de vida se aferró a la normalidad. Pagó por un licenciamiento de una herramienta tecnológica para analizar contenidos audiovisuales, mandó a hacer encuestas en campo para identificar patrones de consumo, le dio mantenimiento a los elevadores de su edificio, renovó el servicio de “nube híbrida” y Oracle, y compró un servicio de seguros de bienes patrimoniales que incluyen automóviles. Su contrato más grande es el que firmó hasta 2028 y es para pagar por una nube híbrida.
La CRE es la que muestra el segundo monto mayor monto en sus gastos con 11 millones 349 mil 449 pesos. El organismo que hasta ahora tuvo los encargos de promover el desarrollo eficiente y regular los monopolios en la industria energética firmó contratos con vigencia hasta el último día de este año.
También, este organismo se concentró en el aseguramiento de bienes patrimoniales y vehículos, la limpieza de sus instalaciones y suministro de vales de despensa.
El tercer organismo en esta lista de gastos es la Mejoredu, una instancia que servía para que los docentes se prepararan. Decenas de sus trabajadores dejaron un pliego petitorio en Palacio Nacional porque su destino laboral está en riesgo. Mientras, hay 8 millones 674 mil 629 pesos en ocho contratos, de los cuales, cuatro tienen vigencia hasta el último día de este año y el resto está vencido.
Las contrataciones fueron –como en el caso de la CRE– para aseguramiento de bienes patrimoniales, el suministro de combustible para vehículos, la salvaguarda de sus trabajadores en su oficina, fumigación, limpieza integral de las oficinas y un análisis retrospectivo de los productos generados por el organismo en su historia que costó 189 mil 928 pesos.
Y enseguida aparece el INAI, el emblemático organismo de la transparencia, con 3 millones 480 mil 752 pesos. Aquí es donde se ha concentrado el mayor problema laboral de los siete dado que más de 300 trabajadores hicieron público en la última sesión del organismo que desconocen hasta ahora si tendrán una compensación económica o una nueva posición en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno que asumirá las funciones del extinto órgano.
Durante sus dos décadas de operación, el INAI ocupó el inmueble ubicado en Insurgentes Sur, colonia Insurgentes Cuicuilco, alcaldía Coyoacán. Desde la mañana del 21 de marzo, personal de la nueva dependencia federal llegó a estas instalaciones.
En su edificio, el INAI ha concentrado sus últimos gastos. Lo ocupaba mediante un esquema de arrendamiento y aún están pendientes algunos pagos. De los últimas compras públicas que hizo, las mayores por monto fueron vigilancia intramuros y limpieza integral de sus instalaciones. Uno de los últimos contratos fue para consultoría jurídica en materia laboral.
Es la última escena. Una que se montó en meses de batalla por permanecer, pero que no prosperó. La reforma aprobada ordenó su desaparición y la entrega de todos sus bienes.
Con información de Reporte Indigo
