Comité de la ONU publicará el 15 de abril informe y recomendaciones a México sobre migrantes
El Comité de la ONU sobre Trabajadores Migratorios publicará el próximo 15 de abril un informe con recomendaciones para México, tras haber evaluado al país sobre las acciones realizadas para investigar los delitos y las violaciones a derechos humanos contra migrantes, de acuerdo con la Fundación para la Justicia.
En un comunicado, la fundación señaló que los días 7 y 8 de abril, el comité evaluó en Ginebra al Estado mexicano y destacó la ausencia de la Fiscalía General de la República (FGR) y del Instituto Nacional de Migración (INM), instituciones clave para atender la temática.
El comité pidió a México que detallara las acciones realizadas para fortalecer la búsqueda de migrantes desaparecidos, así como para instalar la Mesa de búsqueda de migrantes pendiente desde hace 3 años, “pero no tuvo respuesta del Estado a estas preguntas”, apunta la Fundación.
Señaló que “el Estado reconoció pendientes en el diseño de política pública para atender la crisis de desapariciones en el país y la necesidad de fortalecer el Mecanismo de Apoyo Exterior de Búsqueda e Investigación, principalmente en El Salvador, para que las familias de personas migrantes puedan acceder a mecanismos de justicia transnacional”.
Foto: Archivo Reuters
De acuerdo con la fundación, varias organizaciones y redes de derechos humanos como el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), Sin Fronteras, Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba, Asylum Access y el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, entre otras, “destacaron los principales pendientes del Estado mexicano en materia de desaparición, masacres y trata de migrantes, detenciones y expulsiones, revisiones migratorias inconstitucionales, militarización, discriminación, racismo y xenofobia, regularización migratoria, atención y derechos de niñez migrante, falta de acceso a derechos, otorgamiento de tarjetas de visitantes por razones humanitarias, entre otros. Previamente, enviaron informes sombra al Comité, en los cuales detallaron la información expuesta”.
Señaló que sobre la falta de verdad y justicia para los familiares de las víctimas de las masacres de 72 migrantes (2010), Fosas clandestinas de San Fernando (2011) y Cadereyta (2012), “lamentablemente la delegación del Estado Mexicano sólo mencionó los largos juicios iniciados por las víctimas y la Fundación para la Justicia para poder acceder a la información de los expedientes de investigación, sin informar resultados de las investigaciones de la FGR, ni avances en la identificación y sanción de responsables”.
“Tampoco mencionaron que en relación a la masacre de 72 migrantes y el caso de las fosas clandestinas de San Fernando, se han dictado dos sentencias (hasta donde tenemos conocimiento) contra 38 presuntos integrantes de los zetas, por delitos de delincuencia organizada o portación de arma de fuego, más no por los secuestros, tortura y homicidios de los migrantes”.
Según el comunicado, el Estado mexicano “reconoció el bajo índice de judicialización de casos de delitos contra migrantes, y señaló que durante el período de 2019 a 2025 se emitieron 53 sentencias, 10 absolutorias y 43 condenatorias. Asimismo, refirió que del 2018 al 2023, tan solo se han obtenido 15 sentencias condenatorias por desaparición forzada, sin especificar que las víctimas fueran migrantes”.
La Fundación para la Justicia asegura que es enorme la deuda en la atención básica a las familias de víctimas migrantes, con ausencia de políticas de atención diferenciada, con enfoques de género, niñez, interseccionalidad y transnacionalidad.
También menciona que la discriminación institucional sigue imperando “cargando a las víctimas con responsabilidades que no les corresponden, y sin desarrollar coordinaciones bilaterales o regionales con los gobiernos de los países de origen”.
“Destacamos que tampoco se ha adoptado una política pública para evitar la repetición de graves violaciones a derechos humanos contra migrantes, a pesar de la situación generalizada de extorsión, secuestro y trata de personas migrantes y la permanencia de situaciones de homicidio y desaparición de migrantes en México, el mayor corredor migratorio del mundo”.
“El Comité destacó su preocupación por los efectos de la militarización del control migratorio y los casos donde personas migrantes han sido asesinadas a manos de fuerzas militares como la Guardia Nacional. Pablo Ceriani, el Relator del Comité para México, destacó que el enfoque securitista afecta todos los ámbitos de derechos de los migrantes”, menciona en su comunicado.
“El próximo martes 15 de abril, el Comité publicará su informe y recomendaciones para México y esperamos que el país ponga especial énfasis en el cumplimiento y adopción de medidas para atender las problemáticas señaladas”, destacó la fundación.
Con información de Aristegui Noticias
