Imperativo erradicar conflictos de interés, ya que limitan el crecimiento económico del país; coinciden analistas

Gabriel Nava

Una de las limitantes que impide el desarrollo económico del país es la afectación que deriva de los conflictos de interés que se dan en diversas industrias mexicanas; cuestión que urge atenderse por el bien de la población mexicana y en el marco de un contexto de bajo crecimiento.

No lograr que el poder político se separe del poder económico deriva en una afectación directa en el bienestar de la población, en el propio crecimiento económico del país y hasta en el desenvolvimiento de la democracia mexicana.

En ese sentido, especialistas en el tema explicaron a Reporte Índigo que es necesario entender la captura corporativa del Estado mexicano como una derrota del interés público, que a su vez se refleja en una afectación económica y social para el país. 

“Respecto a las grandes corporaciones, sus accionistas están fuera del país; entonces gran parte de los recursos económicos que logran obtener de aquí se van, pero los costos económicos, los costos en salud y los costos ambientales se quedan aquí”, expuso al respecto Alejandro Calvillo, director del Poder del Consumidor.

Los alimentos procesados, el tabaco o el alcohol son ejemplos de industrias en las que “una situación en la que los intereses privados de un servidor público pueden influir indebidamente en el desempeño de sus funciones oficiales”, como denomina la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico(OCDE) al conflicto de interés, se ha hecho presente. 

“37 personas controlan cerca del 30 por ciento de la economía nacional a través de distintos mecanismos, como la interrelación directa, ya que las mismas personas forman parte de los consejos de administración de muchas de las empresas más importantes de México; las puertas giratorias son otro ejemplo, es decir, van y vienen como funcionarios públicos y luego asumen puestos en empresas y así van generando relaciones entre el poder económico y el poder político que después influyen en la toma decisiones”, puntualizó sobre los conflictos de interés en el país Julieta Lamberti, directora de investigación de PODER.

De lo anterior que un mayor dinamismo económico a nivel local, la posibilidad de impulsar el crecimiento empresarial de las unidades económicas de menor tamaño o procurar una mejor calidad de vida en la ciudadanía mexicana son eventualidades que quedan relegadas ante las prioridades que los capitales de mayor tamaño, e incluso transnacionales, tienen dentro de nuestro país.

Contexto lejano a figurar como la regla, pues de acuerdo con Transparencia Internacional, México figura en el lugar 140 respecto a una evaluación de 180 naciones respecto a la percepción de la corrupción que les rodea; lo que implica que las mejores prácticas para combatir cuestiones como los conflictos de interés no se aplican en el país.

Incluso, la OCDE ha detectado que la implementación de mecanismos de prevención de conflictos de intereses para altos funcionarios en México resulta mínima, comparada con las acciones realizadas por otros países miembros de la organización.   

Avance desigual 

Más allá de los pendientes que persisten dentro del país en materia de conflictos de interés en diversas industrias, los investigadores consultados por este medio coincidieron en que durante los últimos años se ha experimentado una mejora en atender tal situación; no obstante, observar tal avance resulta complejo ante los resultados obtenidos en diversos casos. 

Por ejemplo, el impulso del etiquetado en los alimentos procesados o la prohibición de los cigarrillos electrónicos, anteponiéndose al interés y cabildeo de diversas autoridades empresariales y legislativas, son algunos ejemplos, de acuerdo con Alejandro Calvillo.

Sin embargo, el revés que sufrió la consideración sobre el maíz transgénico o la falta de revisión al tema de la producción y venta de bebidas alcohólicas son aspectos que requieren mayor atención, según Julieta Lamberti.

“En México, el conflicto de interés es una amenaza estructural para la democracia: no sólo afecta la toma de decisiones, sino que erosiona la confianza ciudadana, profundiza la desigualdad y compromete la legitimidad de las instituciones”, señala la organización El Poder del Consumidor.

A futuro, las organizaciones a las que pertenecen los expertos entrevistados por este espacio desean continuar con el impulso de iniciativas que permitan disminuir, o en todo caso, erradicar, los conflictos de interés que siguen generando limitaciones para que la economía del país crezca y el bienestar de la población aumente.

Con información de Reporte Índigo

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